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Zaragoza

Ayuntamiento de ZAragoza

Azcón busca una alianza de alcaldes para plantar cara a la exclusión de las ayudas estatales

El Ayuntamiento prepara una reunión este viernes con Cádiz, Lérida, Murcia o Santa Cruz de Tenerife. La junta de portavoces denuncia el trato "injusto" a la ciudad.

El alcalde Azcón, al fondo, presidió este miércoles la junta de portavoces extraordinaria. Guillermo mestre
El alcalde Azcón, al fondo, presidió este miércoles la junta de portavoces extraordinaria. Guillermo mestre
Guillermo Mestre

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quiere impulsar una plataforma de ayuntamientos que se oponga a la decisión de excluir de las ayudas estatales para afrontar la covid-19 a aquellos municipios que no dispongan de ahorros, como le ocurre a la capital aragonesa. De momento, ya ha contactado con Cádiz, Granada, Murcia, Lérida o Santa Cruz de Tenerife, que están gobernados por formaciones políticas diversas, y mañana viernes está prevista una primera reunión de forma telemática.

Azcón anunció el encuentro después de una reunión de la junta de portavoces en la que los grupos llegaron a una posición de consenso: la decisión del Gobierno central, ratificada con los votos del PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es "injusta" para la ciudad y debe ser modificada en el Congreso de los Diputados, donde hoy por hoy el Ejecutivo de Sánchez no cuenta con apoyos suficientes para sacarla adelante.

Pleno extraordinario

Los partidos defendieron, según transmitió el alcalde, que los 5.000 millones de euros del fondo habilitado por el Gobierno central se deben repartir por un criterio poblacional, no en función de si los municipios prestan o no sus remanentes al Estado. Esto significaría una inyección económica de 71,3 millones de euros para Zaragoza. "No vamos a aceptar ni un solo euro menos", destacó Azcón. Por otro lado, la concejal de Cs Carmen Herrarte informó de que su grupo ha solicitado un pleno extraordinario para abordar este asunto. "No puede ser que Zaragoza no reciba los 71 millones de euros que le corresponden", dijo.

Pero Azcón no quiso limitar los acuerdos a la esfera local. Su estrategia pasa ahora por empezar a tejer una alianza de ayuntamientos damnificados que actúen de forma coordinada para defender sus intereses. Hay que tener en cuenta que el rechazo al sistema de acceso al sistema de reparto de las ayudas llega desde ayuntamientos de colores políticos muy distintos.

Zaragoza ya ha contactado con Lérida, gobernada por ERC, Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Murcia (PP), Granada (Cs) o Cádiz (Por Cádiz sí se puede, la plataforma de izquierdas liderada por José María González ‘Kichi’). Unir a los ayuntamientos afectados y a las formaciones políticas a los que pertenecen sus alcaldes sería el primer paso para enfrentarse en el Congreso al decreto ley que fija las ayudas estatales, dado que está pendiente de convalidación. El Ejecutivo de Sánchez no tiene mayoría para impulsarlo y una plataforma amplia de alcaldes de partidos distintos podría forzar su modificación. Azcón confió en que el decreto se tramite como proyecto de ley y pueda enmendarse.

Tras la junta de portavoces, la concejal del PSOE Ros Cihuelo sostuvo que "Zaragoza necesita ayudas, poder participar de un fondo específico, que tenga en cuenta los gastos que tiene que afrontar en función de su población". Cihuelo achacó la situación actual a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, también conocida como ley Montoro, de la que pidió su derogación. También reclamó un informe que aclare si los 40 millones de euros de remanente de 2019, que el gobierno municipal sostiene que deben destinar al pago de facturas por obligación legal, se pueden utilizar o no para acceder a las ayudas estatales.

El grupo de ZEC se remitió a sus declaraciones del martes, en las que su portavoz, Pedro Santisteve, expresó su insatisfacción con el acuerdo y pidió que Zaragoza fuera tenida en cuenta. Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, declaró que la ciudad "no puede quedarse fuera de las ayudas estatales", aunque instó a Azcón "a protestar menos y trabajar más". Julio Calvo, de Vox, aseguró que el fondo de 5.000 millones "es un señuelo y la manera de distribuirlo es radicalmente injusta".

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