Juicio por contagio de coronavirus en Zaragoza: La Fiscalía acusa a la DGA de poner en riesgo la vida de los sanitarios al tomar decisiones "tardías"

A escasas 24 horas de que el Gobierno aragonés se convirtiera en la primera administración pública española condenada por no suministrar suficiente material de autoprotección contra la covid-19 a los sanitarios de Teruel, la Fiscalía ha vuelto a pedir este viernes otra sentencia condenatoria contra el ejecutivo autonómico por descuidar también la seguridad de sus empleados en los hospitales y centros de salud de la provincia de Zaragoza durante la pandemia.

Durante la vista presidida por la titular del Juzgado de lo Social número 1, el ministerio público ha acusado a la DGA de adoptar decisiones “tardías” contra propagación del virus. “Porque existe una cronología previa que alertada de forma suficiente del riesgo”, ha dicho. Como ejemplo, ha recordado que el 13 de febrero ya hubo una reunión de los países miembros de la Unión Europea para abordar el problema y que el 28 del mismo mes la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el riesgo de propagación a “muy alto”.

Para la Fiscalía, no cabe calificar de “imposible” haber previsto el peligro, puesto “había indicadores suficientes” para haber adquirido material protección a tiempo. De ahí que reproche a la DGA, y por extensión al Servicio Aragonés de Salud (Salud) y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de “falta de diligencia” y de vulnerar el derecho fundamental a la vida y la integridad física de los trabajadores de la sanidad pública.

“No se reprocha a la administración aragonesa no haber repartido mascarillas y equipos de autoprotección“, ha señalado la Fiscalía, “sino el no haber tenido una mínima previsión” para abastecerse de material para sus sanitarios, a los que ha agradecido su enorme esfuerzo y el haber arriesgado sus propias vidas “por salvar las de los demás” durante la pandemia.

“Porque existe una cronología previa que alertada de forma suficiente del riesgo”, dice el fiscal

Cabe recordar que a finales del pasado mes de mayo se celebró otro juicio idéntico en Huesca por el riesgo que corrieron los sanitarios de la provincia altoaragonesa y que está pendiente de sentencia. Los tres procedimientos judiciales -la DGA ya ha anunciado que recurrirá la condena de Teruel ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)- son consecuencia de las demandas interpuestas por Fasamet (Federación Aragonesa de Médicos Titulares), sindicado que siempre ha denunciado la “desprotección” a la que ha tenido que hacer frente el personal sanitario durante la crisis del coronavirus.

Durante la vista celebrada este viernes en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, el abogado de Fasamet, Manuel Aspas, ha sido tajante: “Existió un riesgo real y se materializó. Prueba de ello son los cerca de 800 sanitarios contagiados en la provincia de Zaragoza y el médico de atención primaria fallecido”. El letrado ha recordado también al empleado de limpieza del Hospital Miguel Servet que murió también por la covid-19.

Por su parte, el letrado de la Comunidad Autónoma, ha insistido en que la DGA hizo “todo lo que pudo” en una situación de “fuerza mayor” como la que se daba”. “Porque si una pandemia mundial como esta no es una situación de fuerza mayor, ya me dirá la demandante qué lo es”, ha manifestado, para pedir finalmente a la juez que se desestime la petición de condena.

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