Los servicios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza afrontan los meses que faltan para cerrar el ejercicio con un lastre de 21,4 millones de euros en partidas infradotadas. Así lo sostuvo ayer la nueva concejal responsable del Área, Natalia Chueca, que subrayó que en 2018 hubo 169 millones de euros para atender los gastos frente a los 147,9 que tiene a su disposición para 2019, un 12,5% menos. De esos 21,4 millones, 13,5 están vinculados a contratas de servicios.

Chueca compareció este miércoles a petición propia en la primera comisión de Servicios Públicos. Estaba previsto que hablara de sus planes al frente del Área, pero prefirió centrarse en la gestión del gobierno de ZEC. Fue muy crítica. "Me he encontrado un Área devastada desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista legal es un páramo y desde el punto de vista organizativo deja mucho que desear", afirmó.

En un ‘power point’ que presentó ante la comisión llegó a hablar directamente de "quiebra". Puso ejemplos de algunas de estas infradotaciones: recogida de residuos (2,9 millones), limpieza pública (4 millones), complejo de residuos (1,8 millones), renovación de vehículos de bus (1,5 millones), servicio público de transportes (2,3 millones)...

Algunas de estas partidas resultaron recortadas en la modificación de 23,6 millones del presupuesto prorrogado que en mayo permitió atender con las subvenciones a las entidades sociales o la subida salarial a los funcionarios. Chueca no dio muchas pistas sobre cómo resolver el problema, a la espera de la auditoría económica, aunque avanzó que parte de este agujero lo tendrá que asumir el presupuesto de 2020. Y descartó recortes en la calidad de los servicios.

Pero no se quedó solo en la infradotación de partidas. Señaló que, en materia de contratación, el área está "en una situación de ilegalidad". Se refería a un problema ya conocido: la prestación de servicios sin el correspondiente contrato en vigor. Citó el caso de parques y jardines (14 millones), aunque se acaba de adjudicar a Acciona. También mencionó los puntos limpios (1,2 millones), la señalización viaria (1,3 millones) o el mobiliario urbano (1,2).

Además apuntó otros problemas legales, como la modificación contractual vinculada al cambio de los cuadros de marcha del bus urbano, o las revisiones de precios pendientes, que pueden suponer "decenas de millones". A su juicio, los costes estimados por ineficiencias en la gestión, vinculados por ejemplo a ingresos dejados de percibir por "desidia política" o a sobrecostes por la no renovación de los contratos, pueden alcanzar los 13,8 millones.

En el turno de réplica de la oposición, todos le criticaron por centrarse en la gestión de sus predecesores en lugar de hablar de sus planes de futuro, dado que Chueca solo hizo un repaso genérico a los compromisos del pacto de gobierno entre PP y Cs, sin plazos ni concreción. Citó la operación rescate de los servicios públicos, el impulso de la movilidad eléctrica o el desarrollo de la economía circular.

Alfonso Gómez, del PSOE, se centró en la movilidad, aspecto en el que Chueca no profundizó pese a ser una de sus principales responsabilidades. Defendió el tranvía y los carriles bici por su efecto pacificador del tráfico.

Los más críticos fueron ZEC y Podemos-Equo. Alberto Cubero, predecesor de Chueca en el cargo, criticó que se hable de infradotaciones cuando el gobierno PP-Cs ha renunciado a presentar el presupuesto. También insistió en la necesidad de fiscalizar a las adjudicatarias de contratos públicos y criticó que Chueca no profundizara en cuestiones como la movilidad o la gestión del espacio público. Amparo Bella, de la formación morada, también criticó las ausencias de su discurso y le preguntó por el impuesto del ICA o futuras privatizaciones. Carmen Rouco, de Vox, aprovechó su intervención para oponerse al proyecto de línea 2 del tranvía, que el PP ya rechaza.

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