Caso Fincas Atlanta: un fraude millonario y un pacto por el que nadie irá a prisión

El dueño de Fincas Atlanta, Eduardo Lacasta Lanaspa, firmó ayer un ventajoso acuerdo con la Fiscalía por el que será finalmente condenado a seis años de prisión por valerse de sus negocios inmobiliarios para urdir una trama delictiva con la que el juez instructor estimó que defraudó más de 45 millones de euros, tanto a administraciones y organismos públicos como a particulares. Con este pacto, el empresario confía en no tener que volver a pisar el centro penitenciario de Zuera, donde pasó tres meses en 2013.

El ministerio público solicitaba inicialmente 16 años y medio de cárcel para Lacasta por la descapitalización fraudulenta de Fincas Atlanta, de la que resultaron especialmente perjudicados la Agencia Tributaria, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, la defensa, a cargo del letrado Fernando Lacruz, ha logrado reducir de 6 a 4 los delitos que se atribuyen a su cliente y que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

Al final, Lacasta será condenado por un delito continuado de estafa (2 años de prisión); insolvencia punible (2 años); contra la Hacienda Pública (un año); y pertenencia a grupo criminal (un año). En el camino se han quedado las imputaciones por blanqueo de capitales y falsedad documental.

En conjunto, las penas que se le imponen suman seis años, pero como individualmente ninguna supera la barrera de los dos años, la defensa propondrá a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial su suspensión con el objetivo de que Eduardo Lacasta no entre en Zuera, lo que se antoja bastante probable. Se trata de la misma estrategia utilizada por algunos de los acusados de los casos Plaza y La Muela a la hora de pactar con la Fiscalía.

Al margen de la pena de prisión, el pacto firmado por la Fiscalía compromete a Lacasta al pago de multas que suman 438.400 euros. A esta cantidad habría que añadir los casi cinco millones de euros en que se calculado la responsabilidad civil, dinero que debería servir para resarcir a los perjudicados, entre los que también se incluyen entidades bancarias, pequeños gremios de la construcción y particulares. Sin embargo, será muy difícil que recuperen todo este dinero. Tanto es así que, de momento, apenas se han adelantado 250.000 euros.

Otros siete condenados

Eduardo Lacasta debería responder con su patrimonio al pago de las indemnizaciones, pero también habrán de hacerlo –en función del grado de responsabilidad que se les ha atribuido en la trama– los otros siete acusados –incluidos dos sobrinos del empresario– que han firmado acuerdos con la Fiscalía: Alfredo L. S. (2 años y 4 meses de cárcel); José Germán P. L. (2 años y 4 meses); Javier A. A., David L. O. y Lario G. D. (1 año y 3 meses); Joaquín J. A. y Rafael E. R. (1 año). Estos se enfrentaban inicialmente a penas de hasta 4 años de cárcel, por lo que también han salido bien parados en el acuerdo. Tanto es así, que todos se felicitaban ayer en los pasillos de la Audiencia, donde de no haber habido acuerdo hoy hubiera comenzado un complejo juicio que se hubiera prolongado hasta mediados de junio.

Satisfechos pueden estar también Eduardo L. M., hijo del dueño de Fincas Atlanta, y José S. G., que han sido absueltos.

Para la Fiscalía, Lacasta se sirvió de sus más de 50 empresas para mover dinero a su antojo. Así, cuando necesitaba aparentar insolvencia en alguna de ellas para no hacer frente a las deudas, la descapitalizaba y transfería su patrimonio a otra. La acusación pública divide las sociedades de Lacasta en tres grupos: las "patrimoniales", que alquilaban viviendas y avalaban las operaciones de las empresas promotoras; las "promotoras", dedicadas a la construcción y venta de pisos, así como al traspaso de inmuebles libres de cargas a las patrimoniales; y "las de servicios", destinadas, dice, a ser subcontratadas por las empresas promotoras para hacer las obras.