La DGA tiene todos los pisos de alquiler social ocupados y hay 217 familias en lista de espera

La demanda de viviendas de alquiler social multiplica por diez a la oferta en la provincia de Teruel. El Departamento de Vertebración del Territorio ha reconocido a 217 familias turolenses el derecho a ocupar un piso de alquiler social de la bolsa gestionada por el Gobierno aragonés, pero las 25 viviendas disponibles están ya ocupadas y queda una reserva de 11 para atender desahucios y otras "emergencias habitacionales".

La escasez de la oferta, que solo cubre una de cada diez solicitudes aprobadas, provoca retrasos de varios años en la concesión de las ansiadas viviendas a precio asequible. La tardanza en atender las necesidades de familias con escasos recursos económicos causa situaciones angustiosas en unos momentos en que los precios del mercado de alquiler se han disparado.

La directora general de Vivienda, Mayte Andreu, reconoció este martes que el número de viviendas disponibles para alquiler social es "totalmente insuficiente". Señaló que la bolsa se nutre de pisos cedidos por bancos e instituciones –entre ellas, el Ayuntamiento de Teruel–, pero la cifra de viviendas gestionadas en la provincia –36, entre los pisos ocupados y los reservados para emergencias– es muy limitada.

Las necesidades de alquiler social se concentran en la capital, que suma 141 de las 217 familias con derecho reconocido a un arrendamiento de la DGA en toda la provincia.

Andreu aclaró que el Gobierno aragonés también apoya a las familias con escasos recursos para costearse el alquiler mediante ayudas al arrendamiento. Reconoció, no obstante, que la convocatoria de las ayudas de 2018 sigue sin resolverse cuando ha pasado el primer trimestre de 2019.

Mayte Andreu confió en resolver las ayudas al arrendamiento de 2018 a finales de abril para liquidarlas en mayo. Señaló que estas subvenciones cubren el 40% del precio libre, lo que deja el importe total en cifras "similares a un alquiler social".

La escasa oferta de la DGA provoca retrasos de varios años en la entrega de los pisos a los demandantes. María José Arnau, de Teruel, tiene reconocido el derecho a un piso de alquiler social desde 2015, pero cuatro años después sigue a la espera. Arnau, aquejada de lupus, una enfermedad que le provoca una discapacidad, tiene tres hijos de entre 2 y 15 años. Mientras espera que la DGA le abra las puertas de una vivienda de alquiler social, esta familia monoparental sobrevive con unos ingresos de 736 euros mensuales, de los cuales destina 600 a alquiler y gastos de la casa.

María José Arnau cuestionó el criterio de concesión de las viviendas por la DGA. Denunció que la lista de demandantes y los baremos aplicados para elegir a los beneficiarios de entre todos los demandantes con derecho reconocido son "poco transparentes". Criticó también que se atienda desde la bolsa de Teruel a necesidades de realojo de Zaragoza. Lamentó que a estas alturas de 2019 sigan sin resolverse la ayudas al alquiler de 2018, a las que también opta.

Mayte Andreu reconoció que la convocatoria de ayudas de 2018 es "compleja" de resolver por la prórroga presupuestaria y porque la demanda se disparó en un 40% respecto a la de 2017.