FCC y Avanza reclaman más de 75 millones de euros al Ayuntamiento en revisiones de precios

Las dos principales contratistas del Ayuntamiento de Zaragoza exigen el pago de más de 75 millones de euros en revisiones de precios de los últimos años. Frente a esta abultada deuda, el gobierno municipal rechaza las cifras y defiende seguir litigando en los tribunales, mientras que los grupos de la oposición reclaman a ZEC que sea "realista" y empiece a planificar una estrategia para atender esta losa, la principal que se cierne en el horizonte económico de la ciudad.

Estos datos se dieron a conocer este jueves en el transcurso de una comisión extraordinaria conjunta de Economía y Servicios Públicos, solicitada por el PP tras la decisión del Supremo  de no admitir un recurso municipal sobre la revisión de precios de la contrata de limpieza del año 2009. Al aplicar el criterio de esa decisión del Alto Tribunal al resto de revisiones de precios que quedan pendientes hasta el año 2019, FCC cifra la deuda en 46,2 millones de euros, intereses incluidos (se suman por este concepto 3.000 euros al día).

Por otro lado está Avanza, la empresa del bus. Del total de deuda reclamada por la empresa en concepto de revisiones y certificaciones y que está pendiente de que resuelva el Supremo o el TSJA, quedarían por pagar 28,8 millones, de los que 4 son intereses de demora.

Rivarés suspende una comisión por falta de cuórum y se niega a reanudarla

La edil del PP María Navarro desveló las peticiones de las empresas, además de recordar que hay reclamaciones por valor de 210 millones, pero el concejal de Economía no quiso dar por buenas las cifras, dado que están judicializadas. "Hacer cálculos es hacer elucubraciones", afirmó Rivarés, que solo reconoció los 181.000 euros a los que se ha condenado en sentencia firme al Ayuntamiento por la revisión de precios de la contrata de limpieza entre junio y diciembre de 2009.

105 millones en sentencias

En este sentido, el responsable municipal defendió mantener la vía judicial y rechazó el criterio que acaba de avalar el Supremo respecto a FCC: que los costes de la mano de obra se deben incorporar a las revisiones de precios. "Si pretenden dar por buenos los deseos de la empresa, les sugiero que busquen acomodo en el consejo de administración de FCC, que a lo mejor es un sitio en el que pegarían más que en este Ayuntamiento", le dijo a los ediles del PP.

Rivarés reivindicó el esfuerzo del gobierno municipal para atender las sentencias y recordó que en los últimos cuatro años se han pagado 105 millones. Además, indicó que el gobierno actual se encontró con un fondo de contingencia para atender fallos judiciales de 250.000 euros y hoy se reservan 5,5 millones.

Pero el resto de los grupos le reclamaron que empiece a elaborar un plan para atender la deuda de las contratas. "Claro que sabemos que las sentencias no son firmes, pero hay que planificar", afirmó Navarro, que recordó que el criterio del Supremo para valorar la reclamación de FCC será de aplicación a todas las contratas. Indicó además que el Ayuntamiento no puede acceder al Fondo de Impulso Económico (FIE), una línea de crédito habilitada por el Estado para pagar sentencias, dado que Zaragoza incumple la ratio de deuda. Rivarés insistió en que hay "fórmulas para acceder al FIE", aunque no las concretó.

La edil socialista Marta Aparicio defendió la vía judicial, rechazó las cifras de las empresas, pero admitió la existencia de un problema. "No tiene sentido hacer aspavientos. Hay que ponerse a trabajar en el peor de los escenarios para que el próximo gobierno no se coma el marrón", afirmó Aparicio, que abogó por negociar.

Sara Fernández, de Cs, exigió a ZEC "no cerrar los ojos" y pidió un "informe detallado" del impacto de las sentencias de revisiones de precios. Carmelo Asensio, de CHA, reclamó planificación ante "una vía judicial que se agota" y sostuvo que es necesario negociar con FCC.