Un colectivo ciudadano está dispuesto a llegar al tribunal europeo por el proyecto de la variante de Jaca
La variante de Jaca tiene consignados en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado 100.000 euros.
La Asociación Jaca sin Perder el Norte (JSPN), contraria al actual proyecto de trazado de la variante de Jaca, sigue luchando por lo que cree que es justo para la ciudad y sus vecinos y no descarta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque considera que la declaración de impacto ambiental de este tramo que unirá la A-23 y A-21 por el norte de la ciudad, ha perdido validez. Lo argumentan apuntando que la legitimación de impacto ambiental “viene de la trasposición de las directivas de la Unión Europea que reclaman que se salvaguarde el efecto útil de la directiva, que es antes de ejecutar una obra que se tenga en cuenta la variable ambiental”. En este caso existe una declaración de impacto ambiental, pero elaborado “hace 20 años”.
Actualmente este colectivo ciudadano tiene abierto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra el ministerio de Fomento y Transición Ecológica, que pretende demostrar de la declaración de Impacto ambiental que se realizó en 2001 para la variante de Jaca, no tiene validez 20 años después, dado que han cambiado muchos condicionantes. El abogado de esta asociación jaquesa, Jaime Doreste Hernández (de Magerit Abogados de Madrid), ha querido explicar todo lo relativo al tema judicial de la variante de Jaca, ante la “interesada confusión” por parte, entre otros, “del alcalde de Jaca Juan Manuel Ramón, acerca del estado de los procedimientos iniciados por Jaca sin Perder el Norte en contra de la variante.
Cabe recordar que la variante de Jaca tiene consignados en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado 100.000 euros, una cantidad que un año más, impedirá que se inicien las obras de este tramo de la autovía, uno de los más costosos, ya que tiene un presupuesto de 114 millones de euros. Según el abogado, la baja consignación presupuestaria no la achaca al proceso judicial abierto, sino a una cuestión social y a la falta de convencimiento acerca de la viabilidad del proyecto.
En el año 2015 de aprobó con carácter definitivo el proyecto de construcción de la variante de Jaca, que fue recurrido por parte de la asociación jaquesa. Ese recurso fue desestimado por la Audiencia Nacional, y frente al mismo se interpuso un recurso de casación, que fue inadmitido a trámite, “lo cual entra dentro de la normalidad procesal o jurisdiccional”, explica el abogado. Pero paralelamente, a los 6 años de entrar en vigor la ley 21/2013 de impacto ambiental, las declaraciones respecto a esta cuestión perdían vigencia de manera automática al transcurrir este periodo de tiempo desde la entrada en vigor de la ley, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2013.
“Por eso a principios de 2020 se reclamó al ministerio la pérdida de eficacia de validez de la declaración de impacto ambiental para los tramos no ejecutados de la variante, y sobre todo para el de la variante”, señala el abogado. Éste argumenta que desde 2001 que se realizó la declaración de impacto ambiental han cambiado muchos condicionantes, a nivel de delimitación de espacios protegidos, de planificación y protección de especies en peligro de extinción, en el propio crecimiento urbano de Jaca, o a nivel incluso de la propia funcionalidad de la autovía. Y es que “uno de los condicionantes que otorgaba mayor peso en el proceso de toma de decisiones para adoptar la variante norte de Jaca era la salida norte hacia Canfranc, ya que había un proyecto europeo de interconexión entre España y Francia de convertir en autovía toda esa conexión”, recuerda Jaime Doreste. Pero Francia “renunció a llevar a cabo ese proyecto, por lo que pierde peso ese condicionante”, añade.
Ante la falta de contestación del ministerio de Fomento, se interpuso un nuevo procedimiento que está actualmente en tramitación, en la que resta “que formulemos conclusiones y se le darán traslado a la contraparte para que formulen las suyas”, señala Jaime Doreste.
También ha querido aclarar unas declaraciones realizadas por el alcalde de jaca en cuanto a que no se habían pedido medidas cautelares. “No tiene razón de ser porque no han empezado las obras ni van a empezar a empezar de momento”, recuerda el letrado. “Si se hubieran iniciado las obras nos hubiéramos planteado solicitarlas ante la Audiencia Nacional, porque no se está haciendo nada ni en el tema administrativo ni en cuanto a trabajos”, añade. En el caso de una sentencia desfavorable, cabría recurso al Tribunal Supremo.
El abogado también ha querido resaltar la “valentía” de este colectivo ciudadano de afrontar “no sólo los costes del procedimiento, además asumir el riesgo de eventuales condenas en costas como se ha aireado por las contrapartes en el anterior procedimiento”.
La presidenta de la asociación Jaca sin Perder el Norte, Margarita Langa, ha señalado que “no queremos perjudicar a nadie, ni a los vecinos del sur de Jaca ni a los del norte, sólo pedimos justicia, empatía y honestidad en las declaraciones”, esto último en relación a lo dicho respecto a esta cuestión desde el Ayuntamiento de Jaca, que también está en el proceso judicial.
