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El Ayuntamiento ha recibido 4.781 recursos a la plusvalía por valor de 35 millones desde 2017

Tiene sin resolver 3.520 reclamaciones que impiden el cobro de más de 28 millones. El gobierno PP-Cs dedica dos arquitectos a hacer valoraciones de bienes para desatascar expedientes.

Dependencias de recaudación de tributos en el edificio Seminario del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencias de recaudación de tributos en el edificio Seminario del Ayuntamiento de Zaragoza.
José Miguel Marco

El Ayuntamiento de Zaragoza empieza a tener un grave problema con la gestión del impuesto de la plusvalía ante el aluvión de recursos recibidos desde que el Tribunal Constitucional anulara en 2017 el cobro del impuesto en los casos en que no hubiese incremento del valor del bien. En total, se han presentado 4.781 recursos que suman 35,1 millones de euros, de los que el 67% están sin resolver: son 3.520 reclamaciones que bloquean el cobro de recibos que suman 28,2 millones.

El impuesto de la plusvalía lo cobran los ayuntamientos por las transmisiones de los inmuebles (compraventas, herencias, donaciones...) y en teoría pretende gravar la revalorización de un bien desde que se produjo su adquisición. Pero el recibo se calcula con el valor catastral del suelo, que no siempre ha respondido a la evolución de los precios del mercado inmobiliario.

De hecho, el catastrazo de 2013 propició que en Zaragoza los valores se duplicaran justo en el momento en el que se estaba desplomando el sector inmobiliario. Los recibos se disparaban mientras los inmuebles perdían valor. Este fenómeno, que no era exclusivo de la capital aragonesa, propició recursos judiciales en toda España que llevaron al Constitucional a decidir en 2017 que el impuesto no se podía cobrar si el bien no había aumentado su valor.

Evolución de la recaudación de la plusvalía en Zaragoza entre 2007 y 2018.
Evolución de la recaudación de la plusvalía en Zaragoza entre 2007 y 2018.
Ayuntamiento de Zaragoza

El fallo judicial debía haber conllevado una adaptación de la normativa estatal para modificar el sistema de valoración del bien, que todavía está pendiente. Pero mientras se aclara la legislación, los ayuntamientos se han llenado de recursos judiciales y en vía administrativa.

Eso ha ocurrido en el Ayuntamiento de la capital aragonesa: 4.781 recursos a la plusvalía referidos a 8.719 autoliquidaciones por un valor de 35,1 millones de euros. De esta cantidad, 5 millones de euros se dirimieron en el contencioso. El número de reclamaciones resueltas en 2018 y 2019 sigue siendo muy bajo en relación con el número de expedientes: 1.261 recursos sobre recibos que suman 6,9 millones, de los que 136 se estimaron, 923 se rechazaron y 202 obtuvieron sentencia. El Ayuntamiento tuvo que devolver 1,4 millones, porque efectivamente no había habido incremento del valor del bien, y vio confirmadas plusvalías por valor de 5,4 millones de euros.

Por otro lado, ante las dudas que generó en los ayuntamientos la valoración de los bienes inmuebles para cobrar la plusvalía, se empezaron a aceptar liquidaciones a "cuota cero", es decir, sin que el impuesto supusiera ningún coste. No significaba que se perdonara , sino que no se cobraba hasta que se determinara si el valor de la propiedad había subido o no el tributo. El problema es que, como ocurría con los recursos, el Ayuntamiento no analizaba caso a caso si había que cobrar el recibo o no.

Solo en 2017 y 2018 hubo 4.112 contribuyentes que completaron el modelo de liquidación a "cuota cero", a los que hay que sumar 1.548 en 2019. Solo consta que se haya iniciado un proceso de comprobación de 952. A esta cifra hay que añadir 916 plusvalías a "cuota cero" tramitadas por expediente, es decir, sin el modelo de autoliquidación.

El aluvión de recursos y pleitos se ha notado en los ingresos por este impuesto: si en 2016 se recaudaron 75,8 millones, en 2018 la cifra se quedó en 56,5. En el primer semestre de este año ya se ha producido un retroceso del 12%, por lo que es previsible que este ejercicio se cerrará con la recaudación a la baja.

Para la concejal de Hacienda, María Navarro, hay que "poner el personal técnico necesario para hacer las valoraciones". Por ahora, se han destinado dos arquitectos a hacer informes periciales en el servicio de gestión de tributos y en el de inspección. Si no es suficiente, el gobierno PP-Cs está dispuesto a buscar apoyo a través de una empresa externa.

"Vamos a facilitar al ciudadano que resuelva en vía administrativa. Hay que dar una mayor seguridad jurídica y evitar que el ciudadano tenga que ir al contencioso", declaró Navarro, que fue muy crítica con el gobierno anterior, de ZEC: "Es preocupante la inactividad que ha habido los últimos tres años en el Área de Hacienda, que ha causado afecciones importantes al Ayuntamiento".

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