La Fiscalía cifra en 45 millones el fraude de Fincas Atlanta y pide 16 años de cárcel para su dueño

Llevará también a juicio a diez colaboradores de Eduardo Lacasta, entre los que se incluyen familiares y testaferros.

Eduardo Lacasta Lanaspa.
Eduardo Lacasta Lanaspa.
Alcorta/H.A

El dueño de Fincas Atlanta, Eduardo Lacasta Lanaspa, podría ser condenado a 16 años y medio de cárcel, ya que esa es la pena que acaba de solicitar para él la Fiscalía como cerebro de una trama delictiva a la que atribuye un fraude de más de 45 millones de euros y que ha dejado en el camino decenas de damnificados. Porque aunque los mayores acreedores del empresario zaragozano son administraciones y organismos públicos (Agencia Tributaria, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y las diputaciones provinciales, a los que adeuda 8,5 millones), son también muchos los bancos, gremios y particulares que reclaman impagos.


Según la acusación pública, para generar semejante ‘agujero’ contable, el dueño de Fincas Atlanta se valió de más de 50 sociedades y de hasta diez colaboradores. Entre estos últimos la Fiscalía incluye a su hijo Eduardo María, su sobrino David Lacasta, y cinco testaferros: José Germán P. L., Lario G. D., Alfredo L. S., Rafael E.R. y Néstor T. L. Aunque estos figuraban como administradores de varias de las compañías del grupo inmobiliario, el ministerio público está convencido de que eran meros hombres de paja a las órdenes de Lacasta. De hecho, dos de ellos eran albañiles que habían trabajado para él.


El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Aragón detuvo a Eduardo Lacasta en mayo de 2013, aunque para entonces ya llevaba mucho tiempo tras su pista. El empresario fue enviado a prisión sin fianza, pero apenas tres meses después logró la libertad provisional. En cualquier caso, cada vez está más cerca la celebración del juicio. Y si la Audiencia Provincial escucha los argumentos de la Abogacía del Estado –que pide 11 años y medio de cárcel para Lacasta– y la Fiscalía, el dueño de Fincas Atlanta podría pasar una larga temporada en Zuera.


El ministerio público acusa a Lacasta de delitos continuados de estafa y falsedad, un delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible y pertenencia a grupo criminal. Por ellos, además de la pena de cárcel, solicita para él multas que superan los 900.000 euros. En un segundo escalón, la Fiscalía sitúa a Alfredo L.S., al que sentará en el banquillo por delitos de blanqueo, insolvencia punible y grupo criminal. La condena que propone para este testaferro son siete años y medio de prisión y 4.320 euros de multa.Indemnizaciones millonarias


Cada uno de los otros nueve acusados –Germán P. L., Javier A. A., Eduardo María L. M., Joaquín J. A., David L. O., Rafael E. R., Lario G. D., Néstor T. L. y José S. G.– se enfrentan a una pena de 4 años y medio y multas por importe de 4.320 euros por presuntos delitos de insolvencia punible y pertenencia a grupo criminal. Como responsables penales del presunto fraude la acusación pública cita también a dos empresas: Gestión Colectiva 2.000 S. L., a la que exige 936.500 euros de multa, y Montemayor Negocios S. L, para la que pide una sanción de 73.000 euros.


La Fiscalía cifra en 2,1 millones las indemnizaciones a un grupo de perjudicados, pero a esta cantidad habría que sumar una mucho mayor en ejecución de sentencia.


Como hacía el juez instructor del caso en su auto de apertura de juicio oral, de la investigación policial y las diligencias practicadas la Fiscalía concluye que Lacasta se sirvió de sus más de 50 empresas para mover dinero a su antojo. Así, dice, cuando necesitaba aparentar insolvencia en alguna de ellas para no hacer frente a las deudas, la descapitalizaba y transfería su patrimonio a otra.


La acusación pública divide las sociedades de Lacasta en tres grupos: las "patrimoniales", cuyo objetivo fundamental era alquilar viviendas y avalar las operaciones de las empresas promotoras; las "promotoras", dedicadas a la construcción y venta de pisos, así como al traspaso de inmuebles libres de cargas a las patrimoniales; y "las de servicios", destinadas, dice, a ser subcontratadas por las empresas promotoras para hacer las obras.


Sin embargo, considera el fiscal que, "a pesar de tener aparentemente distinta contabilidad y administradores (...), todas las empresas funcionaban con unidad de caja y todas eran dirigidas por Eduardo Lacasta".

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