El conflicto del ruido se encona y el Justicia convoca una mesa de negociación

Los vecinos denuncian nuevos incumplimientos y los hosteleros critican el botellón. Dolado se ofrece de mediador por la falta de "resultados satisfactorios".

Las calles del Tubo, entre las más expuestas de la ciudad al ruido del ocio nocturno.
Las calles del Tubo, entre las más expuestas de la ciudad al ruido del ocio nocturno.
Aránzazu Navarro

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha convocado a las partes implicadas en el conflicto del ruido en Zaragoza a sentarse alrededor de una mesa sobre el ocio nocturno para buscar una solución. Lo hace tras comprobar que "las diferentes intervenciones, a pesar del esfuerzo de las administraciones, no han obtenido resultados satisfactorios" y, además, después de que este fin de semana tanto las plataformas vecinales afectadas como las asociaciones hosteleras hayan vuelto a insistir en sus argumentos: unos, el incumplimiento "sistemático" de los niveles de decibelios establecidos; y los otros, la "pasividad" del Ayuntamiento ante fenómenos como el botellón.

Todo ello en plena tramitación de la nueva ordenanza de contaminación acústica que el gobierno de ZEC aprobó el pasado 31 de enero y que todavía debe superar un mes de información pública, y su posterior votación en la comisión de Medio Ambiente y en el pleno municipal.

El nuevo texto legal busca sustituir al anterior, que data de hace más de quince años y que debe ser adaptado a las normativas aragonesas y españolas vigentes. La propuesta del equipo de gobierno prohíbe el consumo en el exterior de los establecimientos, salvo en zonas autorizadas, y hace responsables solidarios a los consumidores y a los propietarios. Además, prevé sanciones de hasta 300.000 euros, endurece los niveles de ruido permitidos por la ley autonómica, contempla instalar limitadores coordinados con la Policía Local y propone un protocolo de evaluación de molestias.

Estas restricciones provocaron que la semana pasada las principales asociaciones hosteleras se unieran para rechazar la nueva ordenanza, que a su juicio "pone en riesgo" el futuro del sector, y reclamar al Consistorio abrir canales de diálogo para modificarla. Desde una de estas entidades, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Aragón (Apeha), denunciaron este fin de semana que "el botellón es la auténtica causa de ruido, molestias e inseguridad, y no los establecimientos de hostelería". A su vez, criticaron la disolución de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local ya que "supone una menor presencia policial en la calle, y por tanto mayor conflictividad y problemas de seguridad ciudadana".

Sin embargo, las plataformas de afectados por el ocio nocturno aseguran que "el botellón es un problema grave, pero es algo distinto al ruido ya que, por dónde se produce, no perjudica a los vecinos", explica Antonio Pérez, de Stop Ruido Casco Histórico. Este colectivo lleva meses midiendo por su cuenta los decibelios en las calles más céntricas de la ciudad y según sus indicadores este fin de semana se volvieron a superar. "Solo luchamos por los derechos fundamentales de los ciudadanos", apunta.

Causas y soluciones

Por todo ello, el Justicia de Aragón citó ayer a las partes implicadas para reunirse el próximo 7 de marzo. "Somos conscientes de la dificultad de la situación, donde se deben conciliar derechos tan dispares y a veces incompatibles como son el descanso vecinal, la actividad empresarial, la libertad deambulatoria y el ocio nocturno", reconocieron en un comunicado.

Sin embargo, Dolado apuesta por celebrar un encuentro en el que exponer las posiciones, diagnosticar las causas del conflicto, establecer puntos de encuentro y plantear soluciones. Al acto estarán invitados los vecinos, las asociaciones de hosteleros y las administraciones implicadas: Ayuntamiento de Zaragoza, DGA y Delegación del Gobierno.

Ronda de contactos

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha citado este jueves a las asociaciones hosteleras de Zaragoza para abordar las demandas del sector respecto a la nueva ordenanza del ruido que ha aprobado de manera inicial el gobierno de ZEC.

Las principales entidades de la ciudad se unieron la semana pasada para mostrar su rechazo a esta regulación, por "poner en riesgo" su futuro. De ahí que se hayan puesto manos a la obra, y no solo se reunirán con el equipo de gobierno, sino que van a celebrar encuentros con todos los partidos de la oposición.

Por su parte, el portavoz de Stop Ruido Casco Histórico, Antonio Pérez, tendió la mano para "dialogar y llegar a consensos" y recordó que "no todos los hosteleros incumplen".

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