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movilidad urbana

Avanza lleva al Constitucional la sentencia que anuló dos cláusulas del contrato del bus de Zaragoza

La cooperativa de trabajadores que inició el pleito cree que no afecta a los plazos y exige al Ayuntamiento una respuesta.

Un autobús y un tranvía, a su paso por el paseo de la Independencia.
Un autobús y un tranvía, a su paso por el paseo de la Independencia.
José Miguel Marco

Cuando las partes implicadas esperaban una respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló dos cláusulas de la adjudicación del servicio de bus urbano, ha sido la empresa concesionaria, Avanza, la que ha movido ficha. La multinacional ha recurrido la resolución al Tribunal Constitucional, lo que podría dilatar aún más el proceso. En cambio, desde la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT), impulsora del pleito tras haber sido excluida del proceso, consideran que «no paraliza los plazos» y reiteran que debe ser el gobierno PP-Cs el que tome una decisión.

El Supremo resolvió antes del verano el pleito contra los pliegos de condiciones de la actual contrata del bus ratificando la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA, que anuló varias cláusulas del concurso.

El conflicto se remonta a 2013, en época de gobierno del PSOE, cuando se adjudicó el contrato del bus. La cooperativa, compuesta por trabajadores de la contrata, trató de concurrir, pero el Ayuntamiento rechazó incluso que se presentara porque consideró que no era solvente. Finalmente, solo hubo una licitadora, Tuzsa (actual Avanza), que resultó ganadora.

La cooperativa acudió a los tribunales, que le dieron la razón en junio de 2016. Quedaron anuladas tres cláusulas de los pliegos. La primera estaba referida a la exigencia municipal de que la concesionaria se constituyera como sociedad anónima para gestionar el servicio. La segunda era sobre la experiencia en el sector: era necesario haber tenido con anterioridad un contrato con 40 millones de usuarios al año o 4 contratos con 80 millones de viajeros. La tercera estaba vinculada a la solvencia económica. La licitadora debía presentar las cuentas de los últimos tres ejercicios, además de acreditar un volumen de negocio anual de 200 millones de euros. El TSJA fue muy duro con el Ayuntamiento y consideró que se había colocado en «una posición de ventaja» a Tuzsa.

El Supremo compartió este análisis en dos de los tres casos. En concreto, el Alto Tribunal negó que la transformación de la cooperativa en sociedad anónima sea necesaria para la correcta ejecución del servicio. Respecto a la solvencia técnica, confirmó la sentencia del TSJA, que entre otras cuestiones consideró que la exigencia de una experiencia previa en un contrato idéntico era una limitación a la competencia.

En cambio, sí le dio la razón a Avanza en la cuestión de la solvencia económica. Dijo que el TSJA anuló esa cláusula sin explicar la conexión con las otras dos y recordó que la ley «solo pone como límite a los requisitos mínimos exigidos para acreditar la solvencia económica y financiera el referido a que estén vinculados al objeto del contrato y sean proporcionales al mismo». Según el Supremo, «esa exigencia, en sí misma, no excluye de participar en el procedimiento de licitación» a ninguna persona jurídica.

17 de septiembre, fecha clave

Fuentes de la cooperativa de trabajadores consideran que este movimiento de Avanza «no paraliza» el proceso e insisten en que el Ayuntamiento debe tomar una decisión al respecto antes del 17 de septiembre, fecha en que expiraría el plazo para recurrir la resolución del Supremo. Mientras, la SCUT ha llevado sus reivindicaciones –municipalizar el servicio y ser indemnizados por su exclusión del concurso– a los grupos políticos y entidades sociales en busca de apoyos.

En este sentido, el gobierno PP-Cs dejó la decisión en manos de los servicios jurídicos municipales, y todavía no se ha pronunciado al respeto. 

Los conductores preparan protestas en la calle

La Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT) que recurrió la adjudicación a Avanza del contrato del bus han iniciado la cuenta atrás del plazo del que dispone el Ayuntamiento para tomar una decisión ante la sentencia del Supremo que anuló dos de las cláusulas de la licitación. Sus responsables consideran que el gobierno PP-Cs debería mover ficha antes del 17 de este mes, y de lo contrario, ya preparan movilizaciones en la calle.

En concreto, según ha podido saber este periódico, la cooperativa prevé una concentración frente a las puertas del Consistorio el próximo miércoles día 16 siempre y cuando no haya un movimiento por parte del gobierno favorable a sus intereses.

No es, además, la única convocatoria que preparan los trabajadores de Avanza, ya que han solicitado los permisos para llevar a cabo una concentración en las puertas de las cocheras de la compañía, en la carretera de Castellón, yuna posterior manifestación. En este caso, solo se ha pedido de forma cautelar, a la espera de ver cómo se desarrollan las negociaciones con la empresa por el nuevo convenio colectivo.

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