La nueva ley aragonesa de apoyo a las víctimas del terrorismo se llevará a Consejo de Gobierno el 25 de enero
La normativa incorpora que este colectivo tenga prioridad para participar en los programas de FP para el empleo. Mayte Pérez espera que se apruebe en esta legislatura.
La nueva ley aragonesa de apoyo a las víctimas del terrorismo, actualmente en fase de anteproyecto , se presentará como proyecto en el Consejo de Gobierno del próximo 25 de enero con la idea que que pueda ponerse en marcha durante esta legislatura. Esta normativa, entre otras novedades, regula que estas personas tendrán prioridad también para participar en los programas de Formación Profesional (FP) para el empleo y equipara las indemnizaciones correspondientes a los daños físicos y psíquicos, conforme a la normativa estatal. Así lo ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, tras presidir una reunión del Consejo Local de Aragón en la que se ha dado a conocer los cambios que impulsa el Ejecutivo autonómico sobre esta normativa que data de 2008.
La titular de Presidencia ha explicado que el “espíritu del cambio legislativo es el reconocimiento y la memoria de las víctimas, el mejor legado que podemos hacer las administraciones y la sociedad civil, para que no caiga en el olvido la lacra del terrorismo”. Los cambios se han impulsado tras las conversaciones mantenidas con las asociaciones de víctimas y con las aportaciones que han planteado.
En el contexto de las entidades locales, se les ha invitado “a que promuevan por todo el territorio acciones de reconocimiento a las víctimas y a poner en valor a las entidades que trabajan en favor de la paz y la libertad”, algo que también plantea la reforma normativa.
Mayte Pérez ha señalado que el cambio legislativo incide también en la “concienciación y en la educación, para que nuestros niños y nuestras niñas sepan que el terrorismo forma parte de un capítulo negro de nuestra historia y tomen conciencia de ese gravísimo problema”.
En la reunión han estado presentes también los secretarios generales técnicos del Departamento de Presidencia, José Luis Pinedo, y de Hacienda, Sergio Pérez; los directores generales de Administración Local, José Ramón Ibáñez, y de Relaciones Institucionales, Ricardo Almalé; el presidente de la Federación Aragonesa de Municipos, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, y su secretario general, Martín Nicolás.
El capítulo dedicado a las medidas para el reconocimiento y memoria de las víctimas y distinciones honorificas incluye actuaciones de protección a su intimidad e imagen en iniciativas y procedimientos relacionados con el terrorismo. Además, establece el ejercicio de la acción popular por parte de la Comunidad Autónoma en los procedimientos penales seguidos por enaltecimiento o justificación públicos de los delitos de terrorismo y actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas.
La futura ley incluye un nuevo apartado con medidas de sensibilización y prevención, dirigidas a la educación para la paz y la convivencia, destacándose entre estas las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la educación no universitaria y de difusión del conocimiento sobre el terrorismo y sus víctimas.
Protocolo de actuación en el plazo de un año
Por último, hay dos disposiciones adicionales relativas a la aprobación en el plazo de un año de un Protocolo de actuación que establezca los mecanismos de coordinación en las situaciones de riesgos asociados a atentados terroristas y al establecimiento en el plazo de tres meses de un apartado específico en la página web del Gobierno de Aragón en el que estará disponible la información administrativa que afecte a las víctimas del terrorismo.
En el proceso de consulta previa no ha habido aportaciones, según ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa. Después de la toma de conocimiento, se ha abierto el proceso de participación y se ha recogido alguna cuestión relacionada con las distinciones honoríficas contempladas. También se ha incorporado el concepto de radicalización que ha quedado recogido en la parte expositiva del proyecto.
Con la actual legislación, y dentro de las solicitudes de indemnización por daños personales a las víctimas y afectados por actos terroristas, el Departamento de Presidencia ha abierto en total 186 expedientes, de los que 123 fueron estimados. El importe resultante transferido por este concepto asciende a casi 2,3 millones de euros.
El Consejo Local de Aragón es el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas de las entidades locales aragonesas. Adscrito al Departamento de Presidencia, competente en materia de Régimen Local, tiene carácter deliberante y consultivo.
El Consejo Local de Aragón emite informe sobre las iniciativas legislativas y en la tramitación de planes y normas reglamentarias que afecten de forma específica a los gobiernos locales.
