Enrique Irazabal Serrano, de 72 años, el supuesto hombre de negocios que en 2006 se presentó en Gallur con un imaginario proyecto empresarial de 50 millones de euros que iba a crear decenas de puestos de trabajo en la localidad cumplirá finalmente una condena de cuatro años y tres meses de prisión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo, que ha revocado parcialmente el fallo que impuso en 2017 la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El tribunal zaragozano condenó a Enrique Irazabal a cuatro años de cárcel por un delito de estafa agravada y otros dos por falsedad en documentos mercantiles. El Supremo modifica estas dos penas, considera los hechos como un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con uno de falsedad y las fija en tres años y cinco meses. Lo que el alto tribunal no modifica son las condenas de seis meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal y de cuatro meses y multa de 2.095.700 euros por blanqueo de capitales indicadas por la Audiencia.

Junto a Irazabal fueron condenados Elsa Andrés Alzola, de 38 años, mano derecha del cerebro de la trama, y Jesús Fernández Fernández, de 61 años, estrecho colaborador de los anteriores. Sus condenas fueron de cuatro años y medio de cárcel por estafa y falsedad, que ahora el Supremo también rebaja a tres años de cárcel y multa de siete meses y medio. Las que deja prácticamente igual son las de Antonio Yoldi Gómez, de 49, penado con dos años de cárcel, y la de Elisabeth Mamontoff Carré, de 69, condenada a 18 meses.

El Supremo mantiene igualmente la indemnización de 4.137.000 euros que los acusados deben pagar a los perjudicados, cantidad de la que responderá subsidiariamente Barclays Bank, entidad que fue absorbida por Caixa Bank.

Los principales acusados reconocieron durante el juicio que se pusieron de acuerdo para urdir una trama delictiva que les proporcionara suculentos beneficios económicos. Irazabal ya había sido condenado en Estados Unidos por una estafa similar y ya tenía experiencia. Así, desde un chalé de Madrid que se convirtió en su centro de operaciones, se dedicaron a recopilar datos sobre sus potenciales víctimas y a contactar con ellas.

Los acusados simularon la existencia de un negocio boyante y atractivo para los inversores por su proyección internacional y solidaria: exportar a países con problemas contenedores móviles de utilidad diversa, como potabilizadoras de agua, desaladoras, elaboración de comida deshidratada, asistencia médica...

Con este proyecto, que hicieron creer que ya estaba implantado en muchos países, Irazabal se presentó en Gallur y, al igual que en otros pueblos de España, captó a numerosos inversores que perdieron su dinero. Pero los zaragozanos lo denunciaron y los estafadores han terminado condenados.