Aragón muestra su "indignación" por el plan del Gobierno para contratar nuevo profesorado universitario
La DGA critica que implica un sobrecoste que no ha sido calculado por el Ejecutivo central y que se pretende que asuman en gran parte las comunidades.
El Gobierno de Aragón ha expresado su "indignación" y oposición al plan del Ejecutivo central para contratar profesores ayudantes doctor en las universidades públicas, necesarios para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes que plantea la Ley Orgánica de Organización del Sistema Universitario (LOSU), durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. Critica que implica un "sobrecoste" para todas las entidades académicas que no ha sido calculado adecuadamente, y que ahora se pretende que sea asumido, en gran parte, por las comunidades autónomas.
En una nota de prensa, la DGA expone que esta medida fue anunciada unilateralmente por el Ejecutivo central el pasado viernes tras una reunión en la que participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la junta rectora de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).
En esta sesión Sánchez comunicó la decisión de financiar las dos terceras partes de estas contrataciones durante los seis años de duración de esta modalidad, y las regiones el tercio restante. Desde Aragón cuestionan que ellos supone que tendrán que los Gobierno regionales los que asuman el coste de la estabilización de este personal.
Desde el Departamento de Educación aragonés se insiste en que siguen existiendo discrepancias, no solo con los territorios, sino también con las universidades, en cuanto al número de profesores ayudantes doctor necesarios, así como el modelo para financiar los mismos. En la Universidad de Zaragoza, según las estimaciones llevadas a cabo, la puesta en marcha de la normativa conllevaría un desembolso global para las arcas públicas de 4,7 millones.
La comisión de trabajo se constituyó en febrero
El Gobierno explica que el pasado 2 de febrero, con el propósito de consensuar aspectos fundamentales sobre la implementación de la LOSU, se constituyó una comisión de trabajo, a iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades junto con representantes de las comunidades autónomas, la CRUE y sindicatos, que ha celebrado tres sesiones de trabajo para analizar el impacto real de la LOSU. Durante estos encuentros se lograron algunos acuerdos, incluido el aplazamiento de la entrada en vigor de ciertas disposiciones transitorias de la ley.
En la última reunión, celebrada el 4 de marzo, todas las comunidades autónomas presentaron una propuesta de financiación para las plazas que el Ministerio se comprometió a estudiar pero que ha sido rechazada, de modo que el Gobierno central solo financiará dos tercios.
El Ejecutivo de Jorge Azcón enfatiza la importancia de considerar que cuando el Ministerio habla de "plazas" se refiere únicamente al coste de los contratos temporales de seis años para los profesores ayudantes doctores, por lo que reconocen que la estabilización de este personal recaerá en las comunidades autónomas, una cuestión que no cuenta con el apoyo del Ejecutivo aragonés.
