El empresario David Monforte ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y multas que superan los 3,5 millones de euros por un delito de fraude en subvenciones y un delito continuado de falsedad en documento mercantil por el negocio de coches eléctricos que puso en marcha en Alcañiz en 2010. Además, la titular del Juzgado de lo Penal de Teruel le ha impuesto como pena la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.

La magistrada ha considerado probado que Monforte, un empresario del sector inmobiliario sin experiencia en el sector del automóvil, constituyó la mercantil Corporación Industrial Z-Mobile con el supuesto proyecto de diseñar, desarrollar y comercializar un vehículo minivolumen de cinco puertas eléctrico. 

Este hipotético proyecto pretendía, en una primera fase, el diseño, desarrollo y puesta a punto del prototipo, y en una segunda, la instalación de una cadena de montaje y producción. Para ponerlo en marcha, Z-Mobile compró una parcela en el polígono industrial Technopark de Motorland y presentó su proyecto empresarial ante distintas administraciones públicas (autonómicas y nacionales). El negocio incluía una inversión subvencionable superior a los 1,3 millones de euros, que se destinarían a la compra de terrenos, la obra civil, la compra de maquinaria y un plan de asesoramientos, entre otras cosas.

El proyecto, que también fue propuesto por el encausado a Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Monzón (Huesca) y Tarazona (Zaragoza), solo se materializó de forma efímera en Alcañiz, aunque sin iniciar la producción y solo mantuvo una plantilla de 11 empleados entre 2011 y 2013. La Fiscalía consideró que Monforte "carecía de toda experiencia, conocimientos, infraestructura y solvencia económica" para llevar adelante su proyecto, que fue impulsado "con ánimo fraudulento".

La magistrada refleja en su fallo que el ahora condenado recibió 70.667 euros del Instituto Aragonés de Fomento en concepto de subvención y 300.000 más como préstamo. Del Instituto para la Reestructuración de la Minería del carbón, obtuvo una subvención de 108.763 euros, mientras que de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa se le concedieron dos préstamos de 565.227 y 500.000 euros. Además, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón le dio una subvención de 221.038 euros.

Para justificar gastos ante los cuatro organismos, Monforte confeccionó facturas falsas que presentó reiteradamente a cada una de las cuatro administraciones públicas que le habían dado ayudas. El empresario conocía que estas mismas facturas reflejaban gastos irreales y por ello, según consta en la sentencia hecha pública este lunes, creó una sociedad instrumental llamada Consultoría de Sociedades y Patrimonio a la que imputó de forma ficticia los gastos de la mercantil Z-Mobile. Según la juez, fue así como dio cobertura y apariencia de realidad al entramado.

A través de varias inspecciones, las administraciones que habían concedido las líneas de ayuda constataron que la nave ubicada en el polígono Technopark estaba prácticamente vacía, que los equipos subvencionados no se encontraban en su totalidad en las instalaciones de la empresa y que en ella no se desarrollaba actividad productiva alguna.

Además de las multas millonarias, el fallo del Juzgado de lo Penal de Teruel establece que el empresario, al que asiste la abogada Carmen Sánchez Herrero y para el que la Fiscalía solicitaba ocho años de cárcel, deberá pagar en concepto de responsabilidad civil algo más de 1,7 millones de euros, de los cuales algo más de uno corresponde a la indemnización al Estado (la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Turismo) y la cantidad restante a la Diputación General de Aragón,  por el dinero que recibió del Instituto Aragonés de Fomento y Departamento de Industria Comercio y Turismo. 

Estas cantidades se verán incrementadas en un 25% para satisfacer los intereses legales de las subvenciones y ayudas que se le concedieron, de acuerdo con la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial del Teruel.

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