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La Fiscalía recurre ante el Supremo la absolución de Esco, Iglesias y Floría en el caso Plaza
Anticorrupción evita así que el fallo de la Audiencia sea firme y busca una condena para los tres.
La Fiscalía Anticorrupción está decidida a apurar hasta el final sus opciones de condenar a los tres encausados del caso Plaza que fueron absueltos por la Audiencia de Zaragoza: el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco; el constructor Agapito Iglesias; y el empresario Miguel Ángel Floría. Por ello, y dentro del plazo previsto, acaba de anunciar oficialmente a la Sección Primera su intención de impugnar el fallo ante el Tribunal Supremo, que será quien tenga la última palabra.
Cuando se hizo pública la resolución del tribunal, el pasado 10 de mayo, el fiscal anticorrupción José Grinda –encargado de las pesquisas junto a su compañero Juan José Rosa– reconocía a HERALDO que para poder recurrir en casación una sentencia absolutoria como esta había que haberla estudiado antes de "forma minuciosa". De hecho, dejaba entrever que para que la impugnación tenga posibilidades de prosperar habría que encontrar un "error de bulto". De momento, la Fiscalía Anticorrupción solo ha anunciado su recurso, por lo que será al tramitarlo ante el Alto Tribunal cuando desarrolle las razones que le llevan a estar en desacuerdo con el pronunciamiento.
Durante su informe final en el juicio, la acusación pública trató de probar que Carlos Esco –al que asiste el letrado Juan Monclús y que ya fue absuelto en los casos Naves y Kartódromo– medió para adjudicar varios contratos a dedo a su "amigo" Miguel Ángel Floría, defendido por Jesús García Huici, atribuyéndoles delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. En cuanto a Agapito Iglesias, al que asiste Miguel Ángel Alemán, la Fiscalía lo acusaba de pagar a Pulsar –empresa de las hijas de Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza- 58.000 euros por un informe falso de 111 páginas, a modo de "peaje" para tener contento a Becerril de cara a cerrar contratos con la Plataforma Logística. Por todo ello, pedía para los encusados penas que sumaban un total de 13 años y 10 meses de cárcel. Pero el tribunal presidido por Javier Cantero, no halló pruebas para condenar.
