Un empresario que logró todo tipo de facilidades para montar, junto a otros, una empresa para fabricar coches eléctricos y generar decenas de puestos de trabajo en Aragón será juzgado por presuntamente meterse en el bolsillo los cerca de dos millones de euros que recibió en subvenciones tanto del Gobierno de España como el de Aragón.

Al menos así lo cree la Abogacía del Estado, que pide ocho años de cárcel para David Monforte Fleta. Esta persona, junto al también empresario José Luis B. H., llevó la ilusión a varios municipios aragoneses prometiéndoles ser sede de un próspero negocio que terminó siendo pura fabulación. En Alcañiz, Ejea de los Caballeros, Monzón y Tarazona les ayudaron en lo que pudieron para sacar adelante el proyecto, lo que permitió al investigado asegurarse unos 1,8 millones de euros en subvenciones. Sin embargo, ni en estas localidades ni en ninguna otra se llegó a fabricar nunca nada.

La denuncia que dio lugar al arresto en 2016 de los empresarios la presentó la Seguridad Social a finales de 2015 en Alcañiz, primer municipio elegido para vender su fábrica de coches ecológicos. La empresa de David Monforte, Coorporación Industrial Z-Mobile, ideó un proyecto para el diseño, desarrollo y comercialización de un vehículo accionado íntegramente con energía eléctrica, dentro del segmento de los mini-volumen de cinco puertas. En una primera fase iba a desarrollar el prototipo y, en la segunda, la instalación de la cadena de montaje y la producción. Todo esto lo iba a llevar a cabo en una nave que compró a Parque Tecnológico del Motor de Aragón S. A. en las instalaciones de la Ciudad del Motor de Alcañiz. Pero lo único que construyó allí fue una nave donde nunca nadie trabajó, puesto que el encausado no destinó el dinero recibido al fin previsto.

En octubre de 2010, fecha de comienzo de la actividad de Z-mobile, David Monforte ya había presentado ante distintas Administraciones Públicas regionales y nacionales su proyecto empresarial, con una inversión subvencionable de 1.329.423 euros, que comprendía, entre otras cosas, compra de terrenos, obra civil, maquinaria o asesoramientos. En total, la mercantil percibió ayudas públicas por importe de 1.765.695 euros, de los cuales alrededor de 700.000 eran del Instituto Aragonés de Fomento, del de Reestructuración de la Minería del Carbón y del departamento de Industria, Comercio y Turismo de la DGA y el resto, algo más de un millón de euros, del Ministerio de Industria (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa).

Para ofrecer una imagen de solvencia y credibilidad ante los distintos organismos -el Ministerio de Industria y la DGA, entre otros- el acusado utilizaba una estrategia que consistía en hacer un pedido voluminoso a una empresa proveedora con el fin de mostrar unas expectativas de negocio y utilizaba las facturas y justificantes bancarios para tramitar las subvenciones. Sin embargo, una vez conseguido su propósito, el investigado cancelaba sistemáticamente los pagos efectuados a los suministradores.

Normalmente, abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA, para después dejar impagado el resto. De esta forma, David Monforte, según la acusación, obtenía tanto las facturas como los justificantes bancarios y luego los presentaba como justificación de gasto a las diferentes administraciones de las que percibía ayudas, ocultando las cancelaciones que hacía a través de cuentas que tenía en otros bancos.

Según reveló la investigación policial, el encausado destinó parte de los fondos públicos percibidos a usos personales. Durante los años 2010 y 2012 cargó en las cuentas de Z-Mobile, gastos por importe de 200.836 euros en los que se incluyen compras en comercio y viajes al extranjero, como Cuba y Shanghái, cursos de formación personales y el pago de nóminas a cargo de dinero recibido de subvenciones, por importe de 181.839 euros.

Las distintas administraciones perjudicadas comprobaron tras la denuncia que la nave levantada por Z-Mobile en la Ciudad del Motor está prácticamente vacía, que no se había ninguna inversión y que carecía de actividad productiva. "En cuanto a la subvención por empleo, se comprobó que la empresa justificó tener dados de alta a 11 trabajadores, si bien en el informe de la Agencia Tributaria se señala que solo tuvo empleados hasta febrero de 2013", dice la acusación.

La defensa, a cargo de la letrada Carmen Sánchez Herrero, niega cualquier intento de engaño por parte de su cliente y pide su absolución.