La Audiencia juzgará en abril el presunto fraude de 45 millones de euros de Fincas Atlanta

Eduardo Lacasta Lanaspa, dueño de Fincas Atlanta, y diez personas más entre familiares, colaboradores y testaferros de sus empresas, serán juzgados el próximo mes de abril en la Audiencia Provincial de Zaragoza. El empresario se enfrenta a penas de entre 11 y 17 años de prisión por urdir presuntamente una trama delictiva que logró defraudar supuestamente más de 45 millones de euros con sus negocios en el mercado inmobiliario, tanto a administraciones como a particulares.

Según la Fiscalía, la abogacía del Estado y varios perjudicados, el acusado se valió del entramado empresarial que montó a través de Fincas Atlanta, su grupo inmobiliario, para no pagar a sus acreedores. En total, el juez instructor llegó a la conclusión de que había defraudado 45.470.844 euros.

Las acusaciones que pesan contra él abarcan desde delitos continuados de estafa y falsedad, pasando por blanqueo de capitales, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública hasta pertenencia a grupo criminal. Los mayores acreedores de Lacasta son administraciones públicas (Agencia Tributaria, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y las diputaciones provinciales, a los que adeuda 8,5 millones), pero también son muchos los bancos, gremios y particulares que reclaman impagos, hasta sumar la cantidad que estima la Fiscalía.

Junto a Lacasta se sentará en el banquillo de la Audiencia Alfredo L. S., un albañil que ejercía de testaferro para quien el fiscal pide siete años y medio de prisión por blanqueo, insolvencia punible e integración de grupo criminal. Cada uno de los otros nueve acusados –entre los que se encuentran su hijo Eduardo L., sus sobrinos José Germán P. L. o David L. O., y empleados, gestores o socios como Javier A. A., Joaquín J. A., Rafael E. R., Néstor T. L., José S. G. o Lario G.– se enfrentan a 4 años y medio de cárcel cada uno como presuntos autores de delitos de insolvencia punible y pertenencia a grupo criminal.

Entramado empresarial

Según las acusaciones, Eduardo Lacasta organizó las cerca de sesenta sociedades que componían el grupo Fincas Atlanta con el único fin de servir a sus intereses, que no eran otros presuntamente que eludir el pago de impuestos y a los proveedores. Así, cuando necesitaba aparentar insolvencia en alguna de ellas para no hacer frente a las deudas, la descapitalizaba y transfería su patrimonio a otra, mantienen en sus escritos.

Por un lado, tenía un grupo de empresas patrimoniales, otro de promotoras y un tercero de servicios. Las primeras se dedicaban a alquilar viviendas y a avalar las operaciones de las promotoras; las segundas a construir, vender pisos a particulares y traspasar inmuebles libres de cargas a las empresas patrimoniales; y las terceras a ser subcontratadas por las promotoras para llevar a cabo las obras, que –además– subcontrataban con diferentes gremios a los que no pagaban los trabajos.

Para la Fiscalía, la estrategia de Eduardo Lacasta y el resto de imputados consistía en poner a salvo de acreedores y proveedores todo el patrimonio libre de cargas de las sociedades del grupo. La manera de hacerlo era transmitir la propiedad de una empresa a otra sin contraprestación económica alguna y sin pagar los impuestos. Además, las transmisiones de las fincas hipotecadas se hacían sin subrogación en la hipoteca y se explotaban los inmuebles sin reflejar las rentas en los balances de las sociedades, según concluyó la investigación.