Tres árbitros decidirán en un año si Acciona devuelve 90 millones por las obras de Plaza
Acaban de ser elegidos los tres especialistas que resolverán el laudo acordado por la empresa y la DGA.
La contratista ya abonó 57,7 millones en el pacto previo al juicio por corrupción en Plaza.
Tres árbitros decidirán entre finales de año y principios de 2021 si Acciona tiene que devolver más de 90 millones de euros que le reclama el Gobierno de Aragón por sobreprecios y obras no ejecutadas en su día en la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Tras meses de intentos infructuosos, ambas partes se han puesto de acuerdo en la asignación de tres profesionales de reconocido prestigio que deberán dilucidar si Acciona tienen que abonar una cantidad superior a los 57,7 millones que ya ha desembolsado y, de ser así, fijar cuál es la cantidad adicional. Su resolución será vinculante y tendrá el valor de una sentencia judicial.
La DGA pretende recuperar todo el dinero que asegura pagó de más y que cifra en más de 150 millones, por lo que están en juego más de 90. Y aún está por ver si Acciona reclamará finalmente una parte del dinero a su socio en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que urbanizó Plaza, la aragonesa MLN, y que estuvo al margen del pacto previo al juicio por corrupción de Plaza.
El tribunal arbitral celebró su primera reunión, la de constitución, a mediados de diciembre en un edificio del complejo de la Expo y ya ha emitido una primera orden procesal en la que fija el calendario al que tendrán que atenerse las partes.
Además, les dio un plazo de diez días naturales para que aportaran los informes periciales que ya prepararon para el juicio penal. En el caso de la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL), encargó a la consultora aragonesa EID un minucioso estudio para revisar los movimientos de tierra, las toneladas de aglomerado y, sobre todo, los precios aplicados, aunque descendió a los detalles para contabilizar y calcular el número de farolas, bordillos y hasta las semillas utilizadas para hidrosiembra de las zonas verdes de la plataforma. Y llegó a la conclusión de que se llegaron a abonar 150,5 millones de más a las adjudicatarias de la urbanización.
Por su parte, Acciona contrató los servicios del despacho madrileño Aquilia para elaborar un contrainforme con el fin de contrarrestar y negar cualquier tipo de irregularidad en las obras.
Los plazos fijados
Con los miles de folios ya en su poder, los árbitros han fijado un plazo de 90 días a la sociedad pública APL para que les presente su demanda, el mismo tiempo del que dispondrá después Acciona para que les entregue su contestación. Los tres meses establecidos a las partes es superior al plazo estipulado en el convenio arbitral que sellaron las partes.
Una vez tenga los escritos, el tribunal arbitral deberá decidir si convoca a las partes a una audiencia o lo hace de forma alternativa sobre la admisión y la práctica de las pruebas. Es decir, si acuerda la aportación de documentación de la que puedan carecer, la realización de nuevas pruebas periciales o la comparecencia de expertos que puedan solicitar tanto APL como Acciona. Salvo sorpresas, la DGA y Acciona solicitarán que declaren los peritos que ya valoraron en su día las obras de urbanización para la causa penal.
Para esta fase del laudo no se ha fijado un plazo, aunque sí el posterior de 60 días que tendrán al mismo tiempo la sociedad pública y la constructora para presentar sus conclusiones. Y una vez cerrada la instrucción, los árbitros se han marcado a su vez un periodo de tres meses para presentar su resolución. De este modo, el caso Plaza se cerrará definitivamente, en el mejor de los casos, a finales de año tras casi ocho de litigios.
Una terna de profesionales de prestigio
La sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL) y Acciona han tardado meses en acordar la terna de árbitros que debe dirimir el conflicto sobre los sobreprecios millonarios en las obras de Plaza, pero finalmente han escogido a especialistas con una larga trayectoria y prestigio en sus profesiones, además de una amplia experiencia como peritos y árbitros.
Como presidente del tribunal ejerce el abogado del Estado recién jubilado Edmundo Angulo, que fue premio extraordinario de carrera, profesor de Derecho Administrativo y estuvo destinado en el Tribunal Constitucional en los comienzos de su labor profesional. Pasó casi treinta años en excedencia, un periodo en el que llegó a asumir la asesoría jurídica y la secretaría del consejo de administración de Agroman (ahora Ferrovial).
El conocimiento técnico lo ponen dos ingenieros de Caminos, el aragonés Juan Antonio Ros y el madrileño Juan Moral. El primero, propuesto por APL, lleva 37 años en el oficio con un despacho de ingeniería, que compatibiliza con la docencia como profesor asociado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza y el peritaje.
Acciona designó a Juan Moral, que según publicita en Linkedin es también perito judicial, "con 19 años de experiencia profesional en el sector de la construcción y gestión de proyectos, así como en la explotación de infraestructuras". Trabajó como ingeniero para Dragados e Isolux-Corsan.
