El futuro del ‘outlet’ Torre Village: cambio del plan general o reclamación multimillonaria

Las obras siguen estos días en la carretera de Logroño como si nada hubiera pasado. Los obreros se afanan en levantar tabiques, meter tuberías, instalar canaletas... Sin embargo, la realidad es que algo ha pasado en Torre Village. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula el plan especial del futuro ‘outlet’ introduce incertidumbre en el proyecto. Está por ver si el golpe consigue tumbar el centro comercial, o si en unos meses ya hay gente comprando por sus calles.

A la espera de los recursos que se van a presentar ante el Tribunal Supremo, los expertos consultados y los responsables de Urbanismo empiezan a vislumbrar dos principales opciones para Torre Village: o se modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para darle cabida o se afronta una reclamación por parte de los promotores que alcanzaría cifras multimillonarias.

¿Por qué continúan las obras si hay una sentencia que ha anulado el plan especial? Para empezar porque el fallo judicial no es firme. Iberebro, sociedad patrimonial de la familia Soláns, ya ha anunciado que va a recurrirlo. Y el Ayuntamiento probablemente también, ya que PP, PSOE y Ciudadanos -los partidos que aprobaron en octubre de 2016 el plan anulado- es previsible que impongan su mayoría para encargar el recurso a la asesoría jurídica. Pero, además, porque los permisos que de momento tiene Torre Village son para naves sin usos. Los trabajos podrían continuar, a la espera de si se le aplica al espacio un uso comercial o, como tenía hasta ahora, industrial.

Todas las partes implicadas, hasta las que van a interponer los recursos, son conscientes de que es difícil que prosperen, ya que los recientes cambios legislativos reducen la casación ante el Supremo a casos muy excepcionales. El plazo para presentarlos expira a mediados de abril, y posteriormente el Supremo tendrá que decir si lo admite o no a trámite.

Si el Alto Tribunal cierra la vía judicial, el plan especial quedaría anulado y el proyecto de Torre Village, herido de gravedad. Si los promotores se quedan sin su ‘outlet’, litigarían por una indemnización multimillonaria. Mediante una negociación con el Ayuntamiento o directamente en los tribunales, se pondría encima de la mesa la inversión realizada -las obras están al 70%-, el coste de los proyectos, las expectativas de negocio frustradas... La cifra ‘mágica’ no se ha desvelado, pero ascenderá a decenas de millones.

Es un escenario que todos los afectados van a tratar de evitar, ante la losa que puede suponer para las arcas municipales. Así, se abre como posibilidad cambiar el PGOU para regularizar la situación. Expertos en urbanismo apuntaron que no sería una modificación compleja, dado que afectaría al artículo 5.4.5 de las normas urbanísticas del plan, en la que se establecen las condiciones para implantar usos comerciales y terciarios en una antigua zona industrial como la de Pikolin.

Explicaron que el PGOU establece como condiciones para la implantación de estos usos comerciales que la parcela disponga de 15.000 metros cuadrados, que se redacte un plan especial y que se aplique un coeficiente para homogeneizar la edificabilidad. Como la sentencia fija una diferencia entre un uso dominante (el industrial) y los complementarios, habría que aclarar que "toda la edificabilidad" se puede destinar a comercios, oficinas, hostelería y ocio. "Para dar seguridad jurídica, habría que corregir línea y media", afirmó un experto consultado.

En los plazos hay discrepancias. Mientras que hay expertos que consideran que una modificación de plan requeriría entre un año y año y medio de trámites -lo que condicionaría los plazos de apertura del centro para este otoño-, otros creen que sería viable una tramitación rápida sin salir del Ayuntamiento de Zaragoza, de poco más de cuatro meses entre la aprobación inicial y la definitiva.

Eso sí, si finalmente se confirma la nulidad del plan especial, todos los trámites que se hubieran hecho con posterioridad serían también nulos. Es el caso del proyecto de reparcelación, de urbanización y las licencias concedidas. Las obras no podrían continuar. Por tanto, una vez finalizada la tramitación de la modificación puntual del PGOU habría que convalidar de nuevo todos los documentos y acuerdos. En cualquier caso, el proceso electoral condiciona cualquier decisión que adopte el Ayuntamiento, por lo que habrá que esperar al resultado de las urnas.

Los demandantes -representantes del pequeño comercio- advierten de que modificar el planeamiento puede suponer un fraude de ley, por lo que su recurso con toda probabilidad sería inmediato. A su juicio, la única opción que queda es que Iberebro limite su proyecto a los usos contemplados previamente, es decir, industriales o de venta mayorista, como Bauhaus.

En este conflicto abierto, no descartan ninguna opción, incluso la de pedir la ejecución de la reciente sentencia si los recursos se admiten a trámite. La guerra no ha hecho más que empezar.