Claves para una legislatura de ciencia ficción: todo lo que pudo pasar, pasó
En estos cuatro años se ha vivido una pandemia mundial, con el confinamiento estricto de toda la población y una nueva guerra en el corazón de Europa.
Absolutamente nada hacía presagiar el 20 de junio de 2019, cuando se constituyeron las Cortes de Aragón, o el 31 de julio, cuando Javier Lambán fue investido presidente con el apoyo inédito de un cuatripartito, que el mundo entero caminaba hacia la distopía, que todo el planeta debería afrontar en cuestión de meses una pandemia mundial, con el confinamiento estricto de toda la población, o que viviría una nueva guerra en el corazón de Europa.
Acontecimientos globales que tuvieron (aún tienen) un marcado reflejo en la política autonómica y que pusieron patas arriba el calendario de los compromisos de la investidura y del propio pacto de gobernabilidad, que llevó a que se sentaran en el Consejo de Gobierno miembros de cuatro partidos (PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista y el PAR).
La décima legislatura acabará formalmente el 4 de abril, día en el que el Boletín Oficial de Aragón publique el decreto del presidente de la comunidad por el que se disuelven las Cortes que se constituyeron el 20 de junio de 2019 y se convoquen las elecciones para el 28 de mayo.
Estas son las claves aragonesas de una legislatura de ciencia ficción que este jueves celebra su última sesión plenaria:
Pluralidad en su máxima expresión
De las elecciones del 26 de mayo de 2019 salió el Parlamento más plural de la historia, con ocho fuerzas políticas representadas (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, CHA, Vox, PAR e IU). Un puzle que Javier Lambán, el candidato socialista a la reelección, resolvió pergeñando un cuatripartito inédito en una comunidad en la que, por otro lado, nunca nadie ha gobernado con mayoría absoluta.
Frente a los 33 diputados que sumaba el bloque de la izquierda se sentaban en los escaños de la derecha 34 que garantizaban la mayoría absoluta. Pero la decisión del PAR de Arturo Aliaga de no compartir gobierno con Vox decantó la balanza hacia el PSOE y Lambán pudo formar un gobierno, en principio “extraño”, con representantes socialistas, podemitas, del aragonesismo de izquierdas y del aragonesismo del centroderecha.
Lambán no ocultó que su primera preferencia para el pacto era Ciudadanos, con quien hubieran sumado 36, pero la formación liberal a nivel nacional rechazó cualquier posibilidad de gobernar con el PSOE y este hubo de buscar una alternativa y superar recelos entre las respectivas militancias.
Un gobierno que ha transitado por la legislatura de la pandemia con relativa estabilidad y en el que, según sus miembros, las desavenencias estaban pactadas desde el inicio. “Cabalgar contradicciones”, le han llamado desde Podemos.
Desencuentros que han tenido que ver, fundamentalmente, con el apoyo a frustrada candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, la diferente postura respecto a políticas del Gobierno central o, ya al filo del final, el proyecto de la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal por la Canal Roya.
Pero que ha conseguido aprobar en tiempo y forma cuatro presupuestos, uno de ellos, el de 2021, con el apoyo de Ciudadanos e IU. La inyección de fondos del Gobierno de España y de la UE para hacer frente primero a la gestión de la pandemia y luego de sus consecuencias ha permitido que de unas cuentas de 6.466 millones de euros en 2020 se pasara a 7.544 en 2021, se rebajara un poco hasta 7.444 en 2022 y se alcanzara, para este 2023, un monto total de 8.250 millones, el más elevado de la historia.
Pandemia y confinamiento: la titánica lucha contra un virus mortal
El 4 de marzo de 2020, apenas ocho meses después de comenzar la legislatura, se notificó en Aragón el primer caso de covid-19. Dos días después falleció la primera persona y el día 14 se decretó el Estado de Alarma que ordenó el confinamiento de la población.
Tres años después, casi 470.000 aragoneses han pasado la enfermedad y 5.300 han muerto por causa de una pandemia que trastocó la economía, las relaciones sociales y, sobre todo, la sanidad.
El 1 de junio de 2020 siete formaciones políticas (todas menos Vox), dos sindicatos (UGT y CCOO), dos organizaciones patronales (CEOE y Cepyme) y los municipios aragoneses representados por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias sellaron un gran pacto para la recuperación económica y social de Aragón, con el objetivo de paliar la crisis del coronavirus.
Incorporaba 273 medidas en cuatro bloques (recuperación del territorio, políticas públicas, economía productiva y empleo) y una triple vía de financiación que implicará la reordenación del presupuesto de la comunidad para el 2020, así como la dotación de recursos económicos por parte del Gobierno central y de la Unión Europea.
Uno de los grandes retos fue administrar las vacunas, que fueron el principio del fin de una pandemia que aún se prolongó, aunque con menor virulencia. El 27 de diciembre de 2020 se inocularon a las personas más mayores las primeras dosis y esta semana, dos años y medio después, se han administrado más de 3,2 millones. Un 90,6 % de la población aragonesa tiene la pauta completa.
La invasión de Ucrania: guerra en el corazón de Europa
De un sobresalto, a otro. El 24 de febrero de 2022 el presidente ruso, Vladimir Putin, invadió Ucrania. Comenzaba una guerra en el corazón de Europa que, al margen de las devastadoras consecuencias para la población afectada, desató una escalada de los precios energéticos y de materias primas y de alimentación que afectó, y aún afecta, al resto del continente.
En Aragón, la inflación se situó en febrero en el 5,9 por ciento anual. El precio de los alimentos ha crecido en un año un 16,1 %, consecuencia del traslado al precio de los alimentos del aumento de costes en la energía, el transporte y otras materias primas agrícolas.
Sin embargo, el paro se ha visto menos afectado de lo que se anunció. Aragón cerró febrero con 58.290 parados, 2.873 menos en el mismo mes del ano anterior. En febrero de 2020, el mes anterior a que se declarara la pandemia, había 66.972. Aragón cerró 2022 con una tasa de paro, según la EPA, del 9,41 %, la cuarta más baja del país y casi tres puntos y medio por debajo de la media de España.
Desembarco empresarial
Estabilidad institucional, paz social, la "alfombra roja" que el Gobierno de Aragón pone a las empresas y una situación geográfica privilegiada han hecho que Aragón haya sumado esta legislatura decenas de anuncios de compañías que quieren radicarse en la comunidad o ampliar en ella su actividad. Logística, agroalimentación, industria sanitaria y energía son los vectores que más ha impulsado el ejecutivo.
El departamento de Economía ha declarado esta legislatura de interés 35 proyectos con una inversión de 3.852 millones y la creación de en torno a 9.000 empleos directos.
En noviembre de 2022 Amazon Web Services puso en marcha los tres centros de datos de Aragón (en Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, en Zaragoza, y en la Plataforma Logística de Huesca) que conforman su octava región de infraestructura en Europa, con una inversión de 2.500 millones en 10 años y la previsión de crear más de 1.300 puestos de trabajo. Además, está prevista la apertura inminente de un nuevo centro de la multinacional en la Plataforma Logística de Zaragoza (PlaZa) con la previsión de contar, en tres años, con mil empleados indefinidos.
También en Plaza, Inditex ha anunciado que en 2023 inaugurará la ampliación de sus instalaciones tras una inversión de más de 80 millones de euros para crear 250 nuevos empleos.
En junio de 2020 se cerró definitivamente la Central Térmica de Andorra y la firma del convenio para la Transición Justa llegó en noviembre de 2022, con la promesa de 200 millones de euros de inversión pública en 33 municipios. A ellos hay que sumar los 1.500 millones de euros que invertirá Enel Green Power España (filial de Endesa) en el llamado 'nudo mudéjar' para crear otros 250 empleos.
Y esta misma semana se ha conocido que Insa y Adeo –grupo al que pertenece Leroy Merlin- pondrán en marcha en la Plataforma Logística de Teruel (PLATEA) una planta de fabricación de piezas mecanizadas y componentes de muebles de cocina que lleva aparejada una inversión de 75 millones de euros para crear 133 empleos.
Además, el complejo que bonÀrea está construyendo en Épila había culminado ya hace un año el 15 % de las instalaciones con una inversión formalizada de más de 75 millones de los 400 de inversión y 150 personas trabajando de las 400 previstas.
El ruido de la política nacional: el contagio
Hasta ahora, Aragón había sido un oasis, una ‘rara avis’ de tranquilidad institucional y ausencia relativa de palabras gruesas en las tribunas. Pero la crispación y la polarización han asomado sus largas patas en la comunidad en esta legislatura.
La habitual ironía del presidente Lambán ha encontrado réplica en el candidato del PP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y las bancadas socialista y popular se han intercambiado gritos, insultos velados y amenazas de recurrir a los tribunales en más de una ocasión, sobre todo a cuenta de proyectos enquistados en la capital aragonesa, de los que ambos responsables se acusan mutuamente.
El pulso con Madrid
Lambán siempre ha hecho gala de que su principal prioridad son los aragoneses, que tiene voz propia y que no duda en alzarla cuando hay políticas que cree que no benefician a la comunidad.
Junto con su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no ha dudado en mostrar su rechazo frontal a determinadas iniciativas del gobierno central, como la modificación de los delitos de sedición y malversación o la ley del solo si es si, sin olvidar sus críticas a Unidas Podemos, que gobiernan en coalición con Pedro Sánchez en Madrid.
También fue especialmente duro con las condiciones establecidas por el Consejo de Ministros que dejaron a Teruel fuera de la carrera por acoger la futura Agencia Espacial y con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de quien llegó a pedir la dimisión por unas declaraciones contra la macrogranjas.
En diciembre de 2022 llegó a decir que mejor le hubiera ido al país si el expresidente asturiano Javier Fernández hubiera sido secretario general del PSOE en lugar de Sánchez. Luego matizó sus palabras, que pronunció guiado “por la pasión”, y mostró su lealtad a Sánchez pero precisando: a él no “le marca el paso” ni le dan instrucciones en Moncloa ni en Ferraz. Toda una declaración de intenciones.
La crisis del centroderecha
En la segunda parte de esta legislatura, el centroderecha aragonés se ha desmoronado. Frente a las expectativas de crecimiento del PP, ha habido una desbandada en las filas de Ciudadanos, especialmente de los seis concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza (que han gobernado el coalición con el PP y el apoyo externo de Vox) y el PAR se ha partido en tres después de que un juez anulara los resultados del Congreso en el que Arturo Aliaga fue reelegido presidente del partido.
Los movimientos posteriores de los desencantados de la formación naranja (disconformes con la dirección nacional, pero también con la autonómica) y la creación de un nuevo partido surgido de la escisión del PAR (que ya ha formalizado una coalición con el PP para concurrir a las elecciones), unido a la moción de censura que los díscolos del Partido Aragonés aprobaron contra Aliaga, han multiplicado las acusaciones del PSOE de transfuguismo. Acusan al PP de promover este cambio de filas en estos representantes públicos mientras Azcón se limita a decir que está “abierto al talento”.
Estas crisis y las inciertas consecuencias que tendrán en el electorado y, por tanto, en la posibilidad de que Ciudadanos y el PAR obtengan escaños, dejan a Azcón pocas posibilidades de pactar un gobierno más allá de Vox.
Una sanidad con las vergüenzas al aire
La pandemia puso patas arriba al sistema sanitario en España, el que hasta entonces se tenía como uno de los mejores del mundo. Aragón ocupaba un buen lugar en la lista de las autonomías.
Pero los profesionales, en esta última recta de la legislatura, se han puesto en pie de guerra, no solo en Aragón, sino en toda España. A la falta de médicos que aducen todos los ejecutivos autonómicos, en la comunidad se une la especial dificultad para cubrir las plazas en los hospitales periféricos y en los consultorios del medio rural. Pero también las listas de espera quirúrgica (para lo que se firmó un plan de choque que ya está dando algunos frutos), la saturación de las urgencias, la precariedad de la Atención Primaria, las demoras en las citas de Atención Especializada, el nuevo pliego del transporte sanitario o las reclamaciones laborales de un colectivo que, aseguran, no levanta cabeza.
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha ido sorteando todas las amenazas de huelga, primero la que anunciaron los sindicatos de profesionales, con los que llegó a un acuerdo, y segundo la de los sindicatos generalistas, que pedían medidas para todos los trabajadores sanitarios y con los que también han sido capaces de cerrar su propio acuerdo.
