David Monforte, un empresario zaragozano, se sienta desde este martes en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Teruel acusado de haber defraudado 1,7 millones de euros de subvenciones y préstamos de la Administración Pública. Solicitó las ayudas en 2010 para poner en marcha una planta de diseño y fabricación de coches eléctricos en el polígono industrial Technopark de Motorland, en Alcañiz, pero, según sostiene el fiscal, cuando a partir de 2013 los organismos oficiales que habían concedido las ayudas inspeccionaron las instalaciones, las encontraron casi vacías y sin actividad.

Monforte recibió del Gobierno aragonés ayudas que rondan los 600.000 euros ya que el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) le concedió una subvención de 70.667 euros y un préstamo de 300.000 euros y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, otra subvención de 221.000 euros. Por parte del Gobierno central, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, más conocido como Plan Miner, le aportó una subvención de casi 109.000 euros mientras que desde la Dirección General de Industria se le concedieron préstamos por 565.227 euros y 500.000 euros.

El acusado se declaró inocente y dijo que no engañó a nadie porque todo el dinero recibido lo invirtió en la compra del terreno y en el proyecto. Afirmó que su empresa, Z Movile, no salió adelante al fallarle la financiación privada que esperaba y “tener mala suerte con tres de los proveedores”. Aseguró que, tras el fracaso de su proyecto en Alcañiz, él siguió desarrollando su prototipo de coche eléctrico en Zaragoza y ahora “está casi terminado”. “En este país, las cosas se dan por perdidas enseguida, pero yo no me rindo”, agregó en los pasillos del Juzgado.

Su abogada, Carmen Sánchez, que pide para él la absolución, acusó a la Administración Pública de dar las subvenciones “de forma muy ligera y sin control”. “La Administración debió tomar más medidas de precaución, era su obligación, no la de mi cliente”, dijo la letrada.

El fiscal pide para Monforte 8 años de cárcel por un delito continuado de fraude de subvenciones y otro de falsedad en documento mercantil, además de una multa del doble del importe de las ayudas recibidas (3,5 millones) y otra de 7.200 euros y la devolución de la cuantía de las subvenciones. Esta parte sostiene que el acusado confeccionó facturas falsas y aportó otras que no obedecían a gastos realmente soportados por estas, además de usar fondos públicos para asuntos personales. La DGA y el Estado –ejercen la acusación particular– piden 7 y 8 años de prisión, respectivamente.

Entre los testigos, este martes declaró el exconsejero de Industria de la DGA y expresidente de Technopark, Arturo Aliaga, quien afirmó que el control en la concesión de subvenciones por parte del Gobierno aragonés es “exhaustivo”. “Ha fallado una entre 700 peticiones de ayuda al año”, resaltó.