La participación en manifestaciones se dispara en Aragón un 50% por la amnistía

Las calles de las principales ciudades de Aragón acogieron el año pasado menos protestas que el anterior, pero en cambio fueron mucho más multitudinarias. Según los datos de la Delegación del Gobierno, en 2023 se convocaron 575 concentraciones y manifestaciones, frente a las 707 de 2022. Pero la afluencia fue un 50% mayor: pasaron de 60.000 asistentes a 90.000.

La principal responsable de este incremento de la contestación social fue la ley de amnistía en favor de los encausados por el ‘procés’ catalán que el Gobierno central de Pedro Sánchez negocia con sus socios de investidura. Solo en la concentración convocada por el PP el pasado mes de noviembre contra la medida de gracia congregó en las calles de la capital aragonesa a 40.000 asistentes, a los que se sumaron otros 5.000 en Huesca y Teruel.

Fue, de lejos, la convocatoria más secundada el año pasado en Aragón, aunque no la única relacionada con los pactos del PSOE. Las sedes de los socialistas en los principales municipios de la Comunidad fueron objeto de protesta por parte de cientos de personas, miles en alguna ocasión, en este caso movilizadas a través de las redes sociales o por grupos vinculados a la extrema derecha.

Al margen de este motivo de protesta, también tuvieron un importante seguimiento las concentraciones y manifestaciones convocadas en defensa del pueblo palestino y en favor de la paz, ante el conflicto que se vive estos meses en Oriente Próximo. Más de 3.500 personas salieron el 21 de octubre al centro de Zaragoza para denunciar los ataques del ejército israelí en Gaza, una corriente de solidaridad que está teniendo su continuidad en este inicio de 2024.

Al margen de estos dos grandes temas de conflicto, la contestación social al despliegue de las energías renovables en Aragón congregó a más de 2.000 personas en una manifestación en Zaragoza que reunió a vecinos de las tres provincias. El objetivo de la marcha fue reivindicar un modelo sostenible y respetuoso con el territorio.

También hubo protestas del colectivo sanitario, contra los pactos PP-Vox, de los funcionarios de Justicia, y de los vecinos de Parque Venecia, que exigen seguridad en el barrio tras la grave riada que anegó sus calles el verano pasado, entre otras. Y a todas estas manifestaciones hay que sumar las que son fijas en el calendario, como la del Día del Orgullo, la de lucha contra la violencia contra la mujer, o la convocada para reivindicar medidas eficaces contra el cambio climático.

En total, de las 575 convocatorias, hubo 420 fueron concentraciones, 105 manifestaciones y 50 agrupamientos (aquellos en los que no participan más de veinte personas). Desde Delegación del Gobierno recuerdan que solo estas últimas no tienen que ser comunicadas a las autoridades. El resto sí, entre diez y treinta días antes de su celebración. Cuando existan «causas graves y extraordinarias que justifiquen la urgencia» se podrá avisar con 24 horas de antelación.

Este año, el mayor foco de descontento social en las calles está llegando desde el campo en forma de tractoradas, la mayoría de ellas, como advierten desde Delegación del Gobierno, sin comunicación previa, tal y como exige la ley. La normativa estatal señala que los convocantes no tienen que recibir autorización alguna para llevar a cabo su protesta, aunque sí que deben propiciar que discurra con normalidad. De hecho, serán responsables en caso de se causen daños a terceros. Lo que sí puede hacer Delegación es suspender la manifestación en «cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para las personas o bienes».

Además, podrán prohibir el acto previamente a su celebración, o trasladarlo a otra fecha o lugar, en caso de que existan «razones fundadas» de puede producirse alteraciones del orden público.