Ayudar a recuperar la sonrisa de los refugiados a miles de kilómetros del hogar
Seis entidades sociales hablan sobre el antes y después del programa de protección tras la guerra de Ucrania
La llegada masiva de refugiados ucranianos que huían de la guerra puso a prueba la capacidad de adaptación y respuesta de un sistema de acogida ya de por sí saturado. Dieciséis meses después, se han ampliado los recursos de alojamiento y los equipos de atención. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha establecido desde principios de este 2023 otros criterios de financiación a través de plazas concertadas. Una fórmula que se venía negociando desde antes de la invasión rusa.
Responsables de seis entidades que trabajan en Aragón con desplazados de todo el mundo –desde 2015 la Comunidad ha recibido a casi 5.000 exiliados de 80 nacionalidades– hablan sobre el antes y el después y las carencias que todavía persisten. Consideran que la rapidez en la respuesta, el acceso al asilo y los derechos que se facilitaron a los exiliados ucranianos deberían llegar también a las personas que se ven obligadas a huir de sus países y sus hogares por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.
¿Qué hemos aprendido o estamos todavía aprendiendo del conflicto armado de Ucrania? "Que las guerras a las que podemos llegar en coche nos importan más, no solo a la ciudadanía sino también a las administraciones. Un ejemplo es la ayuda de 400 euros para personas ucranianas que están fuera del sistema, cuando en nuestro país hay miles de refugiados en la misma condición", contesta Pilar Bernadó, coordinadora de la Fundación Cepaim.
Una visión crítica compartida por muchos profesionales del sector que han visto un agravio comparativo con personas de países que también sufren conflictos bélicos y que se ven atrapadas en la burocracia y en el ya crónico colapso de las oficinas de Extranjería.
Belén Portolés, directora en Aragón de YMCA, una organización que ha empezado a desarrollar en Zaragoza el programa de protección internacional a raíz de la guerra de Ucrania que ya gestionaba en Salamanca desde 2018, subraya que se ha evidenciado que ante una emergencia se sabe responder de una "manera eficiente y rápida" No obstante, señala como "elemento negativo" la imposibilidad de que las personas nacionales de terceros que residían en Ucrania pudieran acogerse a los también llamados papeles exprés, una barrera ante la que muchos optaban por irse de España.
Para Patricia de la Vega, coordinadora del proyecto en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, se ha puesto de manifiesto que cuando existe "voluntad política y acogida social la integración de las personas solicitantes de asilo es posible". Patricia Urzola, directora de la Fundación Apip-Acam, y Fernando Pérez y Beatriz Larraz, coordinador autonómico de Cruz Roja –referente autonómico de este programa de la entidad–, coinciden en que se han establecido "sinergias" para estar alerta y adaptarse a los cambios y nuevas necesidades aunque "aún falta mucho trabajo por hacer".
"Lo más gratificante ha sido que desde todas las administraciones se puso interés máximo que permitió dar acogida a quienes lo necesitaron de forma casi inmediata", resume Carlos Vela, responsable territorial adjunto de Accem en Aragón.
Más de 2.300 plazas
Las seis entidades sociales cuentan en la Comunidad con 2.336 plazas en el sistema de acogida de protección internacional en las distintas fases del programa (inicial, acogida y autonomía). Tiene una duración máxima de 18 meses prorrogables a dos años en casos de personas vulnerables. Una red de alojamientos que está distribuida por 18 municipios: la tres capitales de provincia además de Albalate del Arzobispo, Alcalá de Gurrea, Alcañiz, Barbastro, Burbáguena, Calatayud, Cella, Cuarte, Ejea de los Caballeros, Illueca, Jaca, María de Huerva, Monflorite, San Blas y Tarazona. La ocupación está por encima del 90%.
Esta cifra supone un 40% más de plazas que las que existían antes de la invasión de Ucrania. Los recursos de emergencia para los ucranianos que huían de las bombas ya no existen como tal desde principios de septiembre y, aunque se reorganizaron los alojamientos, una parte de aquella ampliación se ha convertido en un recurso para todas las nacionalidades. Accem, por ejemplo, todavía mantiene un espacio en la localidad oscense de Peralta de la Sal que está en proceso de cierre. Desde principios de mayo y hasta finales del año pasado también funcionó en La Almunia de Doña Godina el proyecto de Villa Loreto de la Fundación Ángel Tomás-Fisat de Salesianos en el que se atendió a 30 ucranianos.
¿Son los refugiados el antídoto a la despoblación? Hay experiencias exitosas recientes de familias que se han asentado en pequeñas poblaciones, como en Figueruelas y Urrea de Jalón, o el centro que Accem tiene con 82 plazas en Burbáguena, localidad en la que viven 300 vecinos. "El apoyo del municipio es total. Muchas personas no solo se han integrado, sino que han salido del sistema y se han quedado en la comarca trabajando y viviendo", subraya Vela.
Pese a ello, la idea generalizada es que "la España vaciada tiene que ser capaz de ofrecer calidad de vida, salarios justos, colegios, buenas carreteras, conexión a internet, ocio y, por supuesto vivienda asequible", señala Bernadó desde Cepaim. Una percepción que comparte Urzola (Apip-Acam) que reclama la "necesaria implicación" de las administraciones "para que sea efectivo el poder acoger a personas refugiadas en el mundo rural, sin recursos reales no es posible".
Desde YMCA, Portolés defiende que sería "relevante" que los centros de recepción, atención y derivación (Creade) en los que se atiende a exiliados ucranianos que se derivan a otros recursos funcionen como centros de atención de todas las personas solicitantes de asilo.
Las entidades sociales no se cansan de repetir que la hospitalidad va más allá de ofrecer techo, comida y algunas clases; y el gran reto pasa por acompañar a los desplazados hasta que logran su plena integración y autonomía. Un camino en el que, todos coinciden, el acceso a la vivienda, un mercado "hostil", se ha convertido en uno de los grandes obstáculos. "Cada vez es más complicado atendiendo a los precios y que no disponen de un contrato de trabajo para hacer seguros que solicitan inmobiliarias y propietarios particulares", opina Urzola (Apip-Acam).
Mayores recursos específicos para refugiados especialmente vulnerables, con problemas de violencia de género, salud mental o física; más agilidad en la homologación de formaciones superiores y ayudas económicas suficientes para cubrir las mensualidades son algunas de las principales demandas.
Una ley de asilo muy restrictiva
El gran drama es ver cómo estas personas, que huyen de la violencia, inician el programa nacional de acogida y rozan la autonomía, reciben un día una carta en la que se les notifica que su petición de asilo ha sido desestimada. "Desde el primer momento les explicamos lo que puede pasar, una denegación, y trabajamos para darles herramientas y pautas de dónde pueden acudir si ocurre y qué hacer, como es recurrir al arraigo social o laboral", comenta Larraz (Cruz Roja). Solo el 12% de peticiones de asilo se conceden. Mientras, siguen llegando, ahora principalmente de Marruecos, Mali, Colombia, Venezuela, Rusia y Siria.
