Insolvente con la pensión máxima y vínculos con 21 empresas

Victorino Alonso es o ha sido administrador único de numerosas sociedades, pero su insolvencia para afrontar la indemnización de 25 millones lo ha librado de tener que pagar e ir a prisión

El empresario minero en Huesca cuando fue juzgado
El empresario minero en Huesca cuando fue juzgado
Rafael Gobantes

El empresario minero Victorino Alonso, condenado por la destrucción del yacimiento de la cueva de Chaves, ubicado en su finca de caza de Bastarás, se ha beneficiado de su declaración de insolvencia, pese a sus vínculos con numerosas empresas. "Cobra la pensión máxima y es propietario, accionista mayoritario o administrador de 21 empresas (conocidas) por las que evidentemente o cobrará como administrador o percibirá ingresos por reparto de beneficios", asegura la abogada Pilar Villellas, representante de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), una de las acusaciones en este proceso.

Villellas hace estas afirmaciones en el recurso contra el auto del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, que decretó la suspensión de la condena de dos años contra Alonso, de forma que no tendrá que ingresar en prisión. Uno de los argumentos para suspender la pena era precisamente su insolvencia para afrontar la elevada indemnización de 25,5 millones de euros. La deuda ha recaído en la responsable civil subsidiaria, Fimbas S. A., de la que era administrador y que figura como titular de la finca de 2.000 hectáreas, ofrecida como dación en pago al Gobierno de Aragón.

El escrito de reforma remitido al juez recuerda que Alonso es uno de los grandes empresarios del carbón de León y de España y estuvo al frente de Carbunión, la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón. Incluye información del Registro Mercantil, según la cual Alonso figura o ha figurado como administrador único de Cerámicas del Cantábrico, Agrupación Minera del Bierzo, Epmisa, Opelesa, Bordolés, Coto Minero Cantábrico, Antracitas Calello... y así hasta 21 sociedades. En siete de ellas cesó en su cargo entre 2010 y 2017. Es el caso de Inversiones Patrimoniales Asturianas, a la que en 2015 arrendó la finca de Bastarás durante 15 años, de manera que si la DGA la acepta como pago no tendrá la posesión ni la podrá explotar hasta el 2030. Tampoco es ya administrador único en Maderas Bodelón, precisamente la accionista mayoritaria de Fimbas, propietaria del coto de caza.

La abogada señala que el juez no ha llevado a cabo ninguna actuación, "tendente a investigar los bienes ocultos de Alonso en sus múltiples empresas", más allá de solicitar la información patrimonial del condenado. Resulta evidente, añade, que para cualquiera sería difícil el pago de 25 millones, "pero no para alguien que es uno de los grandes empresarios de España y que es titular de al menos 21 empresas". En el escrito al juez lamenta que una sentencia que ha sido "pionera", al ser capaz de determinar y valorar unos daños contra el patrimonio cultural, incluidos los sociales, históricos y culturales, "va a acabar siendo una sentencia más sin ejecutar, permitiendo con ello que nuestra sociedad siga sin tener temor alguno a destruir bienes de nuestro patrimonio".

La letrada de Apudepa también cuestiona el cumplimiento de otra de las condiciones para la suspensión de la pena, como es no haber delinquido. Según el juez, a la fecha de los hechos por los que fue juzgado (2007) carecía de antecedentes, ya que "todas las condenas que figuran en su hoja histórico penal (algunas ya canceladas) son de fecha posterior". Sin embargo, según la abogada de Apudepa, ha sido condenado hasta en cinco ocasiones, "estando vigentes" los antecedentes en el momento de la comisión del delito.

Precisamente la asociación Apudepa ha pedido la declaración "inmediata" de la cueva de Chaves como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, porque entiende "que aun a sabiendas del gran expolio que ha sufrido por su propietario, Victorino Alonso, todavía puede ser objeto de excavaciones arqueológicas, de nuevos hallazgos y por tanto de protección". También pide el estudio de la metodología arqueológica de los restos sacados de la cueva por una excavadora y enterrados en un barranco y la protección de las cuevas de Solencio I, II y III, "a fin de evitar cualquier expolio en un futuro".

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