Zaragoza

Infravivienda

"Comemos de la basura, no tenemos casa digna y ahora nos echan sin avisar"

Paulina Larios y su marido llevan 14 años en una caseta ubicada en la avenida de Cataluña de Zaragoza que ahora va a ser derribada con motivo de las obras que el Ayuntamiento va a acometer en esta zona y lamentan no haber sido avisados con tiempo "para buscar otra cosa".

Paulina Larios tiene 41 años y la crisis económica y la "mala suerte" la arrastraron a una infravivienda en la avenida de Cataluña de Zaragoza  en la que ya lleva 14 años. Tiene una "cocina" y un espacio para dormir y "tumbarse a ver la tele" junto a su marido y sus tres perros y apenas cuenta con paredes. Como puerta utilizan algunas sábanas y mantas y una estructura de plástico y fuera de la vivienda tienen un tendedero en el que cuelgan la ropa una vez limpia. El agua la sacan de una boca de riego y no tienen baño, aunque según Paulina tampoco les hace falta porque cuentan con "un descampado al lado".

A ella le gustan las plantas y los árboles que adornan el exterior de su casa (a los que cuida con esmero) y que conviven con diferentes artilugios que cada domingo, con suerte, venden en el rastro de La Almozara, donde tienen un puesto. Suelen comer de lo que encuentran en la basura y de lo que, a veces, les dan los vecinos y pagan 30 euros al mes por la luz debido a "algunos problemas con la policía".

El matrimonio zaragozano, que tiene hijos ("mayores que ya tienen su vida hecha con las novias") reconoce que después de "tanto tiempo uno se acaba acostumbrando a este tipo de vida" y que los días pasan y "vas saliendo adelante", aunque ahora viven con la incertidumbre de "no saber dónde ir" después de que su casa desaparezca. Y es que, las obras que el Ayuntamiento de Zaragoza va a cometer en la avenida de Cataluña, requieren el derrumbe de esa localización para poder efectuar el ensanche de la vía. "Nosotros no sabíamos que se iban a realizar obras aquí y de un día para otro nos avisaron de que nos teníamos que ir, sin saber dónde buscar ni qué hacer. Lo mínimo es que se avise con algo de tiempo", lamenta Paulina quien asume que al ser propiedad del Consistorio de la capital aragonesa, tienen ellos la decisión.

El viernes que viene es la fecha tope que han puesto a la pareja zaragozana para abandonar su casa, aunque ella asegura que resistirá "lo que haga falta", pero si no se puede "habrá que buscarse la vida". "No sé dónde acabaremos, tendremos que luchar para encontrar un nuevo hogar", ha reconocido. El albergue municipal no es una opción porque no admiten perros y esa es una condición indispensable en su futura vivienda. Paulina y su marido quieren con locura a sus tres perros y no pueden ni pensar en "abandonarlos ni en vivir con ellos debajo de un puente", asegura ella.

Además del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), (por el que reciben menos de 500 euros) no tienen otra fuente de ingresos por lo que ven "imposible acceder a una vivienda teniendo en cuenta cómo están los alquileres ahora", lamentan. Los domingos, acuden al Rastro donde venden todo lo que encuentran y además, también intentan ganar algo en el negocio de la chatarra. Sin embargo, asegura que aun con todo esto, muchas veces tienen que "coger comida de la basura o ver lo que tiran los supermercados y que todavía está en buen estado". El matrimonio se muestra agradecido y es que aseguran que algunas veces los vecinos bajan comida preparada para ellos.

Estrategia municipal

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una estrategia municipal para la inserción social de colectivos en situación de exclusión residencial en el que la intervención de los Servicios Sociales es uno de los factores fundamentales. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que Paulina ha recibido la visita de algunos trabajadores sociales y ella lo corrobora reconociendo que le han orientado y ayudado entre otras cosas, sobre la búsqueda de empleo.

Ella lleva 5 años en paro después de haber trabajado como personal de limpieza y asegura que ella quiere de trabajar "de cualquier cosa", pero ahora piden el graduado escolar casi para cualquier oficio y ella no cuenta con él. Por otro lado, su marido cuenta con un 57% de discapacidad física reconocida en la espalda lo que le impide trabajar y lo que se lleva gran parte del IAI. Ahora, y ante su desalojo inminente, aseguran que quieren quedarse en esa vivienda y si no, que se les ofrezca alguna alternativa como un alquiler social.

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