violencia de género
Once policías de la UFAM tienen a su cargo la protección de 1.268 mujeres en Zaragoza
Mujeres supervivientes y agentes reclaman más medios y más plantilla para luchar contra la violencia de género.
La sucesión de asesinatos machistas cometidos en un mes de diciembre que hoy acaba –y pasará a la historia como uno de los más terribles desde que hay registros– pone en entredicho el sistema de protección a las víctimas de violencia de género. Mujeres supervivientes y policías encargados de su cuidado coinciden en que algo tiene que cambiar cuando después de 18 años de una ley que dispone instrumentos contra la violencia de género en 29 días ha habido once crímenes y cuatro están en investigación.
En Aragón hay en estos momentos 1.808 órdenes de protección activas: 1.268 en Zaragoza, 375 en Huesca y 165 en Teruel. Si se tiene en cuenta que en la capital aragonesa son 11 los policías nacionales encargados de atender a gran parte de las 1.268 mujeres (en los pueblos corresponde a la Guardia Civil), la cuenta está clara: cada uno sale a más de 100. En Teruel hay 3 funcionarios, mientras que Huesca, Jaca y Calatayud tienen cuatro cada una.
Los once agentes de Zaragoza son la mitad de los 22 que componen la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la capital aragonesa. Los otros once se encargan de la investigación de los casos. Y serían necesarios otros tantos que se ocuparan de recoger las denuncias, pues estas se siguen presentando en las comisarías, donde los agentes, aunque tengan formación como policías, no tienen la especialización ni experiencia de sus compañeros de la UFAM, que pueden obtener mayor y mejor información de las víctimas para abordar los casos.
Así lo mantienen la asociación de mujeres supervivientes de violencia Somos Más y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes llevan ya mucho tiempo reivindicando más plantilla policial, más medios materiales, más formación y una comisaría exclusiva para atender de manera integral a las maltratadas.
Ángel Mena, delegado del SUP en Aragón, resalta que las unidades se crearon con ese objetivo, pero se están quedando como una "marca corporativa" que se publicita y vende en los cursos de formación, pero que "nada tienen que ver con lo que se encuentran las víctimas cuando llegan a una comisaría". "Sobre todo –dice–, porque no reciben una atención integral, pilar básico de la creación de las UFAM".
El SUP entiende que las unidades están "mal dimensionadas y desbordadas" y que el Gobierno y las CC. AA. prefieren "invertir millonadas en campañas publicitarias en lugar de en plantillas policiales". "Los compañeros de protección no pueden tener asignadas tal cantidad de mujeres con órdenes de protección. En muchos casos cada policía lleva una media de 120 mujeres", incide.
María Teresa Ballester, de Somos Más, suscribe las afirmaciones de Mena y añade que "ya va siendo hora" de que se ponga el foco en el agresor y se deje de "responsabilizar a la víctima". "Quien se tiene que ir de casa es la mujer; a ellos no se les vigila y cuando incumplen las órdenes de alejamiento no ocurre nada hasta que no reinciden y, entonces, igual ya es tarde", afirma.
La asociación insiste en tener una única comisaría con todos los recursos (sociales, psicológicos además de policiales) para que la mujer que va a denunciar "salga de allí con todo", además de encontrar un espacio "seguro" para ella y sus hijos. Ballester pide que los criminales cumplan las penas íntegras y apuesta por pedir la "prisión permanente revisable" en todos los casos de asesinatos machistas. "Puede ser duro, pero más duro es no salir del cementerio", asevera.
María Goikoetxea, directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), entiende que hay que redoblar los esfuerzos respecto a los agresores. "Las campañas deben ir dirigidas a los hombres, para que se sientan partícipes e interpelados en la lucha contra las violencias machistas", señala. En su opinión, se han "naturalizado" muchos "comportamientos violentos contra mujeres".
"Hay que establecer cauces para lograr que sean conscientes de esas agresiones tal vez más sutiles y evitar que lleguen al extremo de matar". Cree que sería necesario "evaluar mejor" los momentos en los que se puede producir una agresión y modificar el riesgo, como una modificación de custodias.
La directora del IAM coincide en que hay que "agudizar" la vigilancia sobre los hombres. "Realmente una orden de protección es un documento, pero no es un escudo protector, como afirman las supervivientes. Si aumentamos la vigilancia en los agresores es más difícil que agredan", afirma.
Para María Goikoetxea es muy importante acudir a los servicios especializados. "Desde allí hacemos un seguimiento de los casos, llamamos a las mujeres, estamos pendientes... Si la mujer no se pone en contacto con nosotras puede tener una orden de protección pero no el apoyo de un servicio especializado". Y resalta que es "fundamental" que el entorno conozca los recursos. "No podemos poner todo el peso en la mujer".
