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Aragón

Medio ambiente

El empresario que destruyó la cueva de Chaves defiende la legalidad de una mina que explotó 15 años sin licencia en León

Victorino Alonso, que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de León, se enfrenta a una petición de cárcel de 8 años y tres meses.

Victorino Alonso, entrando en el Palacio de Justicia de Huesca en 2017
Victorino Alonso, entrando en el Palacio de Justicia de Huesca en 2017
Rafael Gobantes

El empresario minero Victorino Alonso, que se enfrenta a una petición de cárcel de 8 años y tres meses de prisión por la explotación minera sin licencia que desarrolló durante quince años en la mina a cielo abierto de El Feixolín, en Villablino (León), ha defendido este lunes la legalidad de su actividad. En Huesca fue condenado a 2 años de prisión por destruir el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para construir un abrevadero de cabras en su coto de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), aunque finalmente se libró de ir a la cárcel.

El juicio contra Alonso, el principal empresario de la minería privada en España y que está acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, ha comenzado a primera hora de hoy en la Audiencia Provincial de León, donde ha argumentado que "no tiene ni pies ni cabeza" sostener que esta explotación era "ilegal" porque "durante los quince años que se estuvo explotando contó con supervisión de todas las administraciones".

En el banquillo de los acusados también se sientan el entonces jefe de la citada explotación minera, José Tascón, que se enfrenta a la misma pena que Alonso por idéntico delito, y el exalcalde de Villablino Guillermo Murias, para quien la fiscalía reclama una pena de quince meses de prisión por prevaricación.

El proceso se abrió tras la denuncia presentada hace diecisiete años por Antonio Arias, propietario de unos terrenos por daños a causa de los trabajos llevados a cabo en El Feixolin.

La Fiscalía entiende que las sociedades Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y su sucesora, Coto Minero Cantábrico (CMS), explotaron en El Feixolin 210 hectáreas "de manera plenamente consciente y deliberada en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental". Sostiene que la explotación se encontraba enclavada en pleno Espacio Natural "Alto Sil" y en la Red Natura 2000, una zona con presencia clara de especies en peligro de extinción como el oso pardo o el urogallo cantábrico y declarada Reserva de la Biosfera "Valle de Laciana" por la UNESCO en 2004.

En su declaración, Alonso ha defendido la legalidad de la actividad y ha explicado que "si no hubiera tenido todos los permisos no se hubiera podido explotar porque en el consejo de administración de la mina estaban cuatro partidos políticos y una entidad bancaria". Ha insistido en que la explotación "fue supervisada por todos los organismos habidos y por haber". ¿Y me dice usted que era ilegal? No tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado el empresario minero en respuesta a la preguntas del fiscal.

No obstante, ha admitido que si no se respondió a la solicitud de licencia la empresa pudo entender que el silencio administrativo permitía el inicio de la actividad. Además ha recordado que "hubo un momento en el que el juez anuló la licencia en uno de los pleitos y si la anuló es que había licencia". Ha señalado que "sobre el Feixolín ha habido mil pleitos" y que la razón es que el denunciante, Antonio Arias, "juró venganza porque no le quisieron comprar un prado".

"Cuando empezó la explotación, él tenía un prado con una caseta de piedras viejas y entonces negoció su venta a la MSP y se le ofreció veinte veces más de lo que valía, pero no le pareció suficiente y como no le dábamos más, dijo que iba a dedicar toda su vida a meternos para adelante y a llevarnos a la cárcel, él primero y sus hijos después", ha recordado.

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