Huesca

El Constitucional rechaza el último recurso de Victorino Alonso para evitar la cárcel por destruir la cueva de Chaves

El Juzgado de lo Penal de Huesca deberá decidir si ordena o no su ingreso en prisión ya que todavía no ha abonado los 25,5 millones de euros a los que fue condenado por daños contra el patrimonio

Victorino Alonso, durante su declaración en el Juzgado de lo Penal de Huesca
Rafael Gobantes

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo que había presentado el empresario Victorino Alonso para tratar de evitar su entrada en prisión para cumplir la condena de dos años de cárcel y 25,5 millones de euros por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves.

La Sección Primera del Alto Tribunal ha comunicado el Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca que una vez examinado el recurso, ha acordado no admitirlo a trámite al haber incurrido en el defecto "insubsanable" de no haber justificado debidamente su especial trascendencia constitucional, que requiere una argumentación "específica y suficiente".

El juzgado oscense ha trasladado la decisión ahora a las partes del proceso (Ministerio Fiscal, defensa de Victorino Alonso y de la empresa Fimbas, Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa)  para que presenten alegaciones sobre la suspensión o no de la pena de dos años de prisión que solicitó en su día el empresario.

En este sentido,  desde la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés ya adelantan que solicitarán la ejecución de la condena, es decir, que se ordene el ingreso en prisión de Alonso, ya que, según la letrada Pilar Villellas, el empresario leonés no ha cumplido con uno de los requisitos fundamentales que fija el artículo 80 del Código Penal para conceder la suspensión de la pena ya que no ha abonado la indemnización de 25.490.805 euros, a favor de la DGA, por los daños al patrimonio. "Si él quiere asumir el compromiso del pago, que nos dé garantías porque en el juicio dijo que solo tenía una pensión de jubilación, que es lo que se le está embargando", sostiene Villellas. En los últimos tres años ha pagado algo más de 17.000 euros con ese embargo.

El empresario, dueño de la finca de caza de Bastarás, donde está la cueva de Chaves, fue juzgado en noviembre de 2016 por ordenar la realización de obras en el interior y fue condenado por un delito contra el patrimonio histórico. Él sabía que existía un yacimiento y que periódicamente acudían hasta allí los arqueólogos. A pesar de ello, dio orden de que entrara la excavadora para vaciarla de losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención cercano a la cueva. El juzgado lo condenó, y una vez que la Audiencia de Huesca confirmó el fallo en diciembre de 2017 rebajando la pena de 2,5 a 2 años de cárcel, se abrió el procedimiento de ejecución de la sentencia.

El fiscal ya se opuso en su día a la suspensión de la condena argumentando que no había satisfecho la responsabilidad civil. Sin embargo, el juez tuvo en cuenta que era una pena privativa de libertad y que si ingresaba en prisión y cumplía la condena, el recurso perdería su eficacia.

La sociedad Fimbas, de la que es dueño, fue declarada responsable civil subsidiaria como titular de la finca de Bastarás. La mercantil ofreció como dación en pago las 2.000 hectáreas de terrenos, valoradas en 12 millones de euros, aunque los técnicos de la DGA no han podido acceder a los terrenos para tasarlos. Aun así, esta cantidad no cubre ni la mitad de la indemnización exigida.

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