La Fiscalía acaba de solicitar 16 años y 8 meses de cárcel y más de ocho millones de euros en multas para Enrique Irazábal Serrano, responsable de la sociedad Scinet e impulsor de un macroproyecto que iba relanzar internacionalmente a Gallur como sede de una gran planta ensambladora de módulos multiusos destinados a países del tercer mundo. El ahora acusado y seis estrechos colaboradores -para los que también se piden penas que suman casi 40 años de prisión- prometían una inversión de 47 millones de euros y empleo para 350 vecinos, "anzuelo" con el que consiguieron que el Ayuntamiento de Gallur se comprometiera a ofrecerles 317.000 metros cuadrados de suelo público en el polígono Monte Blanco. La cuidada "puesta en escena" y los "pingües beneficios" que garantizaban arrastraron también a cerca de 40 empresas y particulares, que invirtieron 4,2 millones en el proyecto. Sin embargo, la Fiscalía asegura ahora que "nunca" hubo la más mínima intención de construir nada y todo fue "un plan criminal" urdido por Irazábal y sus cómplices para obtener de forma ilícita el mayor rédito posible.

Enrique Irazábal se presentó en Gallur en 2006 con un halo de empresario de éxito y con un proyecto bajo el brazo que hubiera seducido a cualquier regidor municipal. El supuesto empresario llegaba dispuesto a construir en el municipio zaragozano una planta de ensamblaje de contenedores móviles y multiusos. Según el representante de Scinet, en ellos podrían instalarse desde potabilizadoras de agua a minihospitales, pero también panaderías, productoras de botellas de plástico, deshidratadoras, panaderías, cocinas, aulas de enseñanza... En definitiva, un sinfín de usos de gran utilidad en países subdesarrollados, ya que este era el mercado para que el estaban destinados.

Como recuerda el ministerio público en su escrito de acusación, a la hora de "vender" su "boyante negocio" tanto al entonces alcalde de Gallur, Antonio Liz (CHA), como a los potenciales socios proveedores o inversores, Irazábal o cualquiera de sus colaboradores presumían del supuesto prestigio y proyección internacional de Scinet. De hecho, llegaron a decirles que contaban con plantas de montaje ya en marcha en 70 países, entre otros, Estados Unidos, México, Holanda o Brasil, cuando todo era falso.Un gran ‘escaparate’ en internet

Para convencer a todo el mundo de la credibilidad de su negocio, según la Fiscalía, Irazábal se apoyó principalmente en Elsa A. A., experta informática que construyó "todo el montaje tecnológico que sirvió para publicitar en internet información falaz sobre las empresas vinculadas al proyecto criminal de Scinet". Según la acusación pública, la información que se daba a través de estas páginas web era totalmente falsa, pero esta mujer se encargaba de lucirla y actualizarla para que quien la consultara pensara que tras ella había un proyecto viable y solvente. Con el mismo fin, asegura la Fiscalía, desde un chalé de Madrid -domicilio de Irazábal y centro de operaciones de Scinet- se confeccionaban documentos que "manipulados o simulados, se remitían a los perjudicados y a los organismos oficiales" con el mismo fin: aparentar una falsa realidad.

El estrecho grupo de colaboradores de Irazábal lo completaban Elisabeth M., Jesús F. F., Antonio Y. G., José Miguel C. C. y Antonio Y. S., quienes se repartían distintas tareas, todas dirigidas a conseguir un ilícito enriquecimiento. Conforme al escrito de la Fiscalía, algunas de estas personas figuraban como testaferros en las numerosas empresas pantalla que Scinet utilizaba para mover y ocultar el dinero que recibía de los inversores. En cualquier caso, recuerda el ministerio público, quien realmente dirigía todo este entramado fraudulento era Irazábal. Sus cómplices se encargaban también de seleccionar a sus potenciales víctimas de entre notables empresarios del país, a los que luego visitaban para venderles el proyecto. Algunos les dieron 2.500 euros, pero otros llegaron a desembolsar hasta 450.000 euros en un macroproyecto de paja. Ahora, todos intentan recuperar su dinero a través de esta causa judicial.