Un juez tumba el traspaso de los bomberos de los parques comarcales a la Diputación de Huesca
La sentencia se dicta seis meses después de la puesta en marcha del nuevo servicio. La institución provincial ha anunciado que la recurrirá.
Seis meses después de su puesta en marcha, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación de Huesca ha recibido un nuevo varapalo judicial al anularse el traspaso de casi 50 trabajadores de los parques comarcales de bomberos al parque provincial y el concurso de movilidad interna que les daba preferencia en la elección del puesto de trabajo. El Juzgado Contencioso-Administrativo de Huesca estima parcialmente el recurso de un grupo de 12 opositores que superaron el proceso de selección pero se quedaron sin plaza.
Los demandantes pidieron la anulación de siete decisiones administrativas que sustentaban la creación del Speis. Ya intentaron paralizar su estreno el 1 de enero de 2021 solicitando una medida cautelar a 48 horas del inicio de la primera guardia. El juez desestimó entonces esa acción pero ahora les han dado la razón sobre el fondo del asunto.
La plantilla inicial se conformó mediante la subrogación de 50 trabajadores de las entidades locales, sumados a otros 64 que superaron unas oposiciones. Los demandantes alegaron que buena parte de los primeros no había pasado el proceso selectivo para ser funcionario de carrera, de acuerdo con lo exigido en la Ley del Fuego, y que los parques comarcales tenían personal laboral de protección civil y no bomberos.
El juez considera que se ha producido una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución sobre el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, anula los actos de transferencia del personal de tres decretos distintos y ordena que las plazas ocupadas irregularmente sean cubiertas con la bolsa de vacantes de opositores que aprobaron pero se quedaron sin plaza. Para tomar la decisión pidió información que consideraba "crucial" sobre el destino final en el parque provincial de tres operarios de régimen laboral.
La sentencia supone un nuevo obstáculo en un complejo proceso que duró tres años y estuvo paralizado por otra sentencia que anuló la primera convocatoria de oposiciones al reservar algunas plazas para militares. El último fallo, del 30 de junio, abre nuevas incógnitas, ya que el personal transferido debería retornar a unos parques que ya no existen en las comarcas. La Diputación ha confirmado su intención de recurrir en apelación, mientras los demandantes quieren solicitar la ejecución provisional.
Según el abogado de estos, Jesús Pina, el fallo determina que el traspaso se realizó de forma indebida y anula todos los actos de transferencia desde el 16 de noviembre de 2020. "Todo el personal trasferido, salvo aquel que sea bombero, debe irse a su puesto de origen", declaró. El fallo se sitúa en la línea del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que determinó que los operarios de protección civil no son bomberos y por lo tanto no pueden ocupar estas plazas, y el personal laboral tampoco porque no tienen la consideración de agentes de la autoridad. El TSJA también debe decidir en unos días sobre el recurso contra la desestimación de la medida cautelar solicitada en diciembre.
La estimación parcial del fallo se debe, añadió, a la anulación de tres decretos, "los más relevantes", y no de siete, como pedían, y a que "varios de los trabajadores transferidos sí hicieron la oposición, y no debe afectarles".
Los demandantes se han mostrado satisfechos con la sentencia, "que nos reconoce una serie de hechos que ya advertimos hace meses que podían suponer una desigualdad", y han agradecido el apoyo "en la defensa y lucha de los derechos constitucionales y el acceso a la función pública". El pronunciamiento judicial refuerza, a su juicio, los derechos del personal funcionario y laboral de la Diputación.
