Almudévar deberá probar las afecciones del embalse, que inunda 1.000 hectáreas
El Ministerio le pide que demuestre los perjuicios "concretos, evaluables y constatados", si quiere beneficiarse de un plan de restitución territorial. El Ayuntamiento realizará un estudio de las consecuencias socioeconómicas.
El Ayuntamiento de Almudévar deberá demostrar que el embalse que se está construyendo en su término municipal, con 1.000 hectáreas inundadas, provoca unos perjuicios "concretos, evaluables y constatados", para beneficiarse de los planes de restitución territorial aparejados a las infraestructuras hidráulicas, según la respuesta dada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ayuntamiento renunció a la vía judicial para conseguir las compensaciones, después de perder un recurso en la Audiencia Nacional. Este tribunal tiene pendiente otra sentencia de los ecologistas pidiendo la nulidad del proyecto.
El Gobierno se basa en el fallo ya emitido, en la contestación a una pregunta de los diputados socialistas Begoña Nasarre y Alfredo Sancho sobre si tiene prevista una partida, en los Presupuestos del Estado del 2021, para financiar este plan, que entre otras propuestas contemplaba la creación de una nueva zona regable en contrapartida a la inundación de amplias superficies de cultivo.
La respuesta del Gobierno de España alude a la sentencia dictada el 20 de octubre del 2020 de la Audiencia Nacional que declaró no probado que las obras afectaran a la economía del municipio. Es por ello, dice el Ejecutivo, que la restitución "dependerá exclusivamente de la efectiva afección singular socio-económica", aunque deja la puerta abierta a atender la situación, "en el caso de que se produzca alguna afección concreta, evaluable y constatable".
Este mismo argumento fue el utilizado el mes pasado, durante su comparecencia en el Senado, por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en respuesta al parlamentario Carlos Mulet, que preguntó por el asunto a instancias de Chunta Aragonesista.
Según el número dos del Ministerio, la Ley de Aguas obliga a que exista un plan de restitución territorial para compensar la afección singular de carácter socioeconómico que la construcción de una obra hidráulica pueda provocar en un municipio. Recuerda que se mantuvieron contactos con el Ayuntamiento de Almudévar y el Gobierno de Aragón para concretar las actuaciones. Esos contactos se interrumpieron en febrero de 2018 cuando el Ayuntamiento recurrió a los tribunales dado el retraso en la aprobación del plan.
La construcción del embalse ya está muy avanzada. Del presupuesto de 102 millones de euros, se han certificado 62. Concebido como una balsa lateral que aprovecha los excedentes de los canales del sistema Gállego-Cinca, tiene una capacidad de 169 hectómetros cúbicos. Se cierra con dos presas de 4 y 2,5 kilómetros que se inundan una superficie de 1.152 hectáreas, de las cuales 1.050 están en Almudévar y el resto repartidas entre los términos de Huesca, Tardienta, Sangarrén y Vicién.
La nueva postura del Ministerio para la Transición Ecológica ha supuesto un fuerte revés para los intereses municipales. "Si nos piden que demostremos la afección, lo haremos, pero creo que está bastante clara", explicó el alcalde, Antonio Labarta (PSOE), en alusión a la inundación de cientos de hectáreas. La pérdida de tierras de cultivo no es la única consecuencia, ya que, añadió, condiciona el desarrollo industrial de Almudévar, por no hablar de la reducción de ingresos municipales en concepto del IBI de las fincas rústicas, cuando no está garantizada la tributación fiscal de la nueva infraestructura.
El Ayuntamiento ha pedido ayuda a la Diputación para financiar un estudio sobre el efecto socioeconómico del embalse. Por su parte, la diputada Begoña Nasarre asegura que "políticamente" se va a dar la batalla por el plan de restitución.
El precedente de la presa de Montearagón
La pretensión de Almudévar de que se ejecutara el plan de restitución territorial en paralelo a las obras del embalse ha caído en saco roto, sobre todo tras el revés judicial. Pero en otras obras hidráulicas construidas con anterioridad, la Administración central ya ha demostrado la lentitud en llevar a cabo las compensaciones comprometidas. Un ejemplo es el embalse de Montearagón, en la misma comarca de la Hoya de Huesca. El programa fue aprobado en 2004 por 29.911.597 euros, y según los datos facilitados por el secretario de Estado de Medio Ambiente en la misma comparecencia en el Senado, pasados 17 años se han invertido 3,6 millones en mejoras en la red de agua y de caminos de los núcleos de Apiés y Fornillos, cercanos al embalse, o en la reforma de la carretera que afecta a ambos.
