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El juez abre juicio por la macroestafa de Scinet en Gallur y pide fianzas millonarias

Cita a Enrique Irazábal y a su principal colaboradora para una vista en la que decidirá si los envía a prisión antes del juicio, como piden la fiscal y las acusaciones.

Cuando presentó su proyecto en Gallur, Enrique Irazábal, prometió crear hasta 350 puestos de trabajo. El Ayuntamiento le ofreció todo tipo de facilidades, incluida la reserva de una extensa parcela de suelo en el polígono industrial Monte Blanco.
Cuando presentó su proyecto en Gallur, Enrique Irazábal, prometió crear hasta 350 puestos de trabajo. El Ayuntamiento le ofreció todo tipo de facilidades, incluida la reserva de una extensa parcela de suelo en el polígono industrial Monte Blanco.
Asier Alcorta

El contundente escrito de acusación de la fiscal Nieves Zaragoza contra el responsable de la sociedad Scinet e impulsor de un falso proyecto empresarial en Gallur, Enrique Irazábal Serrano, ha ido seguido de un no menos rotundo auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado José Ignacio Martínez Esteban, titular del Juzgado de Instrucción Número 1.

El juez dirige la causa contra el supuesto empresario por delitos de creación de organización criminal, estafa continuada, falsedad en documento público, oficial y mercantil, blanqueo de capitales y usurpación de identidad. También abre juicio contra los seis presuntos cómplices que le ayudaron a captar capitales por importe de 4,2 millones de euros entre cuarenta empresarios de Zaragoza y otras provincias, para invertirlos en un proyecto industrial que no existía más que en su mente.

El acusado se presentó en 2006 en Gallur anunciando que su sociedad Scinet se iba a instalar en el polígono industrial para construir contenedores multiusos para países en desarrollo. La presentó como una multinacional que pensaba invertir 47 millones de euros en el pueblo y dar trabajo a 350 personas y llegó a firmar una reserva de suelo público de 317.000 metros cuadrados en el polígono Monte Blanco. Su atractiva propuesta, presentada con una cuidada puesta en escena, atrajo a cerca de 40 empresas y particulares, que invirtieron 4,2 millones en el proyecto.

El plan resultó ser una presunta estafa y, tras años de instrucción judicial ?(el caso se atascó en un juzgado de Madrid), la Fiscalía de Zaragoza solicita para Enrique Irazábal 16 años y 8 meses de cárcel, mientras que para sus colaboradores reclama distintas condenas por estafa y otros delitos que suman 40 años de prisión. El ministerio público valoró el fraude en 4.226.700 euros y solicitó que se declarara la responsabilidad civil de Barclays, lo que también ha sido acordado por el magistrado.

Sin código de buenas prácticas

El juez argumenta en su auto que si bien es cierto que no se han encontrado indicios de la participación directa en los hechos de personas vinculadas a la entidad, también lo es que, al menos en relación con las actividades de Enrique Irazábal, no consta que la entidad adoptara "todas medidas y actuaciones que un código elemental de buenas prácticas aconsejaría".

Por esa razón, dirige la acusación contra Barclays como responsable civil subsidiaria para que responda de la fianza de 4,2 millones que reclama a los acusados, en el caso de que estos sean insolventes.

Además, el juez señala otras fianzas millonarias para responder por las multas que puedan derivarse de la causa y, en el caso de Irazábal, las fija en 8,1 millones de euros. A su mano derecha en toda la operación, Elsa A., le pide que deposite 6 millones por este concepto, mientras que al resto le solicita cantidades entre 8.100 y 72.000 euros. En el caso de que no depositen estas cuantías, ordena que se proceda al embargo de los bienes a su nombre.

Ante la gravedad de los hechos, la fiscal ha solicitado al juez que decrete la prisión provisional sin fianza de Enrique Irazábal y Elsa A., petición que otras acusaciones particulares, en nombre de los perjudicados, han hecho extensiva para el resto de acusados. Por esta razón, el magistrado los ha citado el próximo mes de septiembre para celebrar una vista en la que decidirá si los envía o no a la cárcel.

Hasta estos momentos, el único sobre el que pesan medidas cautelares es Enrique Irazábal, a quien se le retiró el pasaporte y debe comparecer cada primero de mes en los juzgados. Los perjudicados temen que pueda fugarse, ya que tiene a toda su familia residiendo en Estados Unidos. No sería la primera vez que se marcha del país estando reclamado por juzgados –ya lo hizo en la década de los años 80– y por eso solicitan su ingreso en prisión provisional.

Ahora se abre un plazo para que los respectivos abogados de los acusados presenten sus escritos de defensa.

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