¿Y ahora qué: paralización, nueva revisión de plan o indemnización?

Es demasiado pronto para poder valorar y analizar con pleno rigor jurídico y administrativo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula la sentencia del plan especial de Torre Village. Más cuando incluso alguna de las partes implicadas, como la propia promotora Iberebro, se ha enterado de la bomba informativa del día en Zaragoza por la llamada de HERALDO.

Recurso de casación ante el Supremo

Pero sobre la marcha se puede vislumbrar por dónde pueden ir los movimientos y las estrategias. El fallo del TSJA no hace mención expresa de la posibilidad de recurso, pero expertos jurídicos consultados por este periódico consideran que quedaría abierta la vía de la casación ante el Tribunal Supremo. Una puerta con escaso resquicio en cualquier caso, puesto que desde la reforma de la ley de 2015 la casación queda constreñida a supuestos muy especiales o extraordinarios, como errores graves en la valoración de las pruebas, o ante la existencia previa de sentencias dictadas por otros órganos jurisdiccionales y de contenido opuesto a la que se pretende impugnar. Vía compleja, en definitiva, pero que ante un caso de las dimensiones políticas y económicas como este no cabe descartar de antemano. La interposicion del recurso permitiría ganar tiempo a los promotores, ya que en tal caso la sentencia del TSJA no sería firme hasta que la impugnación se resolviera o se desestimara. En este último supuesto, como mínimo dos meses.

Tampoco es la única salida posible. En el frente netamente administrativo -es decir, en el Ayuntamiento de Zaragoza- cabría un acuerdo para retrotraer actuaciones. Es decir, someter de nuevo a debate el plan especial y adecuarlo a las exigencias de la propia sentencia y, por tanto, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza. Se antoja una modificación sustantiva, puesto que la Justicia ha considerado que sobre unos suelos industriales se han autorizado usos dominantes comerciales, pero no imposible. Probablemente, el proyecto quedaría reducido y aquilatado en sus pretensiones de ser el gran ‘oulet’ de la ciudad. Y con toda seguridad, sufriría retrasos hasta que se complete el trámite de revisión del Plan General, que con el cambio de Corporación tras las elecciones del próximo mes de mayo no sería inferior a un año.   

Retrotraer actuaciones administrativas

Zaragoza cuenta con un precedente de menor envergadura, pero tal vez paradigmático. Se remonta al año 2000, cuando el Gobierno municipal del PP, autorizó las licencias de actividad y apertura del híper de Alcampo en Utrillas, con unos usos comerciales de más de 25.000 metros cuadrados, que el pequeño comercio consideró que excedían el tope autorizado en el PGOU. La diferencia estribaba en que no se habían computado unos 10.000 metros para tal uso bajo rasante. Sucesivas sentencias dieron la razón a los recurrentes, hasta que en 2014 el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del procedimiento. Con el centro comercial ya terminado y abierto durante tanto tiempo, la sentencia se consideró de imposible ejecución. Finalmente, se acordó indemnizar a los recurrentes del pequeño comercio con 300.000 euros, pese a que en la tensión de las negociaciones se llegó a reclamar hasta 10 millones de euros.

Indemnización, lucro cesante

Indemnización, es la tercera palabra clave que se dibuja en el horizonte y amenaza con grandes costes para el Ayuntamiento y, por tanto, para la ciudadanía. SI el plan se anulara y las obras se paralizaran definitivamente, es casi inevitable que la promotora de Torre Village inicie negociaciones políticas o un procedimiento judicial de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración y lucro cesante, en el que habría que valorar el coste de los proyectos, de la obra ejecutada y del volumen de negocio del que se le privaría. Sin duda, estaríamos hablando de cifras millonarias. Por eso es un supuesto que todo el mundo intentará evitar a toda costa.