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La sentencia de Plaza será firme al retirar la Fiscalía su recurso ante el Supremo

La Audiencia de Zaragoza ejecutará ahora el fallo y enviará a prisión a Ricardo García Becerril y José Mª Jordán, cerebros de la trama corrupta. Los tres absueltos, Esco, Iglesias y Floría, podrán solicitar la devolución de fianzas millonarias.

El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, en los tornos de acceso a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, en los tornos de acceso a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
José Miguel Marco

El Tribunal Supremo no se pronunciará finalmente sobre la sentencia del caso Plaza, la primera en reconocer que hubo corrupción en las obras de construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza y por la que fueron condenados 22 de los 25 acusados, permitiendo a la sociedad pública recuperar, de momento, cerca de 61 millones de euros. Y no tendrá que hacerlo porque la única acusación que anunció su intención de recurrir el fallo en casación fue la Fiscalía y a la hora de formalizar sus argumentos ha decidido desistir. De este modo, la sentencia adquiere firmeza y ahora toca ejecutarla.

Cuando la Audiencia de Zaragoza dictó el fallo el pasado 6 de mayo, el fiscal anticorrupción José Grinda reconoció que tendría que encontrar un «error de bulto» para poder impugnarlo. Pese a ello, en julio anunció su intención de recurrir la sentencia ante el Supremo para apurar sus opciones de condenar a los tres únicos acusados que no quisieron pactar y fueron finalmente absueltos: el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco; el constructor soriano Agapito Iglesias; y el empresario aragonés Miguel Ángel Floría.

Sin embargo, tras analizar con detenimiento la causa, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha entendido que las posibilidades de que prosperase su recurso eran escasas y ha decidido desistir. A diferencia del ministerio público, el letrado de la Comunidad Autónoma renunció en su día a su derecho a impugnar el fallo, por lo que solo le quedaba la opción de haberse adherido al recurso de la Fiscalía si esta hubiese continuado adelante. Lo que no ha sucedido.

Los formalismos estipulan que sea ahora la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que comunique a la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza que, al no haber ya recurso de casación que dirimir, la sentencia del caso Plaza es firme y puede terminar de ejecutarla. Porque, según fuentes jurídicas, el tribunal ya había empezado a hacerlo «poco a poco», dado que la mayoría de los encausados habían firmado penas de conformidad.

El desistimiento de la Fiscalía en su propósito de impugnar el fallo ha sido especialmente bien recibido por las defensas de los tres acusados que se negaron a reconocer su culpabilidad: los letrados Juan Monclús (Esco), Miguel Ángel Alemán (Iglesias) y Jesús García Huici (Floría). De hecho, estos quedaron satisfechos con el fallo del tribunal presidido por el magistrado Javier Cantero y consideraban muy difícil que el Supremo lo tumbara.

Lo que ya han anunciado las defensas de estos tres acusados es su intención de solicitar de inmediato –posiblemente, el Supremo tardará al menos un mes en devolver la causa a Zaragoza– la devolución de las fianzas millonarias que se les impusieron, así como el desbloqueo de las cuentas y bienes que tienen inmovilizados desde hace tiempo por esta causa.

22 pactos y 3 absoluciones

La sentencia de Plaza no deparó muchas sorpresas, puesto que la mayoría de los encausados habían firmado pactos previos con la Fiscalía y conocían de antemano su condena. La Audiencia Provincial consideró cerebros de la trama corrupta al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y a quien fuera primer responsable de la UTE Acciona-MLN, José María Jordán. De hecho, estos serán los únicos que acaben entre rejas al aceptar sendas condenas de 2 años y un día de cárcel. Pero no cabe duda de que la negociación resultó muy ventajosa para ambos, ya que se enfrentaban a penas de 23 y casi 11 años. respectivamente.

Además de a García Becerril y Jordán, los únicos que pidieron perdón por las numerosas ilegalidades que destapó la Policía, el tribunal condenó a otras doce personas. Se trata en su mayoría de ejecutivos, técnicos o trabajadores vinculados a las obras de urbanización, así como de empresarios y proveedores. A todos ellos se les imponen un total de 17 años de prisión, cuando inicialmente se enfrentaban a 175.

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