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FCC logra el aval del Supremo y exigirá el pago de más de 40 millones de euros al Ayuntamiento

El tribunal rechaza el recurso municipal contra las revisiones de precios de la contrata de limpieza y ZEC asume que "habrá que pagar".

Servicios de limpieza de FCC en una calle del Casco Histórico, el pasado mes de enero.
Oliver Duch

Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Zaragoza. El Tribunal Supremo acaba de rechazar el recurso municipal contra tres sentencias que avalaban las revisiones de precios exigidas por FCC por la contrata de limpieza entre los años 2009 y 2013, y que sumaban 17 millones de euros. Ahora, la empresa ve reconocida esta deuda, y calcula que con los intereses de demora y los pagos pendientes desde 2014 hasta 2018, la cifra final supera los 50 millones de euros, aunque diez ya fueron abonados como ejecución provisional del fallo.

El conflicto surge a raíz de la reclamación de FCC para que en las revisiones de precios del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de Zaragoza se tuvieran en cuenta las variaciones en los costes de la mano de obra y en las toneladas de residuos recogidas. Sin embargo, el Consistorio siempre ha defendido que estos criterios no debían computar. Para ello esgrimía una reforma de la ley de Contratos del Sector Público, que introdujo mayor rigidez en dichas revisiones, pero que entró en vigor unos días después de que se formalizara el contrato municipal.

El Ayuntamiento ganó el primer contencioso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rectificó esta decisión y validó en junio del año pasado la postura de FCC. El gobierno de ZEC decidió entonces recurrir al Supremo, que el pasado 7 de marzo dictó una providencia en la que no admite la petición municipal «por falta de fundamentación suficiente de que concurren alguno de los supuestos» recogidos en la normativa vigente. Además, impone el pago de las costas por valor de 2.000 euros a las arcas municipales.

La empresa considera que con esta decisión «tienen plenos efectos» las tres sentencias del TSJA, por las que se reconocía una deuda del Consistorio de 17 millones de euros del periodo comprendido entre 2009 y 2013, de los que 10 ya se abonaron por ejecución provisional. «No obstante –recuerdan desde FCC–, se tendría que aplicar la regularización anual correspondiente entre los años 2014 y 2018, y la que hace referencia a 2019».

Periodo de negociación

Por su parte, fuentes del gobierno de ZEC se mostraron ayer resignadas ante la postura del Supremo y reconocieron que «habrá que asumir el pago». Eso sí, critican que «esta es una más de las herencias recibidas», ya que «son revisiones de precios de la época socialista» al frente del Ayuntamiento.

En cualquier caso, desde el gobierno municipal apuntaron que deberán «estudiar» cómo afrontar un pago millonario como al que aboca el Supremo. En primer lugar habrá que abonar los 7 millones que quedan pendientes del periodo de 2009 a 2013. Y posteriormente, sentarse frente a frente con FCC para acordar las revisiones de precios de los años siguientes, algo que en la empresa confían que ocurra «cuanto antes».

El gobierno de ZEC asumía que este escenario «era una posibilidad», y de hecho, desde la oposición ya se venía alertando de las posibles consecuencias de una decisión judicial como la que ahora se conoce.La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, advirtió el verano pasado de que el Ayuntamiento podría tener que hacer frente a una deuda de entre 50 y 60 millones de euros.

Un nuevo conflicto

Este conflicto se une a las tensiones recientes entre la empresa y el Consistorio, que en los últimos meses ha anulado el pago de las facturas del contrato de parques y jardines, que se está prestando mediante reconocimiento de obligaciones, por sospechar que FCC las estaría inflando. Fruto de este desencuentro, la compañía ha denunciado una deuda de más de cinco millones de euros, una situación «muy difícil de asumir» y que «podría poner en riesgo» las nóminas de los trabajadores, según comunicó la dirección.

Ante esta advertencia, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, tildó a los responsables de FCC de «sinvergüenzas» y les avisó de que «no van a cobrar ni un euro» del Ayuntamiento de Zaragoza «hasta que no justifiquen las facturas». Sobre la posibilidad de concertar un encuentro entre las partes para desbloquear esta situación, el edil dijo que «no hace falta ninguna reunión» ya que «las obligaciones no se negocian». Además, mostró su apoyo a los paros parciales que mantienen los trabajadores por motivos laborales.

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