educación superior
Aragón pedirá al Gobierno que financie todos los costes docentes extra por la ley universitaria
La Comunidad cuantifica en 4,7 millones de euros el incremento que supondrá la contratación de más profesorado.
El Gobierno de Aragón pedirá al Ministerio de Universidades que financie el coste total que implica la contratación de profesorado necesaria para la puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU). Lo hará, según ha anunciado este jueves la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, en la mesa sectorial a la que están convocadas todas las comunidades el próximo 3 de abril.
"Ahí pondremos este planteamiento encima de la mesa", ha apostillado al ser preguntada por quién se hará cargo finalmente los 4,7 millones anuales en los que se ha valorado el efecto de esta medida. Su intención, ha asegurado, es ir "a los máximos recursos que merece nuestra comunidad autónoma y la Universidad de Zaragoza". "Siempre con la mano tendida y de la mano de las universidades", ha apuntado.
La última propuesta de la cartera que dirige Diana Morant, anunciada esta semana, era alcanzar dos terceras partes (en un principio se había planteado una tercera). Fue el pasado 2 de febrero cuando se constituyó una comisión de trabajo y durante tres sesiones se analizó por primera vez el impacto real de la LOSU y en la que se alcanzaron algunos acuerdos como el retraso en la entrada en vigor de determinadas disposiciones. No obstante, siguen existiendo discrepancias en cuanto a la financiación.
Desde Aragón ya resaltaron a inicios de esta semana que cuando el Ministerio habla de plazas se refiere únicamente a cubrir el coste del contrato de los Profesores Ayudantes Doctores, un contrato temporal de seis años. "De la misma manera, da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas", criticaron en aquel momento.
En el conjunto del país se calcula que la contratación de este profesorado supondrá un incremento de 845 millones, mientras que en la comunidad aragonesa alcanzaría los 4,7 millones de euros anuales.
