Aragón encara el final de la décima legislatura con 21 normas aprobadas, 25 aún en tramitación y 25 decretos leyes, una inusual cifra que es récord histórico en casi 40 años transcurridos desde que se constituyó la Cámara. Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que "la eficacia de un Gobierno radica en la capacidad de dar respuesta inmediata y urgente a las situaciones extraordinarias". Y lamenta que "desgraciadamente", en esta legislatura hemos tenido muchas situaciones excepcionales. Tantas han sido que, a tres meses de que se disuelvan las Cortes, superarán a las normas los decretos leyes.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de las Cortes, enero y julio, aunque sin plenos, dejaron de ser meses inhábiles. Esta excepcionalidad va a permitir agilizar normas que están en tramitación, para impedir que con la disolución de la Cámara decaigan. Este mes habrá reuniones de las ponencias del proyecto de ley que busca la modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la de la ley Cloud, la de protección y modernización de la agricultura y la de la ley del juego.

Estas son, además, algunas de las normas que los grupos parlamentarios confían en que se sometan a votación antes de que finalice el periodo de sesiones. También insisten en la importancia de la ley de familias y la de dinamización del medio rural, aunque parece complicado que se puedan aprobar a tiempo.

Por mucho que se agilice la tramitación parlamentaria, lejos quedará la décima legislatura de otras como la quinta, en la que se alcanzaron casi 90.

La covid, los incendios, las inclemencias meteorológicas y la riadas de los últimos cuatro años sirven para acreditar la excepcionalidad del mandato. Y recuerdan desde la DGA que la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007 admitió que el Ejecutivo autonómico pudiera utilizar decretos leyes para afrontar ese tipo de situaciones.

"Se han vivido situaciones excepcionales que han requerido medidas excepcionales. La gravedad de la pandemia ha obligado a adoptar medidas legales urgentes constantes y cambiantes, de ahí la necesidad de articularlo a través de decretos leyes. La pandemia nos obligaba a tomar medidas urgentes que no se podían demorar, al igual que se hizo en todos los gobiernos", señalaron desde el Gobierno de Aragón. De los 25 decretos leyes, 16 se refieren a restricciones por alertas sanitarias y a medidas contempladas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica con la que se buscó mitigar el impacto de la pandemia.

Los decretos leyes también se votan en las Cortes; y desde el Ejecutivo destacaron que algunos se aprobaron por una "inmensa mayoría, con 6 grupos a favor, en ocasiones 7 e incluso 8".

En las 21 leyes aprobadas en la X legislatura figuran los cuatro presupuestos autonómicos, que salieron adelante en plazo, además de otra reforma, la cuarta, del Estatuto de Autonomía, para acabar con los aforamientos y garantizar un mínimo de 14 escaños por provincia en las elecciones a a las Cortes de Aragón. Destacan, también, la ley reguladora del fondo aragonés de financiación municipal, la de economía social y la que regula el Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales, el IMAR que sustituye al ICA.

La compleja tramitación de las leyes hace algunas de las más importantes estén en elaboración.

La oposición critica el presupuesto y el alivio fiscal. Para Mar Vaquero, del PP, la rebaja es "insuficiente" y pide una ley pensando en las familias, distinta a la que se remitió a las Cortes en la que "prima la ideología", y una ley para dinamizar el medio rural que garantice servicios y no "limosnas". En su opinión, con la actitud de un Gobierno con "nula capacidad y voluntad" de aceptar propuestas de la oposición, "mejor sería" esperar a junio para impulsar "leyes útiles para los aragoneses".

Daniel Pérez Calvo, de Cs, aboga por grandes pactos como el educativo y sanitario y el impulso de la banda ancha a todos los rincones de Aragón. En Vox estiman prioritarias las leyes de protección civil, apoyo a las familias y dinamización del medio rural.

Advirtió Álvaro Sanz, de IU, que "solo dará tiempo" a algunas de las que ya están en curso, y entre ellas estimó que la ley de agricultura y el juego "deberían ser una prioridad". En su caso apuestan por un "canon eólico" y una ley para "proteger los paisajes".

La ley de dinamización del medio rural, la de modernización de la agricultura familiar y la de medidas a favor de las víctimas del terrorismo son las que destaca el socialista Vicente Guillén, que considera que han llegado al final de la legislatura "con los deberes hechos". Reconoció, a pesar de ello, que aún hay "leyes pendientes, valientes y transformadoras, que van a ser muy importantes para Aragón".

Podemos apuesta por la ley Cloud, la de juego y la de las familias y CHA se refiere, también, a leyes de fiscalidad verde, con "impuestos especiales para las eléctricas", y por la Ley de vivienda, que se impulsó desde el departamento de Vertebración.

Para Jesús Guerrero, del PAR, el Parlamento ha hecho un "trabajo tenaz", con un ritmo legislativo adecuado para mejorar la vida de los aragoneses. Destacó las leyes de modernización de la agricultura familiar, la de juventud y la de apoyo a las familias.