aragón
Solo ocho víctimas aragonesas por la talidomida recibirán la ayuda del Gobierno
En la Comunidad aragonesa, 15 personas se han quedado fuera del reconocimiento.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 5 de julio el real decreto por el que se regula la concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Atendiendo a la normativa, solo ocho aragoneses recibirán una compensación por parte del Gobierno, mientras que 15 personas se quedan fuera del reconocimiento.
A nivel nacional, un total de 130 personas serán beneficiarios, dejando sin opción a más de 230. Lejos de ser el carpetazo a décadas de lucha y reivindicación, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) advierte que es un punto y seguido dentro de una experiencia que tildan de "desagradable2.
"He dejado de creer en la política a todos los niveles, después de 17 años bregando hemos tenido que superar un sinfín de falsas expectativas. También tengo que reconocer que hemos encontrado honrosas excepciones, como el pulmón que nos dio Francisco Igea, de Ciudadanos", asegura Rafael Basterrechea, vicepresidente de la entidad y con raíces aragonesas en Barbastro y Daroca. En su caso, el fármaco de la alemana Grünenthal le causó graves malformaciones en sus extremidades superiores, haciendo que sean notablemente más cortas.
Como uno de los responsables de la entidad, Basterrechea argumenta su descrédito en los gestores políticos apelando al electoralismo. "En 2010, el real decreto fue un tapabocas. En el Gobierno de Rajoy no hubo movimiento hasta poco antes de la moción de censura y luego dejaron la patata caliente para el siguiente. Lo de ahora, después de cinco años estancado, es parecido", defiende el vicepresidente de Avite.
En el texto del decreto, que reconoce que la ayuda a percibir se realizará en un pago único y cuya cuantía resultará de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida, todavía quedan muchas peticiones de los afectados que no se han incluido. "Nos quieren hacer tributar por las ayudas, porque no se regula la exención. Es una de las enmiendas que planteamos y que no se han aceptado. Así que seguiremos luchando porque en la proposición no de ley de 2016 se recogía esa necesidad", insiste.
La larga lucha de los afectados
También recuerda que seguirán luchando por las cerca de 230 personas que se quedan fuera, sin un reconocimiento. "Han fallecido muchas víctimas. Muchas personas han pasado por un sufrimiento que no sabe nadie, con un rosario de visitas médicas, peritos… Hemos acabado siendo meros números cuando somos personas", lamenta. Por eso, otra de sus peticiones es que se extienda la condición de beneficiarios "a todos los realmente afectados, y no a solo unos pocos".
A este respecto, Basterrechea denuncia que hay personas que con resultados médicos idénticos sí han sido reconocidos como afectados y otros, no; incluso dentro de la misma comunidad, al depender del dictamen final del Instituto de Salud Carlos III. "Se dan casos de que el propio Estado tenga a una persona oficialmente en documento público por afectado por la talidomida -con las prestaciones sociales pertinentes, en su caso-, y sin embargo no lo tenga a los efectos de concesión de la ayuda que se regula", destaca.
Desde Avite exigen el "perdón oficial del Estado", ya que consideran que el vídeo que publicó la ministra Ione Belarra no es suficiente para excusar que en España, a pesar de la prohibición a nivel mundial, el fármaco se vendiera desde 1961 hasta 1985, y que consideran que es "corresponsable de la tragedia de la talidomida".
En cuanto a la normativa, sobre el artículo que asegura que la «percepción de esta ayuda deducirá de su cuantía cualquier otra ayuda o prestación de análoga naturaleza», señalan que se trata de un punto "ilegal". Se refieren así a que en la disposición adicional 56 de los Presupuestos Generales de 2018 se habla de que las ayudas serán compatibles y complementarias con pensiones, ayudas y otras prestaciones.
