La variante de Jaca salva el último escollo judicial y deja vía libre al Ministerio para licitar las obras
La Audiencia Nacional rechaza el recurso de la Asociación Jaca sin Perder el Norte y avala la declaración medioambiental. Los PGE tienen una partida de 2,5 millones y podría haber máquinas a mediados de 2023.
La Audiencia Nacional ha dado carpetazo definitivo a la lucha judicial que emprendió hace siete años la Asociación Jaca Sin Perder el Norte para tratar de modificar el recorrido de la variante de 8 km propuesta para conectar las dos autovías del Pirineo (A-21 y A-23) y llevarla en cambio por la zona sur de la ciudad.
Al rechazar este último recurso, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya tiene vía libre para licitar las obras, que tienen una partida de 2,5 millones de euros reservada en los Presupuestos Generales de 2023 por lo que podrían arrancar a mediados de año si se agilizan los plazos.
La Sala de lo Contencioso ha desestimado el recurso que interpuso esta plataforma vecinal contra una resolución de la Secretaría de Estado de 11 de marzo de 2020 que ya rechazó unas alegaciones en las que instaba a la Administración a declarar la invalidez de la declaración de impacto ambiental aprobada en 2002 en relación al estudio informativo de los distintos corredores al norte del valle del Ebro para conectar el eje Cantábrico con el eje Levanta a Francia por Aragón. Una petición a la que se opusieron la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Jaca.
La asociación argumentaba que la Administración estaba obligada a declarar la "pérdida de vigencia y eficacia" de esa DIA por no haber iniciado la ejecución de las obras dentro de los seis años que establecía la ley como límite, un plazo que, según sus cálculos, había expirado el 12 de diciembre de 2013. Esta inactividad, a su juicio, comprometía la protección de los recursos naturales.
Sin embargo, la Abogacía del Estado replicó que una sentencia previa de la Audiencia Nacional había concluido ya que algunas partes de ese gran proyecto de corredor, que afecta a distintos tramos de las autovías A-21 y A-23, ya se habían empezado a ejecutar antes de esa fecha por lo que la declaración de impacto ambiental estaría plenamente vigente.
Mientras, el Consistorio jaqués recordó los "sucesivos y repetidos pronunciamientos unánimes en apoyo al proyecto de la variante" y que la adecuación del PGOU a las determinaciones del trazado de la autovía era "total".
La Audiencia ya desestimó el 22 de enero de 2021 un recurso de la misma asociación contra la resolución de la Dirección General de Carreteras de 2015 que aprobó el proyecto de construcción y contra la declaración de impacto ambiental formulada en 2002 por la Secretaría General de Medio Ambiente. Fallo que ratificó el Supremo pocos meses después.
En esta nueva sentencia, la Audiencia Nacional explica que el debate litigioso es el mismo que se resolvió hace casi dos años, es decir, si antes del 12 de diciembre de 2019 había comenzado o no la ejecución "de los proyectos o actividades". En el fallo de 2021 se concluyo que sí y ahora se vuelve a ratificar destacando, por ejemplo, que en 2016 se incoó el expediente de expropiaciones y el Consejo de Ministros dio luz verde a la contratación de las obras. Además, el tribunal condena a la asociación a pagar las costas, con un límite de 3.000 euros.
La proyección de los PGE para los próximos años prevé una inversión de 67,5 millones hasta 2027 para las obras de la variante de Jaca. Su coste se estima en 115 millones por lo quedarían por comprometer casi 40. De ello se deduce que la finalización no llegaría hasta 2028 siendo optimistas.
El alcalde, Juan Manuel Ramón, ha defendido reiteradamente la necesidad de ejecutar este proyecto para poder sacar del casco urbano mucho tráfico no deseado de vehículos pesados y mercancías peligrosas que hoy pasan por pleno centro de Jaca. Además, pidió una reunión al Ministerio para recibir información de los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras confiando en poder ver máquinas ya a mitad de 2023.
Otros dos tramos sin obras en las autovías del Pirineo
Este es uno de los tres tramos de las autovías del Pirineo donde aún no han comenzado las obras. En otro de los casos, Lanave-Sabiñánigo, también podrían iniciarse este año gracias a una partida de 3 millones de los PGE. Su coste se estima en 94 millones y hay consignados 65 para los próximos cuatro años por lo que faltarían otros 26 que alargarían el plazo de entrega al menos hasta 2028. Mientras, para Puente La Reina-Fago solo hay reservados 500.000 euros por lo que será difícil ver obras este año. Su coste se calcula en 85 millones pero los PGE no incluyen previsiones de nuevas partidas para los próximos años.
