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Huesca

el yacimiento neolítico destruido

El dueño de la cueva de Chaves la ofrece a la DGA para pagar la condena y dice que vale 108 millones

Pasados tres años desde la sentencia, Victorino Alonso sigue en libertad pero el Gobierno de Aragón todavía no ha cobrado. El propietario ya no quiere entregar la finca de 2.000 hectáreas como dación en pago sino solo el abrigo rupestre.

La cueva de Chaves tiene una boca de 60 metros de ancho, con una altura máxima de hasta 30 metros.
La cueva de Chaves tiene una boca de 60 metros de ancho, con una altura máxima de hasta 30 metros.
Lourdes Montes

Pasados tres años desde la condena a Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, situado en su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), la sentencia sigue sin ejecutarse. La pena de dos años de prisión al empresario minero, que dio la orden de entrar con un excavadora para construir un abrevadero de cabras, está suspendida al no tener antecedentes y ser insolvente, por lo que se libró de ir a la cárcel, mientras el Gobierno de Aragón continúa peleando para intentar cobrar la indemnización de 25 millones de euros establecida por los tribunales como perjudicado por el delito contra el patrimonio histórico, uno de los más graves ocurridos en la Comunidad.

El pago de la deuda "está bloqueado", reconocen fuentes de la DGA. La responsabilidad civil subsidiaria recayó en Fimbas S. A, sociedad titular del coto, en el que Alonso era el que daba las órdenes. Inicialmente la empresa ofreció como dación en pago la finca de casi 2.000 hectáreas, que valoró en 12 millones de euros, e incluso la DGA llegó a aceptarla como última opción, pese a que difería en la tasación y la limitaba a 2 millones. Pero la transmisión nunca se llegó a formalizar y el pasado octubre la negociación entre las dos partes dio un giro radical.

Victorino Alonso entrando en el Palacio de Justicia de Huesca para el juicio, en 2017.
Victorino Alonso entrando en el Palacio de Justicia de Huesca para el juicio.
Rafael Gobantes

En una reunión celebrada en la Dirección General de Contratación, Fimbas se echó atrás y, en lugar de ofrecer toda la finca para cancelar la deuda, propuso ceder solo la propiedad de la cueva con el argumento de que el valor "en su estado actual" es de 108 millones de euros, según una tasación que aportó, realizada por "tres expertos arqueólogos de reconocido prestigio". Curiosamente esta cantidad es 8,5 veces superior a la que dio en su día para las 80 parcelas de toda la finca, que suman 1.932 hectáreas.

Como Fimbas considera que el valor supera a la indemnización, incluso pone condiciones y solicita a la DGA que busque una fórmula para permitirle continuar desarrollando su objeto social, es decir, la actividad cinegética. Y es que la introducción de una especie exótica, el arrui, le costó la anulación del coto, que debe hacerse efectiva en 2019, aunque antes de retirar la valla, la DGA tiene que verificar la captura de otras especies alóctonas y la reducción de las autóctonas.

El Gobierno de Aragón ya ha comunicado al juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, que dictó la sentencia y debe encargarse de su ejecución, las nuevas condiciones: la oferta de Fimbas se limita "no a la entrega de la finca de Bastarás, aportada en su día como garantía al juicio, sino únicamente el yacimiento destruido como pago de la responsabilidad civil".

Para intentar desatascar el asunto, el letrado de la Comunidad Autónoma formuló dos peticiones: el embargo de la finca en su totalidad para que se ponga a disposición de la DGA; y la revisión de la declaración de insolvencia, con "una nueva averiguación de los bienes del condenado, a través de la trama de sociedades interpuestas", ya que la Audiencia de León lo acaba de sentenciar por un delito medioambiental y en el fallo le atribuye la propiedad de dos minas de carbón. "Habiendo venido a mejor fortuna, debe hacerse cargo del pago de la responsabilidad civil directa en la cuantía no cubierta por la finca de Bastarás", dice el representante legal de la DGA.

Interior de la cueva, que tiene una superficie de más de 3.000 metros cuadrados.
Interior de la cueva, que tiene una superficie de más de 3.000 metros cuadrados.
Lourdes Montes

Pero el juez ha desestimado tanto el embargo como una nueva averiguación patrimonial sobre los bienes de Victorino Alonso, condenado por la destrucción del yacimiento, y ha dictaminado que hay que atenerse a la declaración de insolvencia decretada en su día.

El juez insta a que haya un acuerdo

El juez ya dictó una providencia en mayo instando a la DGA, beneficiaria de la indemnización, y a Fimbas, responsable subsidiaria, a alcanzar un acuerdo para zanjar definitivamente la cuestión. Dijo que las condiciones de la dación en pago deben ser fijados "de común acuerdo por las partes, sin ser posible la intervención pretendida del juzgado".

Fuentes del departamento de Hacienda y Administración Pública aseguran que se sigue intentando desbloquear la situación explorando otras vías, ya que el magistrado insiste en que deben ponerse de acuerdo. En el asunto hay implicadas tres consejerías: las de Cultura, al tratarse de una cuestión de patrimonio; Agricultura, por el coto de caza; y Hacienda.

Entretanto, Alonso disfruta en libertad de la suspensión de la pena, una de cuyas condiciones era no volver a delinquir en un plazo de tres años. Las circunstancias podrían cambiar porque hace tres meses, la Audiencia de León lo condenó a dos años y medio de prisión por un delito contra el medio ambiente por arrasar, esta vez no un yacimiento, sino un monte con una mina a cielo abierto de forma totalmente ilegal, beneficiando a su empresa.

El informe de los arqueólogos

Fimbas S. A. contrató a tres arqueólogos, especialistas en arte rupestre prehistórico (Ramón Montes, José Manuel Morlote y Emilio Muñoz), para tasar la cueva, de 3.300 metros cuadrados. El informe, de octubre pasado, determina una cuantía de 108.868.334 euros. Para establecerlo se basan en cálculos recogidos en la propia sentencia, según la cual los 1.017 metros cúbicos de sedimentos neolíticos destruidos por la excavadora tenían un valor de 14.311.640,86 euros. Sumada la repercusión social e histórica de los destrozos, es decir, la información perdida, se fijó la responsabilidad civil en 50.981.610 €. 

Sin embargo, el juez redujo a la mitad la indemnización a cobrar por la DGA considerando su inactividad como institución competente para proteger ese patrimonio, la "nula labor inspectora o de vigilancia" y la dejadez a la hora de sancionar a Alonso por otras actuaciones irregulares en la finca, lo que influyó en el comportamiento de este.

En base a estas cifras, los peritos contratados por Fimbas calculan 50.109 euros por cada metro cúbico. Considerando que quedarían más de 2.000 metros cúbicos de yacimiento sin dañar, y que además de los estratos neolíticos hay otros debajo del Paleolítico, la cifra final quedaría en los 108 millones.

El interés arqueológico de la cueva fue documentado ya en 1975, con los primeros sondeos. Luego hubo numerosas campañas de excavación hasta 2007, cuando se destruyó. Pero solo se estudió una parte, extrayendo 110 metros cúbicos de depósitos arqueológicos. Hay evidencias de tres sustratos de la Edad del Bronce, el Neolítico y el Paleolítico Superior. Sea cual sea su valor económico, de lo que nadie duda es de que se trata del yacimiento neolítico más espectacular de Aragón y una referencia en España y Europa. 

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