La Fiscalía pide a la juez que llame a declarar a los técnicos de la DGA denunciados por prevaricación
La Fundación Adislaf presentó una querella contra el secretario general técnico y un arquitecto de Ciudadanía.
La Fiscalía ha pedido a la juez que instruye la querella interpuesta por la Fundación Adislaf de personas con discapacidad intelectual contra dos técnicos del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés por presunta prevaricación que llame a declarar a ambos. Además, el Ministerio Público solicita que también se tome declaración sobre los hechos, pero como testigo, a otra profesional del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), la jefa de inspección.
La Asociación de Disminuidos Psíquicos del barrio de Las Fuentes (Adislaf) presentó una querella contra el secretario técnico del Departamento de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, y un arquitecto del área que el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza admitió a trámite a finales de septiembre del año pasado.
La fundación entiende que estas dos personas habían mantenido contra ellos una "actitud hostil" al demorar "sin causa justificada" durante 20 meses la autorización provisional de apertura de su residencia en la calle Comuneros de Castilla en la capital aragonesa, recordó el abogado de la entidad, Luis Nivela Santonja.
En marzo de 2020, según Adislaf, se recibió la renovación de la licencia del Ayuntamiento de Zaragoza y a partir de ese momento se solicitó al IASS que girara la pertinente inspección, lo que no se produjo hasta finales de 2021. Esta demora, alega Adislaf, le causó unos perjuicios económicos valorados en más de 900.000 euros al no pagarle los conciertos de las plazas del centro.
El conflicto de Adislaf cumple 200 días y no termina de desatascarse. La fundación ha presentado por registro en el Ejecutivo autonómico 1.187 firmas dirigidas al presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, solicitándole una entrevista urgente. Critica que desde hace más de seis meses las consejeras de Ciudadanía y de Economía, María Victoria Broto y Marta Gastón, respectivamente, no quieren recibirles.
Se paga "en tiempo y forma"
Por su parte, desde el Departamento de Ciudadanía recalcaron este viernes que su principal preocupación son los usuarios, su bienestar y la tranquilidad de las familias, y que se está pagando a Adislaf "en tiempo y forma".
El germen de este enfrentamiento que se mantiene desde hace seis meses, señalaron desde la DGA, son las obras que la inspección de centros del IASS pidió a Adislaf que llevara a cabo en su residencia del barrio Las Fuentes. Al haberse incumplido los plazos para ejecutarlas (las actuaciones deberían haber empezado el 4 de septiembre de 2022 y estar ya terminadas), el Departamento de Ciudadanía no podía autorizar su funcionamiento, si bien -y por el beneficio de los usuarios- expidió una licencia provisional de seis meses que permitiera abonar los pagos y amplió el plazo de ejecución de las obras, en aras a allanar el camino hacia una solución.
Desde la DGA precisaron que a estas alturas Adislaf "sigue sin aportar la documentación requerida" sobre las adaptaciones que tenían que llevar a cabo en las instalaciones. El pasado febrero venció el último plazo para cumplir con las mejoras que se les pedían. El IASS entendió que, aunque no los trabajos no se habían culminado, estaban en proceso, pero el asunto todavía no se ha cerrado.
Desde el Gobierno de Aragón aseguraron que en 2022 llevaron a cabo los pagos con la entidad y recibió casi 2,4 millones de euros (si bien parte de esta cuantía es relativa a 2021). Por parte del Inaem se ha agilizado el pago de las ayudas pendientes a los centros especiales de empleo.
Asimismo cuantificaron que desde 2015 y hasta la actualidad la fundación ha recibido un soporte económico de más de 16 millones de euros, dinero procedente de la concertación de plazas, las subvenciones del IASS, las del IRPF y el reparto de Herencias, a lo que hay que sumar 800.000 euros de los fondos europeos.
