El Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a perder frente a FCC. El Supremo acaba de inadmitir dos recursos municipales contra sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que el pasado mes de junio condenó al Consistorio a abonar 16,8 millones de euros a la contratista de la limpieza pública por las revisiones de precios de 2010, 2011, 2012 y 2013.

La decisión supone la confirmación del criterio de cálculo defendido por la empresa, que reclama unos 50 millones por estas actualizaciones entre 2009 y 2019, aunque el gobierno de ZEC ya avanzó el pago de 10,8 millones de 2012 y 2013 para que no subieran los intereses de demora. Estas dos sentencias se suman a la decisión del Supremo de rechazar la casación formulada por el Ayuntamiento contra la revisión de precios de 2009, de 181.591 euros.

La providencia de inadmisión dice que "falta fundamentación suficiente" en el recurso municipal y da cobertura a la pretensión de FCC de que se computaran los costes de mano de obra en las revisiones de precios. Además, condena en costas al Ayuntamiento.

3.000 euros al día en intereses 

Con el aval de tres sentencias del Supremo y teniendo en cuenta lo ya pagado, en este momento el Ayuntamiento adeuda a FCC por las revisiones de precios 42,5 millones de euros, a los que habría que sumar 3,1 millones por intereses de demora y otros 596.536,36 euros en concepto de reclamación de aval. En total, 46,2 millones de euros. La empresa concesionaria reiteró este jueves que esta deuda supone unos intereses al Ayuntamiento de Zaragoza de 3.000 euros diarios.

Pero el impacto de estas sentencias no se circunscribe a FCC, sino que afecta a todas las contratas municipales. De hecho, Avanza Zaragoza, concesionaria del transporte urbano, ya ha cifrado una deuda pendiente de 28,8 millones de euros en concepto de revisiones y certificaciones y que está a la espera de que resuelva el Supremo o el TSJA. Esta va a ser la principal losa para la futura corporación, que echará a andar el próximo mes de junio.

El gobierno de ZEC ha lamentado que el Tribunal Supremo no se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, dado que existen sentencias contradictorias sobre cómo se computan las revisiones de precios. "Deja al Ayuntamiento en una situación de vulnerabilidad, porque debería haber aclarado, para bien o para mal, un criterio jurídico", indicaron fuentes municipales, que explicaron que este viernes se abordarán en la reunión del gobierno municipal las opciones que se abren a partir de ahora. "Se va a hablar con FCC para evitar esta sangría a la ciudad", han afirmado.

María Navarro, del PP, ha achacado esta losa a "una errónea gestión por parte de los gobiernos de izquierdas". "Urge elaborar ese plan judicial que solicitamos con todos los datos actualizados de sentencias pendientes para poder hacer una estimación económica y planificar cómo poder afrontar esas condenas", ha dicho. Navarro ha recordado que "el Ayuntamiento tiene una delicada situación económica con un endeudamiento desmesurado que impide acceder a fondos estatales para pagar todas las condenas".

Las sentencias han costado desde 2015 más de 93 millones, de los que 34 son intereses