El falso empresario que quería invertir 50 millones en Gallur admite que fue una estafa

Enrique Irazabal Serrano se presentó en 2006 en Gallur con un proyecto empresarial que iba a poner en el panorama internacional a la localidad zaragozana. Allí iba a invertir 50 millones de euros para crear una gran planta ensambladora de contenedores multiusos transportables para países del tercer mundo. Su visionario plan no solo era atractivo por su alta rentabilidad, sino también por la aparente filantropía que encerraba, en su afán de ayudar a los más desfavorecidos.

Como máximo responsable de la rimbombante firma Scinet-Corporation, con supuesta sede en el Reino Unido y presunta presencia en países de todo el mundo, hizo una magnífica puesta en escena en Gallur ante el alcalde y más de mil vecinos. Les contó que tenía entre sus clientes a gobiernos de todo el planeta y a organizaciones como el Banco Mundial y filiales de la ONU, y que atendía 140.000 pedidos de miniplantas al año destinadas a unos 60 países.

De aquella reunión saldría con la adjudicación de una parcela municipal de 317.000 metros cuadrados (que luego recuperó el Ayuntamiento) y varios inversores convencidos. Al final, entre empresarios de Zaragoza y otras provincias captó a 37 personas que le entregaron 4,2 millones de euros. Con el tiempo, algunos de ellos se percataron de que todo era una filfa y, tras investigar primero por su cuenta y ponerlo luego en manos de la Policía, lograron que en 2011 se abrieran diligencias judiciales. Tras cinco años de instrucción –atascada en Madrid– la Fiscalía concluyó que Irazabal nunca tuvo la más mínima intención de construir nada y todo fue un plan criminal urdido por él y secundado por sus cómplices –Elsa Andrés, Jesús Fernández Fernández, Elisabeth M., Antonio Y. G., Antonio Y. S. y José Miguel C. C.– para obtener de forma ilícita el mayor rédito posible.

Durante sus años de expansión empresarial, Irazabal amenazaba con querellas contra el derecho al honor a todo aquel que osara poner en duda su proyecto, pero ayer, tanto él como su mano derecha, Elsa Andrés, y su colaborador Jesús Fernández, reconocieron las acusaciones del fiscal. No obstante, por indicación de su letrado, Enrique Trebolle, dejaron claro que no se conforman ni con la calificación jurídica que hace ni con las penas que les pide.

Exento de estar en el juicio

La Fiscalía acusa a Irazabal, de 70 años, de creación de organización criminal, pertenencia a la misma, estafa continuada, falsedad en documento público, oficial y mercantil, y blanqueo de capitales y solicita para él 16 años y 8 meses de cárcel. Para Elsa Andrés pide 12 años y medio de prisión y 9 y medio para Jesús Fernández. Ninguno de los tres quiso declarar ayer y el tribunal eximió a Irazabal –en prisión provisional desde diciembre de 2016–, de estar presente en las cinco sesiones del juicio pendientes, después de que su abogado lo pidiera alegando problemas de salud.

Quienes sí declararon fueron Antonio Y. G. ("delegado en el exterior" de Scinet); su padre Antonio Y. S. (que pensó en Gallur para el proyecto); la viceconsejera de la firma, Elisabeth M. C. y el abogado José Miguel C., que trabajó para Scinet durante un tiempo.

Todos coincidieron en que cuando oyeron hablar a Irazabal y de su negocio se quedaron "impactados", tanto por su "potencia" intelectual (como dijo Antonio Y. G.) como por su capacidad de persuasión. Incluso ayer volvieron a hablar maravillas de él y dijeron que les costó creer que fuera un engaño, a pesar de que a día de hoy ninguno de ellos ha visto físicamente ni un contenedor ni ha pisado una de sus supuestas fábricas.

Antonio Y. G., ingeniero de profesión, conoció el proyecto por internet, a través de páginas excelentemente preparadas y posicionadas por la experta informática Elsa Andrés. Se lo contó a su padre, que pensó en Gallur, y a partir de ahí se inició todo. "Yo veía que era de verdad. Pensé que gente como los damnificados del huracán Katrina se podía beneficiar de potabilizadoras de agua. El proyecto me movió", dijo.

Antonio Y. G. dijo que trabajó de 2000 a 2008 para Scinet, sin cobrar durante seis años. Declaró que su misión era hablar con personas de su entorno para proponerles unirse a tan interesante proyecto y entre sus conocidos captó a gente que puso más de un millón de euros. "Tenía muy buenas referencias. Enrique me enseñó modelos de utilidad de cada patente y cada una valía 700 millones de euros", contó. Recordó que viajó con Irazabal y su hijo a Panamá –donde se reunieron con el ministro de Industria– y también a China, Suiza, Estados Unidos y Londres.

La acusada Elisabeth M.C. dijo que tanto ella como el acusado y abogado José Miguel C. eran unos "enamorados" del negocio de Irazabal. "Cuando me contrató me dijo que yo sería su embajadora", dijo. Añadió que y su contribución fue ‘non profit’, es decir, sin ánimo de lucro. "Por echar una manita", dijo.