Las sentencias han costado desde 2015 más de 93 millones, de los que 34 son intereses

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que asumir desde 2015 el pago de más de 93 millones de euros en sentencias desfavorables, de los que 34 millones son intereses de demora. Para atender esta deuda, se ha recurrido a las líneas de crédito que ha habilitado el Estado para este tipo de gastos, que han permitido atender la mayor parte de la cantidad (73 millones). El resto, unos 20 millones, ha sido asumido con fondos propios del Consistorio.

Este es uno de los elementos más relevantes del balance de gestión que ofreció este martes el concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, que explicó que en 2015 ZEC se encontró un Ayuntamiento en una situación de "quiebra técnica absoluta", con casi 1.000 millones de euros pendientes de pago, entre deuda a largo plazo, partidas infradotadas o reclamaciones de proveedores.

En esa herencia también había en ese momento 45 sentencias firmes que sumaban 41 millones de euros, de los que 17 eran intereses de demora. Con el paso del tiempo, fueron sumándose otros fallos que se remontaban a la corporación anterior, la etapa más dura de los impagos municipales por el desplome de los ingresos que acarreó la crisis.

Esa primera tacada de sentencias se abonó con cargo a 40 millones de euros del Fondo de Impulso Económico, planteado por el Estado para que los ayuntamientos pudieran atender el pago de fallos judiciales. El año siguiente se solicitaron 33, de los que la mayor parte se destinaron al abono parcial de un conjunto de sentencias vinculadas a la contrata de transporte: se saldaron 21 millones por impagos de certificaciones y revisiones de precios.

Por otro lado se atendieron 10,8 millones de euros por revisiones de precios de FCC de los años 2011 y 2012. Esta es solo una parte de las cuantías que se adeudan a la contrata de limpieza pública, que reclama otros 7,9 millones por revisiones de precios de los años 2010 y 2011. Además, hay otra sentencia vinculada a los años 2012 y 2013 por valor de otros 10,8 millones de euros pendiente de casación ante el Supremo.

Al margen de las grandes contratas, durante estos cuatro años se han afrontado sentencias relacionadas con expropiaciones de suelo. La más importante es reciente. Se trata de la ocupación de los terrenos del Tiro de Pichón: este proceso le costará al Ayuntamiento 12,3 millones, aunque 2,3 se abonaron en 2009. Respecto a la cantidad pendiente, 4,1 se pagaron en diciembre y quedarán otros 3,1 para el primer trimestre de este año. Faltarán otros 2,6 millones en intereses, que se dejan para el 30 de junio de 2020.

Además, el Consistorio afrontó el pago de más de 10,4 millones por la expropiación de unos terrenos en la avenida Puente del Pilar, de los que la mitad eran intereses de demora. En el capítulo de obras, destaca el caso del balcón de San Lázaro, que le costó a la ciudad 7,2 millones de euros y otros 1,3 en intereses. O el pago de 4,5 millones en intereses de demora por la adquisición de diversos terrenos en el triángulo de la Almozara para el plan de acompañamiento de la Expo.

No fue el de las sentencias judiciales el único aspecto que citó Rivarés en su balance. Además, recordó que la auditoría interna encargada al acceder a la alcaldía detectó 55,4 millones en partidas infradotadas en 2015, deuda que se tuvo que absorber a lo largo del ejercicio. Además, en 2017 se tuvieron que atender 64,7 millones en deuda de proveedores.

Pese a esta situación, que Rivarés describió como "paupérrima" y "de llanto", el edil se mostró satisfecho por la gestión económica de estos años. Destacó la reducción de la deuda, que es fruto de la intervención de las cuentas municipales por parte del Estado, dado que el Ayuntamiento tuvo prohibido solicitar nuevos créditos hasta 2018. También subrayó la salida del plan de ajuste económico en julio de 2017.