Zaragoza

Tribunales

El joven que pidió que le cortaran el pene lo grabó todo con su móvil con la intención de hacer el vídeo viral

A. B. insistió al ahora detenido para que le mutilara y lo exime de responsabilidad. La amputación se realizó bajo los efectos del alcohol y fármacos.

juicio autor amputación del pene
Juicio contra Aaron B.
Oliver Duch

El profesor de inglés A. B., de 33 años, llevaba desde los 15 queriendo desprenderse de su pene por su disconformidad con su género y su ausencia de sentimientos masculinos. Sin embargo, nunca se había atrevido a emprender un tratamiento médico y por su mente solo pasaba amputarse el miembro viril. El 8 de marzo pasado, tras reiteradas peticiones, convenció a su compañero de piso Aarón B. M., un joven de 29 años con un largo historial de consumo de drogas y psicofármacos y antecedentes por lesiones y malos tratos, para que se lo cortase.

A cambio le ofreció 200 euros y la posibilidad de obtener unos hipotéticos beneficios de 2.500 e incluso de 5.000 euros si el vídeo que el propio A. B. quería grabar de la mutilación tenía muchas visitas en Youtube. El modo en que se sucedieron los hechos aquel día hicieron que todo su plan se frustrase y ni Aarón B. M. cobró su dinero, ni se hizo viral la grabación porque fue borrada y ni siquiera A. B. consiguió quedarse sin pene, puesto que se lo reimplantaron los urólogos del Hospital Miguel Servet.

Ahora, después de lo sucedido, sigue manteniendo el deseo de hacer la transición de hombre a mujer, aunque esta vez bajo dirección médica. Así lo llegó a poner de manifiesto en las tres declaraciones que hizo ante la Policía y una cuarta en sede judicial.

No obstante, según se recoge en las diligencias policiales, no fue hasta su tercer interrogatorio cuando reconoció que había sido Aarón B. M. quien en la tarde del 8 de marzo le cortó el pene con un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja. En las dos anteriores declaraciones, prestadas cuando estaba hospitalizado, había dicho que se había automutilado y que su compañero de piso no tenía nada que ver.

Pero las investigaciones y las manifestaciones del resto de los inquilinos de la vivienda no le dejaron otra posibilidad que terminar admitiendo que el autor de las lesiones había sido Aarón B. M. A pesar de ello, el profesor de inglés sigue eximiendo de cualquier responsabilidad al detenido e incluso ha renunciado a toda indemnización que pudiera corresponderle.

Pero sus deseos podrían tener escasa repercusión en la marcha del procedimiento. Por un lado, el consentimiento de la víctima rebajaría en uno o dos grados la pena, pero no le eximiría de responsabilidad judicial. Por otro, la existencia de precio (aunque no se haya cobrado) y los antecedentes del investigado, agravarían la condena.

Los testimonios recabados indican que la amputación se llevó a cabo bajo los efectos del alcohol y de fármacos: una vez determinados a hacerla, los protagonistas de esta historia bajaron a un súper a comprar cuatro botellas de vino blanco que ingirieron acompañadas de valium. Después, en la habitación de Aarón B., el profesor de inglés colocó su móvil estratégicamente para grabarlo todo y, cuando se vio preparado, le pidió que lo mutilara. A pesar de que lo habían planeado de manera que creían que no sangraría demasiado, la hemorragia masiva asustó al lesionado, que salió a la calle para buscar ayuda. Mientras tanto, el ahora detenido se afanó tanto en limpiar la sangre del suelo que la Policía no sospechó de él en un primer momento. También deshizo del cuchillo, que aún no ha sido encontrado. Incluso, según contó a otro inquilino de la vivienda, borró la grabación que ahora tratan de recuperar los agentes.

Denegación de libertad

Por otro lado, este miércoles trascendió la negativa de la jueza que instruye la causa a dejar en libertad a Aarón B. M., tal y como solicitó la semana pasada su defensa, que ahora dirige Carmen Sánchez. Para justificar esta petición, aludió a que solo le señalaba como autor la propia víctima en su tercera declaración ante la Policía.

La magistrada Soledad Alejandre, sin embargo, no ha tenido en cuenta esta circunstancia y estima más importante que los hechos constituyen un delito de lesiones graves castigado con penas de seis a doce años de prisión, lo que supone un riesgo alto de fuga.

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