tribunales en zaragoza
No hay pruebas de que las botellas robadas en Jefatura acabaran en las fiestas de Jarque
La jueza que investiga a cuatro policías nacionales por la desaparición de los licores ordenó a la Guardia Civil seguir la pista que dio un testigo, pero lo único que ha encontrado son "rumores".
La jueza que investiga a un inspector jefe, un subinspector y dos agentes de la Policía Nacional por la desaparición de 361 botellas de licor prémium que habían sido intervenidas durante una investigación judicial ya ha recibido el informe que encargó a la Guardia Civil para averiguar si el alijo se vendió en las fiestas de Jarque de Moncayo, localidad de donde procede y en la que tiene una vivienda el mando encausado. La magistrada ordenó investigar esta pista después de que un vecino del pueblo declarara voluntariamente como testigo y apuntase en esta dirección. Sin embargo, en el atestado que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza y al que ha tenido acceso HERALDO, la Benemérita concluye que ha encontrado bastantes «rumores», pero ninguna prueba de que las botellas llegasen al municipio.
La primera persona con la que se reunieron los investigadores fue con la alcaldesa de Jarque, Mª del Carmen Serrano, quien reconoció que había escuchado decir que un policía que tiene casa en el pueblo –no llegó a dar ningún nombre, pero el único encausado que encajaría con la descripción es el inspector jefe E. G. B.– y un vecino –al que sí identificó como L.G.– tenían bebidas alcohólicas y las habían ofrecido por allí. «Si bien, físicamente, ella no ha visto dicha mercancía ni a estas personas intentando distribuirla», puntualizan en su informe los agentes.
Buscando el rastro de los licores, la Guardia Civil localizó también a los responsables de los tres únicos bares del municipio. Al preguntarle si le habían intentando vender botellas de alcohol de alta graduación de origen y precio desconocido, el primer entrevistado hijo que no. Reconoció también haber escuchado «rumores» sobre que un policía nacional de nombre Enrique –que tiene una casa en la misma calle que el bar– poseía botellas que habían desaparecido de una comisaría de Zaragoza y que «un tal Luis» había intentado distribuirlas. «Si bien todo esto que informa son rumores que ha escuchado por parte de los vecinos que acuden al establecimiento», insiste la Benemérita.
Algo muy parecido explicó el propietario de un segundo local, quien negó de forma rotunda que alguien le hubiera intentado vender botellas de forma clandestina. «Las botellas que tiene en su poder las compra legalmente», dice el atestado remitido a la jueza. Pero los investigadores supieron que un vecino de Illueca regenta el bar del pabellón municipal durante las fiestas patronales, por lo que también se pusieron en contacto con él. Al interrogarle por las botellas, el hombre dijo que conocer la historia «por la gente con la que habla», para apuntar después que no se habla con la persona que supuestamente las trataba de vender.
Finalmente los agentes llamaron al mencionado L.G., quien alegó que había sido citado por un juzgado de La Almunia para declarar por estos hechos y no dio más explicaciones.
La juez rechaza archivar la causa contra dos investigados
La magistrada recuerda en su auto que, dada la complejidad de la causa, en la que hay implicados hasta cuatro policías –los otros dos son el inspector jefe E. G. B. y el agente J. M. H. M., a los que representa el letrado Enrique Esteban–, el pasado mes de febrero se abrió una pieza separada que se ha declarado secreta. De hecho, las averiguaciones de este procedimiento se han encargado a la Brigada de Asuntos Internos para evitar interferencias. Y la jueza considera necesario esperar a conocer el resultado de todos los informes encargados para poder pronunciarse.
