El que estaba llamado a ser uno de los proyectos industriales más importantes de Aragón ha terminado en el despacho del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, quien investiga al empresario vasco Enrique Irazabal Serrano y a otras cinco personas relacionadas con la multinacional Scinet-Corp por una presunta estafa de casi 12 millones de euros.

Los ahora imputados se dieron a conocer en la comunidad a finales del año 2006, cuando anunciaron que iban a instalarse en el polígono industrial de Gallur para construir miniplantas productivas transportables –de pan, de envasado de alimentos, de piezas industriales, potabilizadoras de agua, etc )– para países en desarrollo. La multinacional firmó una reserva de suelo con el consistorio y dijo que invertiría 49 millones de euros en una fábrica que daría empleo a 350 trabajadores. Pero los cantos de sirena se apagaron y los impulsores del proyecto fantasma han acabado, de momento, encartados.

Los presuntos estafadores no solo dejaron colgados al Ayuntamiento de Gallur, que denunció en los tribunales el incumplimiento del contrato de compraventa de 31 hectáreas de terreno y logró que le reconocieran el derecho a quedarse la fianza de 19.020 euros que había depositado Scinet-Corp. Según la Policía, los principales perjudicados por las supuestas tretas de esta compañía fueron aquellos que decidieron invertir su dinero en el macroproyecto. Entre estos figuran grupos empresariales, particulares e incluso los gobiernos de países caribeños como Trinidad y Tobago o africanos, como Ghana. Sin embargo, los primeros en denunciar la presunta estafa, a mediados del año 2011, fueron cuatro afectados de Zaragoza, de ahí que la instrucción del caso haya recaído finalmente en un juzgado de la capital aragonesa.

Según ha podido saber HERALDO, quienes dieron la voz de alerta a orillas del Ebro fueron el Grupo Empresarial Lapesa, que se dedica a la fabricación de calderería y depósitos para gas; Mainfer, mayorista de industria y ferretería; Duarte Siglo XXI, que fabrica estructuras metálicas, calderería y cerrajería; y un particular. Todos ellos presentaron una denuncia conjunta que fue la que dio pie a las primeras pesquisas. Sin embargo, meses más tarde, el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid abrió una causa paralela contra la misma multinacional por idénticas sospechas de estafa. Esto acabó bloqueando la instrucción del asunto en Zaragoza, ya que el magistrado solicitó a su colega madrileño una serie de documentación que ha tardado casi tres años en recibir. Principalmente, porque los imputados no han dejado de recurrir cada una de las resoluciones que se adoptaban en la capital de España.

El juez madrileño ha terminado inhibiéndose en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, por lo que ha entregado a su responsable todas las diligencias de investigación que había practicado hasta la fecha. De momento, el magistrado José Ignacio Martínez no ha ordenado más pruebas ni ha citado a ningún encausado, aunque podría hacerlo en las próximas semanas. Tampoco sería extraño que pidiese a la Fiscalía y a las acusaciones particulares que presentasen sus respectivos escritos de calificación. En tal caso, el asunto podría acabar pronto en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Según la investigación policial, la estafa podría ascender a unos 12 millones de euros, de los cuales, alrededor de 700.000 se corresponderían con el ‘agujero’ que Scinet-Corp habría dejado en Zaragoza.

No es la primera vez que Enrique Irazabal Serrano tiene que saldar cuentas con la Justicia. De hecho, ya lo hizo en 1994, cuando residía en Miami (Estados Unidos) y fue condenado por fraude y blanqueo de dinero. Entonces, quedó probado que el empresario vasco logró seducir vía e-mail a medio millar de emprendedores latinoamericanos para que invirtieran en otro falso negocio, lo que le permitió apropiarse de casi un millón y medio de dólares.