Despliega el menú
Huesca

La Fiscalía de Huesca acusa a la DGA de no facilitar suficientes equipos de protección a los sanitarios

El Juzgado de lo Social de la capital oscense celebró el segundo juicio en Aragón por falta de mascarillas, guantes o trajes para evitar contagios.

juicio epi de los sanitarios foto pablo segura- 28 - 5 - 20 [[[FOTOGRAFOS]]]
El juez y el fiscal estuvieron presentes en la sala y los abogados intervinieron por vía telemática.
Pablo Segura

La Fiscalía de Huesca cree que el Gobierno de Aragón incumplió con su obligación de suministrar a los sanitarios suficientes medios para protegerse del coronavirus y evitar el contagio. El uso de mascarillas, trajes, guantes, batas y otros elementos se limitó tanto que no se cubrieron todas las necesidades, señaló el fiscal jefe, Juan Baratech, durante el juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Social de Huesca por la demanda interpuesta por el sindicato médico Fasamet (Federación Aragonesa de Médicos Titulares) contra el Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Servicio Aragonés de Salud. "Se racionalizó el uso de los medios, por no decir racionamiento, sin atender todas las necesidades", dijo.

Es el segundo celebrado en Aragón, después del que tuvo lugar la semana pasada en Teruel y al que seguirá otro en Zaragoza por la carencia de material de protección. En Aragón se han contagiado 830 profesionales sanitarios: 626 en Zaragoza, 86 en Huesca y 118 en Teruel, de acuerdo con los últimos datos del departamento de Sanidad. En el caso del Alto Aragón, los dos sectores sanitarios de la provincia suman casi 1.000 médicos y el triple de enfermeras. La demanda también se refiere a personal sanitarios que prestaba servicios en otros centros como las residencias, de ahí que vaya dirigido también al IASS.

La Fiscalía apoyó las tesis de Fasamet por entender que se ha producido un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del artículo 15.1 de la Constitución sobre el derecho a la vida y a la integridad física.

Baratech rechazó el argumento del abogado de la administración aragonesas sobre causas de fuerza mayor para justificar la carencia de epis (equipos de protección individual), ya que consideró que "los stock de mascarillas, guantes y batas, el núcleo duro de lo que faltaba, se podrían haber aumentado". Debió aplicarse el principio de precaución para proteger la salud de los sanitarios, pues había una amenaza hipotética desde diciembre y precedentes de otras emergencias sanitarias. En su opinión, "la situación era previsible". Reconoció el esfuerzo del Gobierno por conseguir el material, pero dijo que su obligación era suministrarlo. "Aunque solo un sanitario no hubiese tenido esos medios, ya habría una responsabilidad del empleador", en este caso la DGA.

A la vista asistieron de forma presencial el juez y el fiscal y por vía telemática los abogados de la DGA, Jorge Ortillés, y de Fasamet, José Manuel Aspas. El primero negó las carencias, salvo casos "puntuales", y las justificó, entre otras cosas, por la centralización de las compras en el Ministerio de Sanidad en las primeras semanas del estado de alarma, el colapso del mercado ("la pandemia se ha extendido por 188 países") o la necesidad de cumplir con los trámites administrativos para las compras.

Ha sido una situación "imprevisible", dijo Ortillés, pues ni los expertos la vieron venir, e "inevitable". "Todo esto nos ha cogido con el pie cambiado", señaló. "Aún así, se han aportado equipos suficientes para todos los profesionales sanitarios que lo necesitaban". También sostuvo que no todos requerían epis, pues parte del colectivo tenía una baja exposición, como los médicos de atención primaria, al atenderse las consultas por vía telefónica y estar los contagiados hospitalizados. "No negamos que en algún momento puntual hayan faltado, pero el miedo ha llevado a un uso quizá innecesario", añadió.

Las fotografías con batas hechas con bolsas de basura no son una prueba, en opinión del abogado de la DGA, al no poder acreditar de qué profesional se trata ni sus circunstancias concretas de exposición al virus. La confección de trajes con este material provocó una polémica en el hospital San Jorge y otros centros sanitarios de la Comunidad Autónoma. Cabe recordar que Pilar Ventura dimitió como consejera de Sanidad tras sus polémicas declaraciones diciendo que “estimulaba” a los sanitarios.

Otra de las pruebas aportadas por el abogado de Fasamet son los documentos con la información quincenal de aprovisionamiento. Según José Manuel Aspas, "en algunos periodos había una carencia absoluta, desabastecimiento y rotura de stock". Negó la imprevisibilidad cuando la OMS declaró la emergencia sanitaria el 30 de enero (el 11 de marzo se transformó en pandemia) y hubo alertas sobre la necesidad de hacer acopio de material. "Había tan poco en los almacenes que se guardaba como oro en paño", aunque a raíz de las medidas cautelares de los jueces se produjo una salida "masiva".

Respecto a las dificultades de hacer acopio, el letrado del sindicato médico se preguntó cómo era posible la compra de mascarillas por parte de los empresarios, para luego donarlas, y no de la administración, cuando la Ley de Contratos del Estado permite cerrar acuerdos de adquisición verbalmente en supuesto de emergencia. "En febrero, marzo o abril se podía comprar por teléfono o correo electrónico", aseguró, y achacó el recurso a terceros a "la incapacidad" de los responsables públicos. "No es un comportamiento doloso", aclaró, de hecho la demanda se sustancia en un juzgado de lo Social y no en la jurisdicción penal, "pero sí hubo falta de diligencia". "Los sanitarios no se han contagiado en sus casas sino en sus centros de trabajo", manifestó Aspas.

Etiquetas
Comentarios