Despliega el menú
Huesca
Suscríbete

La DGA no podrá hacer uso de la finca de Bastarás hasta 2030 porque Victorino Alonso la tiene alquilada

Las 2.000 hectáreas que iban a servir para pagar parte de la indemnización por destruir la cueva de Chaves están arrendadas a una sociedad de que el empresario minero fue administrador único

El pueblo de Bastarás queda fuera de la oferta de Fimbas para pagar la deuda.
El pueblo de Bastarás queda fuera de la oferta de Fimbas para pagar la deuda.
Javier Broto

El Gobierno de Aragón no podrá hacer uso de la finca de Bastarás (Casbas de Huesca) hasta el año 2030, en caso de aceptarla como indemnización por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves. Sobre las casi 2.000 hectáreas de este coto de caza propiedad de Fimbas S. A., de la que era administrador el empresario minero Victorino Alonso, condenado por arrasar la excavación para convertirla en un abrevadero de cabras, pesa un contrato de alquiler suscrito en 2015 con una vigencia de 15 años. Si finalmente la Comunidad Autónoma se inscribe a su nombre la propiedad como resarcimiento por el daño al patrimonio histórico, no tendría ni su posesión ni podría explotarla hasta 2030.

Victorino Alonso está condenado en sentencia firme a dos años de prisión y a abonar al Gobierno de Aragón una indemnización de 25.490.805 euros, siendo Fimbas el responsable civil subsidiario. Esta empresa ha ofrecido como dación en pago la finca de caza de Bastarás, donde está enclavada la cueva, pero solo cubre la mitad de la indemnización. La valoración presentada por la sociedad ascendía a 12.665.639, cantidad que todavía podría ser menor atendiendo a las servidumbres que pesan sobre los terrenos.

La empresa arrendataria es Inversiones Patrimoniales Asturianas, de la que Victorino Alonso fue administrador único hasta su cese en 2010 y cuyo objeto social es la tenencia de bienes inmuebles, automóviles, acciones o participaciones en sociedades.

El contrato de alquiler se firmó el 28 de enero de 2015, cuando el proceso judicial contra Alonso estaba a punto de finalizar. De hecho, un mes después el juez le pidió una fianza millonaria para afrontar los daños.

El pueblo se queda fuera

El contrato de arrendamiento afecta a las 81 parcelas ofrecidas por Fimbas en pago de la deuda (1.932 hectáreas), según han confirmado fuentes del departamento de Hacienda de la DGA, que aseguran que esta circunstancia influirá en la valoración final. "El hecho de que el arrendamiento se encuentre vigente condiciona tanto la valoración de la finca como la posible explotación, en tanto que existen unos derechos del arrendatario (en principio de buena fe) que habrían de respetarse". Entre las fincas al quiladas figuran aquellas donde está enclavada la cueva de Chaves y los abrigos rupestres de Solencio I. II y III.

Fimbas no incluyó en la oferta al Gobierno aragonés toda la finca de Bastarás, pese a que los 12,6 millones solo cubren el 49% de la deuda. La sociedad dirgida por Alonso dejó fuera las parcelas sobre las que se enclava el antiguo pueblo de Bastarás, situado en la entrada principal del coto. Es más, el Gobierno de Aragón preguntó a Fimbas por los derechos que tuviese sobre las fincas urbanas la empresa Perfonor, que había solicitado la apertura de cuatro casas rurales, en tramitación en el departamento de Turismo.

El Gobierno de Aragón está trabajando actualmente en el informe de valoración de Bastarás. Las gestiones se iniciaron antes del verano y desde entonces se ha solicitado información a la propiedad y se han hecho visitas de inspección. La primera fue fallida, ya que no se advirtió a la empresa, que impidió la entrada a la misma de los funcionarios, pese a que iban acompañados de la Policía. A lo largo del mes de noviembre se van a realizar otras, tanto para el conteo de los animales de caza (el coto está anulado y hay que controlar la fauna antes de retirar el vallado) como para proseguir con la valoración.

Tres consejerías implicadas

El Gobierno de Aragón asegura que el informe "no está cerrado" porque hay tres departamentos implicados: a Hacienda (Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización) le corresponde la propiedad patrimonial; a Desarrollo Rural (Dirección General de Gestión Forestal), el ámbito cinegético y forestal; y a Cultura (Dirección General de Patrimonio Cultural), la parte de protección del abrigo de la cueva de Chaves.

Mientras no sea definitivo y enviado al juzgado no es posible inscribir la finca como propiedad del Gobierno de Aragón, que tiene que estudiar si los 12,6 millones de euros son reales y remitir su propia estimación al juzgado, que es el que, en definitiva, tendrá que fijar el valor último. "Al margen de que finalmente se acepte o no, la parte que mayor importancia tiene es el yacimiento", señalaron las mismas fuentes, aunque su régimen de protección garantiza las visitas arqueológicas de investigación. También precisaron que si el Gobierno finalmente no acepta la finca, no será inscrita como propiedad. El informe incluye un estudio sobre el uso y todo parece indicar que podría adscribirse al departamento de Desarrollo Rural para ampliar el terreno del Parque de la Sierra de Guara.

Etiquetas
Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión